Carabineros, junto al Ministerio de Obras Publicas, realizaron un balance de lo que va del fin de semana respecto al tránsito y flujo vehicular en autopistas. Las autoridades confirmaron que ayer al mediodía ya habían salido de la capital más de 200 mil vehículos y se habían registrado 8 víctimas fatales.

El comandante Claudio Pizarro indicó que, pese a que aún se encuentran validando la cifra, "van ocho personas fallecidas, sumando los accidentes que han ocurrido en el transcurso de la madrugada". En relación al año pasado, el comandante de la zona tránsito y seguridad vial, sostuvo que para la misma fecha y horario también se habían registrado ocho personas fallecidas. Sobre las fiscalizaciones realizadas, Pizarro detalló que "se han registrado más de 27 mil controles vehiculares. Se han sorprendido 53 personas conduciendo en estado de ebriedad y 20 personas conduciendo bajo la influencia del alcohol". "Seis personas arrojaron positivo el examen de narcotest. Es decir, se detectó la presencia de alguna droga en su organismo", agregó el comandante, quien especificó que se trataba de marihuana. Esta fiscalización comenzó el pasado jueves y las multas llegan hasta 20 UTM y los infractores arriesgan hasta 10 años de carcel. Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas comentaron que están enfocados en las medidas de contingencia para el retorno a la capital. Se espera que 395 mil vehículos abandonen Santiago durante el fin de semana.

La Fiscalía Nacional informó este viernes que Jorge Abbott citó a un Consejo Extraordinario de fiscales para el próximo martes 23 de abril. Esto, tras las graves denunciadas realizadas ayer por el fiscal adjunto de la región de O'Higgins, Sergio Moya, en contra del fiscal regional, Emiliano Arias.

A través de un breve comunicado, la Fiscalía aclara que esta reunión tiene "el propósito de designar a un Fiscal Regional que investigue las denuncia presentada contra el Fiscal Regional de O'Higgins".

Detallan que "de acuerdo al artículo 46, letra b de la Ley Orgánica Constitucional que rige al Ministerio Público, cuando se presenta una denuncia contra un Fiscal Regional por su presunta responsabilidad en un hecho punible, corresponderá dirigir las actuaciones del procedimiento destinado a perseguir la responsabilidad penal a otro Fiscal Regional "que designe el Fiscal Nacional, oyendo previamente al Consejo General de Fiscales".

Todo esto, luego que Moya denunciara a su superior Arias, acusándolo de cuatro delitos.

De acuerdo a lo que informó a Radio Bío Bio, la primera causa es obstrucción en el caso de los jueces de Rancagua. Moya se refiere a la demora -por parte de Arias- en pedir la formalización del ministro del tribunal de alzada de la Sexta Región, Emilio Elgueta.

También hay una denuncia por tráfico de influencias en el Caso Caval. Moya explica que su tramitación "fue sumamente compleja... Hay un evento que es público y que también debe ser analizado a la luz del tiempo que ha pasado, y que dice relación con la única intervención que ha hecho el Fiscal Arias en la causa Caval, que fue el intento de realizarle un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín".

También está la denuncia por ocultamiento de información en la investigación contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos por cerca de 3.500 millones en el Teatro Regional de Rancagua.

Y finalmente, violación de secreto por sustracción de información desde la Fiscalía.

En libertad quedaron los seis jóvenes que fueron detenidos y acusados de haber agredido y rociado con combustible a una profesora en el liceo Darío Salas.

La fiscalía les imputó delitos de ley de control de armas y de amenaza. "Se descartó lo que originalmente se había informado de homicidio frustrado, se descartó esa imputación y quedó sólo en ley de control de armas, vinculadas a bombas molotov, lanzamiento de bombas incendiarias, y amenaza a funcionarios del liceo", explicó el defensor público Washington Lizana.

Los involucrados quedaron con "medidas cautelares menores". Dos adultos y dos jóvenes con firma mensual en el tribunal y otro sin ninguna cautelar.

Se ordenó iniciar la investigación y se fijó un plazo de 60 días.

Fue este jueves cuando Carabineros detuvo a seis jóvenes acusándolos de agredir y rociar combustible a una docente del Darío Salas.