Contraloría sanciona a 37 funcionarios de Viña por horas extras "imposibles"
El órgano le propuso al municipio aplicar las medidas de "censura" y "suspensión del empleo de 30 días".
Fue en 2015 cuando la Contraloría Regional de Valparaíso detectó una serie de irregularidades en el cumplimiento y pago de horas extras a 443 funcionarios de planta y contrata de la municipalidad de Viña del Mar. Según la auditoría, el municipio pagó horas extraordinarias "imposibles de haber sido ejecutadas", como lo hizo con los 44 funcionarios que cobraron más de $9 millones por 98, 108 ó 169 horas extras.
Con el fin de evitar que estas irregularidades se repitan, el órgano contralor le entregó varias recomendaciones al municipio, pero en 2016, en un nuevo informe, trascendió que ninguna de estas fueron acogidas. Por lo cual, mediante una resolución exenta del 2017, la Contraloría aprobó un sumario administrativo que sancionó a 37 funcionarios municipales, de los cuales, 10 presentaron un recurso jerárquico. Sin embargo, los recursos de apelación fueron desestimados.
Censura y sueldos
Entre los trabajadores sancionados figuran Pablo Staig, exdirector (s) de Administración y finanzas (hoy director de Asesoría Jurídica), "por no haber ejercido las adecuadas medidas de control jerárquico"; Mario Araya, exdirector de concesiones por "asignar horas extras por cantidades de tiempo que resulten físicamente de realizar" y Paulina Vidal, jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Los tres, junto a otros 23 funcionarios, fueron sancionados con la medida disciplinaria de "censura", lo que quiere decir que deberán dejar constancia del incumplimiento en la hoja de vida del funcionario. Para el resto, se determinó la "suspensión del empleo de treinta días", con goce de 50%, 60% o 70% de las remuneraciones mensuales, según cada caso. Al respecto, el director de Comunicaciones de la municipalidad de Viña del Mar, Wladimir Espinoza, afirmó: "En relación a la materia, corresponde a un sumario que la Contraloría General de la República inició el año 2015 y que la semana pasada concluyó enviando los antecedentes a la municipalidad para dictar los decretos que apliquen las medidas disciplinarias dispuestas. La alcaldesa, como siempre, cumplirá cabalmente lo determinado por la Contraloría, aplicando las medidas disciplinarias correspondientes a aquellos funcionarios que de acuerdo a la Contraloría incurrieron en faltas administrativas".
La Contraloría, por su parte, le entregó un plazo de 10 días hábiles al municipio para que informe lo que va a resolver.