Marcela Guajardo Pérez - La Estrella de Valparaíso

Hace cuatro años, la familia Ansaldo, propietarios del edificio ubicado frente a la plaza Echaurren, quisieron emprender un proyecto de restauración y se acercaron a Frac, la oficina responsable de los proyectos del Hotel Fauna y el Internado.

"Nos sumamos a esta historia que es transversal a muchas generaciones. El mayor aporte creo que es refrescar la memoria colectiva", dice Tomás Elizondo, uno de los socios.

El Emporio Echaurren reabrió el miércoles pasado y actualmente funciona como un café, donde se puede observar el mobiliario del antiguo emporio que fue cerrado hace 15 años, pero se mantuvo en excelentes condiciones.

En sus vitrinas hay parte de la colección de antiguedades que los socios han ido recolectando, incluido un molino de Queronque ubicado en el cielo del local.

"Acá tenemos una colección de cajas y de botellas y la mayoría de ellas son industria nacional que tuvo su apogeo en Valparaíso y en este barrio", explica Elizondo.

Cuentan con una cerveza y un café local de nombre Emporio y esperan ir de a poco ampliando la carta.

Fueron tres años de restauración con mano de obra local, pudiendo así rescatar un 70% del diseño original. Además, existe un proyecto para crear un museo que rescate parte de la historia porteña.

El documento de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, fue presentado ayer por el Partido Socialista y respaldado por partidos opositores como la DC, el Frente Amplio y el PPD. En cinco capítulos, la propuesta opositora busca, de aprobarse, sacar a la secretaria de Estado del gabinete e impedirle ocupar cargos públicos por cinco años.

Los puntos

En el primer capítulo de la acusación se afirma que la secretaria de Estado ha "faltado a la verdad" y ha cometido "faltas a la probidad", ente otras cosas por transmitir "su visión" del Sistema de Admisión Escolar a los apoderados para imponer el proyecto de Admisión Justa. El segundo se refiere al envío masivo de correos a padres y apoderados para "promocionar" esa propuesta, "vulnerando principios vinculados a las normas de protección de datos y vida privada". En el tercero se le acusa de dejar "sin aplicación la ley" al "dilatar el nombramiento de autoridades y contratar menos funcionarios de los autorizados. El cuarto la acusa de "no actuar conforme a los deberes legales y no realizar o realizar tardíamente" correcciones en la inejecución presupuestaria en la Dirección de Educación Pública" en los Servicios Locales de Educación.

El último punto apela a "la vulneración del principio de igualdad" por el no pago de menciones a las educadoras diferenciales.