Carlos Bannen, concejal y presidente de la comisión de Educación del municipio porteño, reveló que la cifra entregada por la exdirigenta es real e incluye no solamente abusos, sino también a acosos laborale s en otras reparticiones del municipio. "En comisión de Educación se conversó el caso de Gallardo y antes de la sentencia se acordó con la Cormuval tomar medidas. Por eso me parece insólito que, ya ejecutoriada la sentencia, no se le pueda despedir por deudas previsionales. Es descabellado, porque si se tiene plata para llamar a concursos públicos de directores por 30 millones, seguro que es menos de lo que se debe al funcionario en cuestión", expresa Bannen, quien afirmó que no es verdad que no se pueda pagar caso a caso y se deba esperar juntar todo la deuda previsional. "Hay una sensación de impunidad tremenda, los funcionarios están asustados, pues sus denuncias que quedan en acta y todo queda en nada ", manifiesta el edil, quien dice que hay falta de voluntad. "Yo he recibido entre 20 y 30 denuncias desde que llegó Sharp por diversos temas y esta administración ha pagado 700 millones por desvinculaciones mal hechas", remató Bannen.

Erika Rojas Salazar

Una exdirigenta del Centro de Padres del Liceo Bicentenario de Valparaíso ha estado años siguiendo el tema de los abusadores sexuales al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval). Miriam Mayá dice haber sido testigo de diversas denuncias de padres angustiados; algunos desistieron en el camino y otros siguieron en tribunales, pudiendo obtener sentencia. Ese fue el caso de Alejandro Gallardo (69), un asistente de la educación que finalmente fue inculpado y condenado por abusar de un menor en el Liceo Bicentenario. A pesar de la condena, Gallardo fue separado del colegio pero no despedido, pues la Cormuval dijo estar "de manos atadas" por poseer deudas previsionales impagas que no le permiten desvincular a decenas de trabajadores por falta de recursos.

Pero el caso de Gallardo no sería el único. Mayá sostiene que el 2018 tuvo una reunión, junto al Centro de Padres, donde asistieron la directora de educación, Silvana Sáez, y el propio alcalde Jorge Sharp. En dicha oportunidad Sáez informó que la Corporación tenía 36 funcionarios denunciados el 2018.

"El día que nos recibió como Centro de Padres el alcalde Sharp y Silvana Sáez, a comienzos del 2018, para pedir el despido de Gallardo, nos sorprendió que Sáez nos dijera que tenía más de 30 abusadores denunciados en la Cormuval y que no tenía cómo sacarlos", relata Mayá, quien entregó antecedentes de dos nuevos casos de funcionarios sentenciados por abusos, los cuales aparecen inhabilitados para trabajar con menores en el registro de pedófilos del Registro Civil.

Cormuval

Fue la propia Silvana Sáez quien respondió a los dichos de la apoderada y exdirigenta por el caso de las denuncias y formalizaciones a trabajadores de su área. Pese a que no confirmó la cifra dada por Mayá, la directiva expresó que "las denuncias se reciben en los establecimientos. La ley mandata a los directores para efectuar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público. Esta situación, en todos los casos, se ha cumplido con la ley".

Sáez agrega que "se ha hecho el procedimiento como corresponde, más allá de los antecedentes que se recaben. Como política del área de educación la centralidad siempre ha estado en un enfoque de derecho de la niñez y la juventud, por lo tanto, no reviste importancia tener grandes antecedentes, sino que frente a la denuncia de un menor o del adulto responsable, los directores tienen la obligación de generar la denuncia".

-Conforme a su respuesta por el tema de funcionario sentenciado por abuso sexual, usted manifestó que a este trabajador no se le puede despedir por privilegios entregados en administraciones anteriores, además de deudas previsionales. ¿Qué tipo de privilegios son?

-Nosotros tenemos casos tipificados que tiene que ver con asignaciones de responsabilidades, por ejemplo, a quienes hoy no las cumplen y se les ha mantenido esa asignación y que, por lo tanto, se entiende que son derechos adquiridos. Hoy tenemos una tremenda dificultad, toda vez que para efecto del traspaso (al servicio local) no hay forma de justificar este tipo de asignación, porque no responden a ninguna de las nor-mativas vigentes. Igualmente hay situaciones que están documentadas, donde se les asigna horarios de funcionamiento a trabajadores que no dicen relación con la prestación del servicio, es decir, exceden el momento en donde debiera ocurrir la contratación, en horarios en donde el servicio no se está prestando o, derechamente, días en donde no hay servicio educativo. Bajo esta lógica uno tiene que categorizar esto como privilegio, toda vez que son algunos trabajadores y no la gran mayoría. Si uno hace la caracterización, esto tiene que ver con decisiones políticas que están asociadas a ciertas personas que responden a un perfil. Esto tiene que ver con cercanías más políticas en la decisión de cualquiera de las administraciones anteriores que son quienes hicieron estas contrataciones. Para nosotros es tremendamente importante ir transparentando esta información, aunque podemos decir que en el área de la Educación en Valparaíso, de manera informal, se conocen todos estos antecedentes, por lo tanto, que hoy lo vayamos a transparentar no va a ser sorpresa para nadie que venga del mundo de la educación pública en Valparaíso. Estamos amarrados de manos por la forma negligente en que se gestionó anteriormente y hoy no podemos desconocer que se constituyeron, ya no solo de hecho, sino que derecho en términos contractuales.

-¿Cuántos funcionarios serían "intocables" en él área educación?

-Para nosotros no son funcionarios intocables. Hemos tomado algunas medidas en todos los casos. Con aquellos que tienen razones de sobra para la desvinculación, mencionamos la imposibilidad de efectuarla toda vez que no se han cumplido sus derechos laborales, que es el pago de sus cotizaciones. Estamos recibiendo la información del IPS (Instituto de Previsión Social) para poder tener el dato desagregado de educación. En otros momentos lo que el IPS genera es una deuda total de la Corporación, donde no es posible pagar solamente a los funcionarios que dependen de educación, sino que todas las otras áreas de la Corporación, lo que imposibilita y pone más complejo el escenario. Hoy tenemos ad portas el dato concreto de lo que se le debe a cada funcionario del área de Educación, lo que terminaría por hacernos cumplir con la ley, de pagar sus derechos laborales de previsión y salud. Pero, adicionalmente, necesitamos tener recursos suficientes para la desvinculación, porque esa es la causal de despido, pero implica indemnizaciones. Como ya hemos mencionado, hay un porcentaje de funcionarios que estando fuera de lo que necesitamos, porque son funcionarios inhabilitados o teóricamente no deberían estar en educación, necesitamos un recurso adicional para su desvinculación. Ese es el trabajo que hemos hecho administrativamente para ir saneando todos los casos que nos permitan despejar el traspaso (desmunicipalización), porque todo el mundo entenderá que en un servicio público no pueden haber funcionarios que no cumplan con la normativa y eso implica varias condiciones, no solo la inhabilidad para trabajar con menores, sino que nivel de escolaridad y tener claridad de las funciones que cumplen.

-El 2016 se habló de 10 mil millones de pesos en deudas previsionales. ¿A cuánto asciende la deuda en la actualidad?

-En el último reporte que nos brindó el IPS se detalla la deuda acumulada que se produjo entre 1999 y el 2016 en el área de educación. Cabe señalar que la deuda previsional en esta área sólo corresponde a la que se mantiene con IPS. Se trata de $2.262.562.786 nominales y $23.072.990.867 de valor actualizado con reajustes y multas.