Cabe destacar que en julio pasado la Cámara de Diputados dio luz verde al aplazamiento de la puesta en marcha del nuevo SAE en la región Metropolitana. Eso tras la recomendación entregada por la Universidad de Chile. Para Giordi González, presidente regional de Anapaf, y presidente del Centro de Padres del Colegio Hispano Americano de Reñaca Alto, en Viña del Mar, la nueva ley de Inclusión resulta arbitraria. "En Santiago se aplazó un año. Pedimos que se nos trate igual como región. La implementación del SAE no distingue las prioridades que tiene cada apoderado, de inscribir a su hijo en el colegio que realmente quería". A juicio de González, la tómbola no ha dado 100% certeza "de que ese niño quede matriculado nuevamente como hermano del que ya está inscrito. Drama".

Guillermo Ávila N.

Dicen representar a 850 colegios particulares y particulares subvencionados de Chile. Es la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de Colegios (Fide). No salen solos del interior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso: los acompaña Camila Flores, la diputada RN. Se detienen en la Plaza de Justicia. Allí enarbolan pancartas, y un mensaje con pulgar abajo: "El SAE Discrima".

Vienen de presentar dos recursos de protección para un fin: paralizar la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) en la Región de Valparaíso, enmarcada dentro de la nueva Ley de Inclusión (impulsada en la administración Bachelet) y que busca que alumnos no rindan exámenes para ingresar a establecimientos con aportes del Estado.

A saber: una tómbola será la modalidad aplicada en la selección central y aleatoria cuyo software definirá en cuál de las preferencias seleccionadas por la familia quedará él o la estudiante.

María Jesús Abarcada es la abogada en la causa: presentó los dos recursos de protección. Uno por la Asociación de Padres y Apoderados de los colegios Fide, particulares y subvencionados de la región. Y el otro recurso del colegio español María Reina. "Por arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Inclusión. Y todos los daños a las garantías constitucionales, colaterales que conlleva su implementación este 6 de septiembre", dijo.

Para la diputada Camila Flores, "hacemos ver la grave vulneración de los derechos constitucionales". Eso alusivo a las, según la parlamentaria, discriminaciones arbitrarias que van a vivir "a contar del 6 de septiembre los niños de nuestra región con la entrada de la nueva ley de Educación".

Flores alega que la ley en sí misma trae una serie de deficiencias. Apunta a la plataforma electrónica, la tómbola. "Tiene serias deficiencias. La maneja la Universidad de Chile, pero no está exenta de errores. Contempla discriminaciones gravísimas". Su ejemplo: "Cuando hermanos tienen distinto apellido, tienen distinto padre o distinta madre, a ellos no los protege la ley. No les garantiza que puedan quedar en el mismo colegio".

Jacqueline Aguayo, como presidente del centro de padres del colegio español María Reina, deja en claro que son el único colegio en Chile que tiene estudios internacionales. "Si esta tómbola no me permite sacar a los niños de octavo básico y seguir su enseñanza en el mismo colegio, yo pierdo los estudios. Coarta la idea de que los niños puedan salir al extranjero a estudiar".