Lucas Suárez Torres - La Estrella de Valparaíso

La polémica iniciativa de la instauración de un "toque de queda" nocturno para menores de 14 años en Quilpué sufrió un nuevo revés. Ayer por la mañana, la Contraloría General de la República calificó como ilegal la ordenanza presentada por el alcalde Mauricio Viñambres. Esto, dado el recurso puesto por el abogado Luis Cuello y la Federación de Estudiantes secundarios de Marga Marga en enero.

Este proyecto, que ha causado bastante revuelo entre los habitantes de "la ciudad del sol", según el informe de la Contraloría no respetaría la libertad personal, según indica el documento de dos planas hecho público ayer.

El abogado Luis Cuello expresa que "la resolución establece con claridad que las ordenanzas no pueden exceder la ley. Por lo tanto, no pueden reconocer facultades que la constitución no le ha reconocido".

De la mano con lo anterior, Cuello añade que desde la Municipalidad de Quilpué no pueden dictar algo que sobrepase sus facultades y que no respeten la Constitución. "La libertad personal sólo puede ser restringida en los casos y formas que la Constitución y la ley lo permite", dice.

Viñambres responde

El aludido alcalde no se quedó al margen de la respuesta de Contraloría. Ante todo, el edil mantiene su postura y quiere seguir adelante con la propuesta.

"El informe de la Contraloría lo vemos como favorable. Jamás hemos querido generar una medida inconstitucional y ratifica como creemos que debe trabajarse y la ordenanza sí va a existir en busca de que los menores tengan un comportamiento distinto en nuestra ciudad. Debemos insistir en la protección de los menores", explica el mandamás de Quilpué.

Al mismo tiempo, señala que su intención es seguir con el proyecto. "En primera instancia haremos una consulta ciudadana y luego lo presentaremos al Consejo", sentencia el alcalde quilpueíno.

Pero como aún es solo un anuncio, Contraloría solo cumple con informar al municipio su decisión en torno al tema. "El alcalde debería desistir de esta ordenanza que es discriminatoria, abiertamente ilegal e inconstitucional", finaliza Cuello.