Belén Velásquez Neracher - La Estrella de Valparaíso
Un nuevo revés sufre la Municipalidad de Viña del Mar con un contrato de concesión, cuyo término anticipado por incumplimiento será votado hoy en el Concejo Municipal luego de ser analizado el martes en sesión de Comisiones. La historia se repite: esta vez la situación afecta a los parquímetros del centro y calle San Antonio de la Ciudad Jardín, abarcando 734 espacios susceptibles de ser explotados, equivalentes a una renta mensual de 2.202 UF, es decir, algo así como $60 millones al mes.
Sin embargo, en un oficio emanado desde la Administración Municipal en marzo de este año, que respondía a una solicitud del concejal Sandro Puebla (independiente PS), se especificó que en diciembre del año pasado se ingresó a tesorería poco más de $49 millones por este concepto y $48 millones 600 mil en enero de este año.
Millones menos
Lo anterior debido al descuento de calzos que no pudieron ser explotados, lo que para Puebla "puede implicar que el municipio dejó de percibir más de $100 millones", sin contar "los $720 millones anuales por los próximos tres años que quedaban de contrato".
"Voy a pedir una liquidación en detalle de lo que ingresó y se dejó de cobrar en este contrato que duró 10 meses y medio. Son 23.121 UF, o sea $650 millones, además pediré se informe si van a demandar a la empresa o no porque la vez pasada en la población Vergara no lo querían hacer hasta que salió el informe de la Contraloría", afirmó el edil.
Agregó que "por contrato, estaban obligados a explotar todo, de lo contrario empiezan a pagar menos. Esto ya lo objetó Contraloría para el caso de la población Vergara y fue uno de los temas cuestionados en la auditoría e incluido en la acusación al TER ya que en la población Vergara se constató que la Municipalidad dejó de cobrar más de 200 millones a la empresa, acá a razón de $12 millones mensuales menos, estaríamos hablando de un perjuicio al patrimonio municipal de 120 millones, más las indemnizaciones laborales que habrá que pagar", sostuvo Puebla.
El concejal Jaime Varas (UDI) coincidió en que "hay que tener la información precisa sobre cuál fue la renta que se percibió. Además se generó un retraso en los pagos, lo cual obligó a exigir las boletas de garantía".
Modificar la pauta
Varas agregó que "se va a generar una situación en los próximos meses porque son fondos que no van a ingresar y de eso se pidió un informe para la próxima semana para saber cómo se van a compensar esos ingresos de cara a fin de año".
Asimismo, Varas estimó que este nuevo dolor de cabeza para el municipo "va a ameritar modificar las pauta de evaluación y que el aspecto económico no sea el único elemento gravitante".
En ese sentido, señaló que "la oferta económica no podría super el 60% y la experiencia de la empresa, así como sus bases económicas, deberían tener una ponderación alta y eso no ha ocurrido. Ha pasado que llega una empresa que ofrece una oferta muy alta, distorsiona todo el sistema y la pauta lleva a adjudicar a esa empresa que después no es capaz de mantener la oferta".
Desde el municipio, mediante una declaración, el director de Concesiones, Mario Araya, confirmó que su departamento "solicitó poner término anticipado al contrato debido a incumplimientos de la empresa concesionaria, como no pago de renta del mes de septiembre, multas y boletas de garantías".