Matias Valenzuela y Priscilla Barrera
Por más de 11 horas se extendían anoche las negociaciones entre los trabajadores eventuales del puerto, EPV y el Gobierno, en un dilatado esfuerzo por destrabar un conflicto que hasta ayer enteraba ya 35 días, amenazando incluso con dejar sin la tradicional fiesta de Año Nuevo a Valparaíso.
Las primeras conversaciones de la jornada comenzaron ayer cerca del mediodía, con una pausa para retomar pasadas las 15.30 horas.
En la mesa de conversaciones no estuvo la concesionaria del Terminal 1, TPS, sin embargo, la presencia del asesor y encargado del sector portuario del Ministerio del Trabajo, Mario Livingstone, sería la garantía del cumplimiento de la propuesta.
Los puntos centrales para los portuarios se enfocaban hasta ayer en la entrega de 2 millones para cada trabajador por concepto de indemnización ante la baja progresiva de turnos, eliminación de listas negras y sentar una mesa de negociación en torno a la precariedad de los eventuales.
Las expectativas se mantenían anoche en torno al edificio de EPV en el puerto, a la espera de "humo blanco".
Los dirigentes han sido cautos de no referirse en detalle a los términos de las conversaciones con las autoridades hasta no poner en conocimiento a las bases de las propuestas.
Se espera que en el transcurso de esta mañana los dirigentes sometan a votación de la asamblea si se acepta o rechaza esta última propuesta.
Comercio a favor
Ayer, el comercio del Barrio Puerto se plegó en favor de los portuarios, dejando atrás la división que alguna vez hubo. Ocho asociaciones gremiales se manifestaron en favor de los eventuales, y por ende, en contra de TPS.
En el municipio, los representantes de diversos sectores del comercio sostuvieron una reunión con el alcalde Jorge Sharp, y trataron posibles soluciones para compensar las pérdidas que han sufrido durante los últimos días. Algunas de las alternativas que se conversaron consisten en ayudas económicas y prórrogas de las patentes municipales.
Danixa Becerra, presidenta de la Asociación Gremial de Locatarios de Barrio Puerto hizo un llamado a la empresa a que dialogue con los trabajadores: "Esto ha sido un encuentro inédito, hoy nos hemos juntado alrededor de ocho asociaciones gremiales, estamos solidarizando el comercio local para apoyar al Barrio Puerto, tenemos que levantar un sector patrimonial. Nosotros entendemos la disputa, hemos apoyado a los portuarios marchando con ellos, poniendo globos negros, pero esto no da para más".
La presidenta de la Asociación de Hoteles Boutique de Valparaíso, Verónica Castillo, reconoció que ha habido una baja en las reservas, pero afirmó que tiene confianza en que la situación mejore.
"Si esto se resuelve esta semana, vamos a tener muy buena ocupación. Tenemos muchas reservas de extranjeros", señaló.
Por su parte, Vladimir Balladares, de la Asociación de Locatarios Nocturno, manifestó que se están poniendo todos los esfuerzos para que el conflicto termine lo antes posible.
"Ya venimos trabajando hace dos semanas con estos gremios, partimos desde la Cámara de Comercio y ahora cerramos con esta mesa que estamos apoyando con el alcalde, quien también toma participación, y creo que con eso podemos lograr apoyar a que termine de alguna manera el conflicto, pero lo más importante para nosotros es recuperar después de eso el Barrio Puerto, porque los afectados son muchos", precisó.
Lo mandó a callar
La jornada de ayer estuvo marcada por la sentencia del alcalde Sharp al presidente de Ultramar, Richard von Appen.
"Sus declaraciones por la prensa en los últimos días no han contribuido absolutamente nada en apaciguar o tratar de acercar la posición de las partes. Así que señor Von Appen, si no quiere ayudar a la solución del conflicto, mejor guarde silencio, hágalo por Valparaíso", declaró Sharp con la mirada fija en las cámaras.
Sobre la resolución del conflicto, Sharp extendió nuevamente un llamado al Gobierno para que intervenga "ante la intransigencia del concesionario".
Desde TPS desconocieron que siquiera exista un "paro portuario". Al menos así lo expresó su gerente general, Oliver Weinreich, afirmando que se ha atendido a todas las naves que han llegado al puerto.
" Nuestro terminal está operando desde el 28 de noviembre en forma continua, y hemos atendido a todos los clientes que nos han solicitado servicios. Para ello, hoy tenemos más de 350 trabajadores portuarios realizando sus labores con normalidad", manifestó.
El sector que se ha manifestado muy afectado por toda la situación vivida esta semana es el de los lancheros del muelle Prat. Su representante, Norberto Donoso, estimó que hay una baja de un 60% de clientes, y se mostró muy preocupado con la posibilidad de que no haya celebración del Año Nuevo.
"Con su última amenaza del Año Nuevo, que es un fuerte de la asociación, ya habíamos muchas lanchas que estábamos arrendadas, y la gente ha desistido, ahora hay que ver todo un tema con la devolución de dinero", dijo el lanchero, añadiendo que "ellos nos están afectando seriamente nuestro trabajo, y si ellos llegan a un acuerdo, se van para su casa y las pérdidas las asumimos nosotros".
El dron de la discordia
Ayer se vivió una situación bastante particular en la terraza del edificio del Ministerio de Cultura en plaza Sotomayor. Los trabajadores desalojaron a un grupo de personas que manejaban un dron con cámara.
Marianela Riquelme, presidenta de Afucap, contó a La Estrella que los sujetos bajaron de un vehículo de Carabineros y subieron al techo para grabar a los portuarios.
"Nos dijeron que eran de prensa, les preguntamos que de qué medio, pero siempre se fueron con evasivas, uno dijo que se llamaba Carlos. Nos decían que quién éramos nosotros y porqué les estábamos exigiendo que se identificaran", relata. Luego de algunos minutos, los sujetos fueron escoltados hacia la salida por los propios trabajadores.
"Rechazamos absolutamente que utilicen el edificio que es para el desarrollo de las artes, la cultura y el patrimonio, para acciones que no tienen nada que ver con esos temas, y más encima, que tengan que ver con la represión a los trabajadores portuarios, a quien nosotros públicamente hemos manifestado nuestro apoyo", expresó.
Sobre esto, el presidente de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Marcelo Díaz, catalogó de "incorrecto" que carabineros de civil ingresaran al edificio.
"En mi opinión, se debe salvaguardar, como corresponde, el normal funcionamiento de instituciones que no tienen nada que ver con el trabajo policial", declaró.