Redacción - La Estrella de Valparaíso.

Algo de luz se divisa al final del túnel respecto a qué va a suceder con el polémico cambio de medidores eléctricos. Ayer el Gobierno anunció que se llegó a un acuerdo con tres empresas de distribución eléctrica, para que estas compren los antiguos medidores a los usuarios, una vez que efectúen el cambio por los nuevos artefactos.

Enel, Grupo Saesa y Chilquinta, tras acordar de forma voluntaria, decidieron pagar 10 mil pesos a cada usuario por los antiguos aparatos. Sobre aquello, la ministra de energía, Susana Jiménez, señaló que "estamos muy satisfechos por la rápida respuesta de la compañías, quienes aceptaron el llamado de generar incentivos para que la modernización energética llegue cuanto antes a los hogares". La jefa de la cartera, además añadió que esta medida "se traducirá en el pago a cada propietario de los medidores antiguos que están dispuestos a cambiarlos por los medidores inteligentes. Beneficiando a más de 2,4 millones de hogares".

Empresas

Rodrigo Castillo, director de la Asociación de Empresas Eléctricas - gremio al cual adhiere Chilquinta, encargada del suministro de gran parte de la región - explicó que "queremos generar sistemas de redes que le permitan a los clientes mayor eficiencia energética y mejor cobertura".

Al ser consultado sobre las dudas en la forma de pago, el ejecutivo indicó que "como industria, estamos realizando mesas con las empresas involucradas. Son ocho semanas de reuniones y vamos en la primera. Aún hay cosas por afinar".

Autoridades regionales se reunieron con comerciantes del Barrio Puerto para explicar las ventajas de la Reforma Tributaria que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados.

En la oportunidad también instaron a los parlamentarios a aprobar el proyecto, ya que muchos pequeños comerciantes se han visto afectados con la actual legislación y incluso muchos han tenido que contratar a contadores para poder hacer sus declaraciones de renta debido a la complejidad de los formularios y las complicaciones de la página web.

"Esta reforma está pensada para crear nuevas Pymes y mejorar la calidad de vida de las personas", aseguró Javier Puigross, seremi de Economía.

Entre las modificaciones de esta reforma está la reducción del impuesto de un 27 a un 25%, que las Pymes puedan reinvertir las utilidades de sus empresas, la emisión de boletas electrónicas para agilizar la declaración de impuestos y un sistema online más amigable y simple que permita a las empresas más pequeñas declarar sin tener que recurrir a un contador.

El pasado 21 de marzo, unas funcionarias del departamento de Salud municipal de Quillota, se acercaron a sus superiores, para denunciar que habían sido filmadas con unas cámaras al interior de los baños del recinto. Como evidencia, tenían las imágenes que demostraban cómo su intimidad había sido transgredida.

La municipalidad tomó conocimiento del hecho y aseguró que de inmediato le entregó los antecedentes a su departamento jurídico. "En un rápido accionar, alrededor de una hora, corroboró la denuncia y puso en marcha un sumario administrativo", informaron.

Dicho sumario sería específicamente para determinar las sanciones en contra de un ingeniero en Informática, quien "no cumplió con las normas laborales infringiendo la privacidad e integridad de sus colegas".

A la par, se le notificó sobre el caso al director de Salud Quillota, Víctor Alvarado Miric, quien conversó con todas las funcionarios afectadas para aclarar lo sucedido.

"Declaramos como municipalidad que rechazamos todo tipo de acto o conducta que vaya en contra de la integridad física o sicológica de los funcionarios y la comunidad. Por esta razón, además del curso del sumario, el alcalde Luis Mella encargó a la Unidad de Asesoría Jurídica que trabajara en una denuncia para interponer en la Fiscalía Local de Quillota, la cual fue recepcionada el miércoles 27 de marzo por la institución judicial", dijeron desde el municipio quillotano.

Respecto del informático que estaría detrás de todas estas filmaciones, la municipalidad enfatizó que la persona acusada -quien no negó su conducta- no se encuentra trabajando ni ha mantenido contacto con las personas afectadas.

El alcalde, Luis Mella, manifestó su repudio por el hecho y también solidaridad hacia los funcionarios del departamento de Salud municipal. "Vamos a usar todos los instrumentos que la ley nos permita (...) En esto no hay dudas, no hay atenuantes, no hay dobles miradas (...) ser categórico en repudiar, rechazar y pedir el máximo rigor de la ley", afirmó.