Belén Velásquez Neracher - La Estrella de Valparaíso

Agobiados y desesperados. Así se encuentran los locatarios del Mercado Cardonal de Valparaíso, quienes ya no dan más con el comercio ilegal que se instala en los alrededores del emblemático recinto porteño, lo que los llevó a interponer un recurso de protección para que la Gobernación Provincial, el Municipio y la Seremi de Salud "cumplan con su función", dijo el abogado Rodrigo Díaz.

Juan Gaete, presidente de la Asociación de la Comunidad Mercado Cardonal acusa "una competencia desleal, nosotros pagamos un impuesto de un 19%, ellos ya llevan esa ganancia y no podemos competir porque llegan, venden y se van, nosotros estamos establecidos, tenemos aseo, guardias, pero por fuera ya no somos capaces", asegura.

Es pura política

El dirigente afirma que "fuimos a dos reuniones con la gobernadora, estuvimos en una mesa de trabajo, quedaron en hacer reuniones, pero han pasado como cuatro meses y no hacen nada. Es pura política porque en lo sustancial no queda nada".

Por su parte, Alberto Montenegro, presidente de la Asociación Gremial del mercado, agregó que "la situación nos está sobrepasando y no queremos que nos pase lo del mercado Bellavista, que está cerrado y a su alrededor llenos de ambulantes vendiendo los mismos productos".

En ese sentido, la acción judicial interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, explica Díaz, busca proteger derechos constitucionales como el derecho a la propiedad o vivir en un ambiente libre de contaminación.

"La autoridad permite todo esto con sus omisiones. Se pide que el municipio cumpla con su labor de fiscalización y control de la ley de rentas municipales. La autoridad sanitaria tiene que adoptar medidas conducentes a recuperar el sector porque hay malos olores, se vierten líquidos en las aceras y todo es una asquerosidad. La Gobernación tiene que velar por la seguridad interior y este sector está siendo sometido a una toma de terrenos pero en el plan", sentenció el abogado.

Ante esto, la gobernadora María de los Ángeles de la Paz, sostuvo que la acción judicial se enmarca en "el uso legítmo del derecho", mientras que desde el municipio indicaron que "cada uno tiene la libertad de elegir los caminos a seguir. Nosotros hemos dado muestra del trabajo de fiscalización desarrollado con Carabineros y la Gobernación en sectores como Uruguay y Pedro Montt, lo que manifiesta nuestra intención de ordenar los espacios públicos".