Matías Valenzuela
Ayer estaba programada la audiencia por la denuncia contra la administradora del canil de Laguna Verde, pero el juicio tuvo que ser suspendido y reagendado para dos meses después.
M.D.G.B. es la administradora de la Sociedad Protectora de Animales "Carlos Puelma Besa", cuyo refugio animal ha sido denunciado en varias oportunidades por organizaciones animalistas, e incluso por exvoluntarios del lugar.
Durante el año pasado hubo varias funas en internet que dieron a conocer las malas condiciones en que estaban los cerca de 400 animales del lugar, y la presunta negligencia de su administradora.
En febrero de 2018 ingresó una denuncia formal por maltrato y abandono de animales, amparada en la "Ley Cholito", que dio pie a una investigación de la PDI, a través de la Bidema, encontrando pruebas que acreditaban el mal estado de los animales. En razón de eso, se programó para ayer, una audiencia en el Juzgado de Garantía.
Suspensión
A la sala 9 del tribunal llegó la imputada y los denunciantes, pero la audiencia no se pudo realizar. El juez se inhabilitó para fallar en el caso, porque anteriormente había estado a cargo en otra causa relacionada.
"Lo que pasó acá fue que el juez estaba conociendo la causa que precedía la audiencia fue el mismo juez que conoció el recurso de protección que ya se rechazó en la Corte de Apelaciones, por tanto él está en su derecho, de acuerdo a la ley, para poder inhabilitarse y declararse en este caso implicado para poder conocer, puesto que él estima que pierde la imparcialidad", explicó la abogada querellante, Karen Neira.
Ese recurso de protección, ingresado este año, buscaba restituir el ingreso de algunos socios del refugio animal que no podrían acceder al lugar, por unos conflictos que tuvieron con la administración producto de los mismos reclamos de maltrato.
Sobre lo que pide la parte querellante, la abogada explicó que se busca que la denunciada quede inhabilitada para poder tener animales a su cargo.
No quiso hablar
A l salir de la sala, la imputada no quiso referirse al tema, ni tampoco su abogada. Mientras salían del tribunal, fueron encaradas por manifestantes animalistas que le enrrostraron con pancartas el estado de los perros y gatos.
Quienes sí se expresaron fueron las denunciantes y manifestantes.
Roxana Naranjo, socia del canil desde hace dos años, es una de las voluntarias que ya no puede entrar al refugio.
"Nosotras tenemos registros amplios de maltratos, cachorros agonizando, problemas médicos en las caniles, problemas de infraestructura, y la falta de un veterinario fijo. ¿Cómo puede ser que tengas 500 animales y no tienes un veterinario presente?, se nos negó, y en reiteradas oportunidades nosotros solicitamos mejoras que nunca llegaron", cuenta.
Del mismo modo, la animalista cuenta que "cada día que pasa, es peor", ya que no se está trabajando para gestionar adopciones. Ese era el trabajo al que ella se dedicaba.
"Antes habían dos o tres personas destinadas a eso, por lo tanto no hay un recambio. Las últimas informaciones que hemos tenido desde gente que está adentro es que los mismos perros se peleaban y mataban entre ellos", cuenta.
