Amenazas y hasta la intervención de sus teléfonos estarían sufriendo el abogado Patricio Olivares y su clienta Flaminga Olazo, madre del inspector de la Policía de Investigaciones, Francisco Gutiérrez Olazo, encontrado sin vida el pasado 23 de abril.

El caso fue informado en un comienzo como suicidio, tesis que ha sido cuestionada por la familia del joven funcionario.

Tan seguros están sus familiares de esto, que en mayo el abogado Olivares interpuso, a solicitud de Flaminga Olazo, una querella por obstrucción a la investigación, acción que posteriormente fue ampliada tras conocerse los resultados de peritajes que dieron cuenta, por ejemplo, de la inexistencia de trazas de pólvora en las manos de Francisco, situación que descartaría que haya manipulado un arma de fuego para quitarse la vida.

El 2 de septiembre, familiares y amigos realizaron una manifestación a las afueras del edificio de las Prefectura de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar, acción pacífica que buscó visibilizar el caso de Francisco.

El objetivo se cumplió. El caso de Francisco se conoció en distintos medios de comunicación, incluso algunos nacionales.

Fue a partir de entonces que, según fuentes de este diario que pidieron no ser identificadas, comenzaron a suscitarse una seguidilla de hechos que han afectado tanto al abogado de la familia como a Flaminga Olazo, denunciante en este caso.

Seguimientos, amenazas verbales de personas que las han interceptado en la calle e intervenciones telefónicas, figuran entre las situaciones anómalas que estarían afectando al abogado y su clienta.

Consultados por estos hechos, el abogado Patricio Olivares declinó referirse a ellos, precisando, sin confirmar ni descartar estas denuncias, que se trata de una materia delicada que está en conocimiento del Ministerio Público.

Erika Rojas Salazar

En julio pasado Alejandro Gallardo Mendibil, de 69 años, fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio, como autor del delito de abuso sexual por hechos acaecidos en mayo del 2017, cuando su víctima era alumno del Liceo Bicentenario de Valparaíso, tenía 16 años y el acusado ejercía labores de asistente de la educación.

La familia del joven, además de exdirigentes del Centro de Padres del establecimiento, manifestaron su indignación por las redes sociales dado que el funcionario de la Corporación Municipal de Valparaíso -pese que fue condenado en julio- no fue desvinculado y solo fue trasladado al Taller Aguayo en Playa Ancha, dependiente del área de infraestructura de la Cormuval.

A Alejandro Gallardo se le condenó a la suspensión de cargo u oficio público durante la condena y además quedó inhabilitado para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, en su grado mínimo, esto es, por tres años y un día.

SIn remoción

Desde la Cormuval explicaron que a Gallardo, al tratarse de un asistente de la educación, no se le pudo aplicar un sumario de destitución y en su defecto se le removió de su lugar de trabajo.

"Lo complejo de estas situaciones, en el caso de los asistentes de la educación, es que ellos no están afectos a estatuto, cuestión que todas las veces hemos explicado. Ellos no pueden ser sometidos a sumario de destitución y, por lo tanto, no tenemos causales tampoco en muchos de los casos. Lo que hacemos es aplicar medidas administrativas de separación o de traslados, lo que operó y ha operado siempre desde que nosotros asumimos nuestra administración", explicó Silvana Sáez, jefa del área de Educación de la Cormuval.

'funcionarios vitalicios'

"Una de las cosas que para nosotros ha sido tremendamente difícil en la gestión es poder despejar todos aquellos casos en donde los funcionarios están fuera de la legalidad, por distintas razones, por no cumplir con requisitos básicos de escolaridad, por tener situaciones judiciales externas o incluso internas, como casos de denuncias de abuso de otro tipo, además de personas que mantienen hasta hoy día privilegios asociados a su salario", aclara Sáez.

La jefa del área de Educación de la Cormuval añade que "eso tiene relación con la forma de gestión y las decisiones que se tomaron en las otras administraciones, porque hay que decir que todas estas personas son de contratación de los alcaldes anteriores, de las corporaciones y los gerentes anteriores, que arrastran situaciones de falta a sus derechos laborales, lo que hoy día nos tiene imposibilitados de hacer sus desvinculaciones, toda vez que se les mantiene una deuda previsional".

Sáez agrega que "lamentamos que esta situación sea así y que, además, haya pretensión de hacernos responsables de la decadencia que tienen algunas áreas de esta Corporación, porque son, y la ciudadanía lo sabe, elementos de arrastre históricos que han puesto a la Corporación en una condición de menosprecio, incluso de la ciudadanía, toda vez que vulneran, incluso, el derecho de los trabajadores".

Abuso

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, presidida por el Juez don Claudio Correa Zacarías e integrada por los magistrados Wilson González Díaz y Jany Silva Dawson, dieron cabida a la denuncia del menor, quien acusó a Gallardo de tocar sus partes íntimas además de besar su cuello, abusando de la relación de dependencia en que se encontraba el ofendido en el contexto escolar.

La defensa en su momento argumentó que el imputado padecía de Parkinson y no tenía el control total de sus acciones.