17 derechos de la infancia son vulnerados en la "Zona de Sacrificio"
Dramáticos testimonios fueron publicados en estudio encargado por al Defensoría de la Niñez y publicado por la PUCV.
Reveladoras y contundentes fueron las conclusiones del estudio "Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví 2018", encargado por la Defensoría de la Niñez a la carrera de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que otorgó recomendaciones al Estado de Chile y organismos pertinentes para subsanar los 17 Derechos del Niño vulnerados por la contaminación ambiental presente en Quintero y Puchuncaví.
El estudio, realizado entre agosto y diciembre del año pasado, con un universo aproximado de 60 menores pertenecientes a establecimientos educacionales de la denominada "Zona de Sacrificio" y que mostraron síntomas de intoxicación en los últimos episodios de crisis ambientales; se dividió en módulos de caracterización del evento de contaminación, normativo y cualitivo. En este último módulo se trabajó con herramientas de focus group y entrevistas fotográficas, entre otras, para así captar la percepción de los niños ante el problema.
Vulnerabilidad
Las conclusiones y recomendaciones del estudio se presentaron públicamente en el Salón de Honor de la PUCV, por intermedio de los investigadores Edgardo Toro y Claudia Espinoza, además de la directora de la Defensoría de la Niñez Patricia Muñoz. A la presentación asistieron algunos parlamentarios de la zona, quienes asumieron la responsabilidad por legislar y tomar la "posta" sobre las recomendaciones que apuntan a dar cumplimiento a las 14 medidas ordenadas por la Corte Suprema en el fallo de 28 de mayo pasado, además de otorgar garantía constitucional de protección ambiental para los niños y adolescentes de Quintero y Puchuncaví.
"Como equipo investigador recomendamos que se lleven a cabo procesos de información y elaboración de la experiencia vivida, devolviendo la credibilidad de la experiencia a menores afectados. Hasta el día de hoy, la población se encuentra fragmentada y tensionada, por la transferencia a responsabilidades individuales de problemas que son colectivos. Los eventos de contaminación ocurridos en agosto y octubre 2018 y el errático abordaje de los mismos, contienen características de situaciones traumatizantes para niños, niñas y adolescentes", concluye el estudio, que en la práctica se encontró con escolares que no pueden salir a jugar al patio, sus síntomas de intoxicación no son creíbles por parte de la opinión pública (se habla de psicosis colectiva) y su círculo de contención más directa (padres y familiares) también sufre las consecuencias de la contaminación.
"Los caídos"
Durante la investigación, el equipo de trabajo identificó que entre los niños existía el apodo de: "Los hijos de la contaminación" y "Los caídos" como autodenominación. Los menores de entre 11 y 15 años principalmente, dibujaron sus habitaciones con las ventanas cerradas, modificando sus rutinas de juego y de estudio, todo debido a la contaminación.
Patricia Muñoz, directora de Defensoría de la Niñez sostuvo que "hemos podido reflejar la realidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncaví. Ellos han participado activamente, no solo entregando su testimonio, sino que también como coinvestigadores, por lo tanto hemos logrado entender la magnitud y el impacto que ellos viven en la zona", sostuvo Muñoz, quien destacó que este fenómeno les ha privado jugar y utilizar las zonas libres, entre otras restricciones, vulnerando sus derechos.
"Lo que concluye este estudio viene a afianzar aún más el fallo de la Corte Suprema que ha establecido la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de la zona (...) el Estado debe responder con su rol de garante de derechos y cuando hablamos del Estado, nos referimos al Ministerio del Medio Ambiente, de la Superintendencia del Medio Ambiente, del Ministerio de Salud, de Educación y de acciones concretas que se deben llevar a cabo y que vienen recomendadas por este estudio", subrayó la mandamás de la Defensoría de la Niñez.
Patricia Muñoz explicó que la Corte Suprema ordenó en mayo pasado conocer los agentes contaminantes y las prevalencias de enfermedades emanadas de esta causalidad. Por ejemplo, los exámenes de sangre pendientes para establecer los niveles de metal presentes en los organismos de los menores.
Dentro de los derechos que se están vulnerando (17 en total), están el derecho a la vida, integridad física y síquica, derecho a la salud, a la educación, a la no discriminación, protección de la infancia y de medio ambiente libre de contaminación, entre otros.
El análisis multinivel realizado, demuestra lo indispensable de ampliar la oferta de salud en la zona, como el contar con personal especializado en contaminación, dadas las características del territorio. Dado que no hay claridad en los diagnósticos, el seguimiento continuo, oportuno y bientratante se convierte en un requerimiento básico en el actual escenario.
"Se hace necesario estandarizar los instrumentos de registros frente a futuras emergencias y protocolizar procedimientos para personal de salud y personal de otras agencias (educación, organizaciones de sociedad civil, organizaciones comunitarias)", concluye el estudio, el que seguirá monitoreando a los niños, niñas y adolescentes, quienes en general no ven un futuro promisorio en sus comunas de origen y tampoco cuentan con una sensibilización respecto a los episodios de contaminación vividos en su corta edad.
17 articulados de los derechos de los niños fueron vulnerados el año pasado tras los episodios de contaminación.