La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió autorización al Presidente Sebastián Piñera para hacer una visita "In loco" al país. Esto debido a decenas de solicitudes de distintas organizaciones -entre ellas la del municipio de Valparaíso- para observar la situación de derechos humanos en el país.
Marcela Guajardo Pérez - La Estrella de Valparaíso
Material audiovisual de las cámaras de televigilancia, un mapa de Valparaíso con los puntos más conflictivos, y cifras de lesionados y detenciones ocurridas a contar del 19 de octubre en la Ciudad Puerto, son parte de los antecedentes que fueron entregados a la misión de observadores de la ONU por organizaciones civiles relacionadas con la protección de los derechos humanos y el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, quienes elaboraron un preinforme sobre los hechos ocurridos en la ciudad entre el 19 y 31 de octubre.
Los observadores de las Naciones Unidas se entrviestaron ayer en Valparaíso con representantes de estas organizaciones y el alcalde Jorge Sharp, en una cita reservada.
"Nos reunimos con dos comisionados de la ONU y nos dimos cuenta de que estaban muy informados ya sobre el caso Valparaíso", explica Daniela Marzi, abogada y académica de la UV. "Se les describieron los antecedentes del informe y ellos tuvieron la oportunidad de profundizar con preguntas sobre, por ejemplo, a quién iba dirigida la represión", agregó.
El alcalde porteño Jorge Sharp porteño se mostró conforme tras la reunión con la comisión de la ONU. "Son la clara prueba de que en Valparaíso se han violado de forma grave y reiterada los derechos humanos. El informe comprende una sucesión de hechos y antecedentes y digo que es preliminar porque todavía existen muchos antecedentes e informaciones que debemos completar y además porque la vulneración de derechos humanos sigue produciéndose en Chile y cada vez más grave", sostuvo el edil.
En la reunión además se les facilitaron a los comisionados discos duros con videos de cámaras de televigilancia que dan cuenta del accionar de las fuerzas policiales, tanto en la contención de las manifestaciones como durante los saqueos que se registraron en la comuna.
"Se fueron con la información completa y no solo con los testimonios, sino que con un conjunto de pruebas que se les aportaron", asegura la abogada Daniela Marzi.
La Mesa de Trabajo de Organizaciones de la Sociedad Civil, que elaboraró este informe, está compuesta por la Defensoría de Derechos Humanos de Valparaíso, la Red de Abogadas Observadoras de Derechos Humanos, la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la UV, el Comité de Emergencia y Resguardo de la UPLA, además de abogados, estudiantes, observadores de Derechos Humanos y autoridades municipales.
Según el informe, que se elaboró con datos aportados desde el 19 hasta el 31 de octubre, cuando se declaró el Estado de Emergencia el domingo 20 de octubre los abogados habilitados no pudieron acceder a las listas de detenidos en las comisarías.
Además se consignó que respecto de algunos detenidos, "hubo desnudamientos, que los Carabineros caminaban y saltaban sobre sus cuerpos, que se les mojó con agua fría, que se les lanzó gas pimienta dentro del calabozo y se amenazó con el uso de electroshock. Asimismo, hubo amedrentamientos en relación con conocer sus domicilios y a sus familiares como amenaza de posteriores persecuciones en caso de denunciar los hechos".
Sin embargo, seis días después, cuando se terminó el Estado de Emergencia, la situación cambió y los abogados pudieron acceder a estas nóminas.
En este trabajo al interior de las comisarías se observó que 46 detenidos eran menores de edad o adolescentes y 21 de ellos pasaron o están en la Red Sename. Se detectaron "desnudamientos, básicamente en niñas adolescentes (sin descartar que esto se haya presentado también en niños); golpes, rotura de dientes; amenazas (algunas de ellas orientadas al uso de electro shock)", se lee en el informe entregado a la ONU.
El informe recoge antecedentes sobre los pacientes que llegaron al Hospital Carlos Van Buren, los SAPU y otros lugares habilitados para atenderse por lesiones.
Entre el periodo del 19 al 30 de octubre, la Unidad de Emergencias del hospital porteño registró 230 consultas; 88 de esos pacientes tenían lesiones por arma de fuego y seis de ellos presentaban trauma ocular grave (cinco por arma de fuego y un contuso).
La salud municipal atendió a 99 personas en total desde el 23 al 30 de octubre, tres de ellos lesionados graves.
El Comité de Emergencia de la UPLA, ubicado en calle Independencia, atendió entre el 23 y 29 de octubre a 92 personas, donde se detectaron lesiones por perdigones, contusiones, gas pimienta y siete personas que sufrieron lesiones por el chorro directo del carro lanzaaguas.
De acuerdo a lo observado por las organizaciones integrantes de esta Mesa de Trabajo, "se evidencia la represión a las personas incluso antes de la manifestación propiamente tal, por tanto, hay una inexistente justificación en su uso. Hay un uso excesivo de la fuerza, puesto que se utilizan todos los medios de represión al mismo tiempo. Asimismo, no se respetan los protocolos existentes, no discriminando en ningún caso el tipo de personas".
El informe indica que a contar del 21 de octubre, las fuerzas policiales comienzan a utilizar armas de fuego contra los protestantes, siendo el viernes 25 de octubre el día donde más se registraron heridos por perdigones, cuando una de las marchas masivas trató de llegar al Congreso en Pedro Montt.
"Desde el cese del Estado de Emergencia, el uso de la fuerza aumenta de manera exponencial: uso de gas pimienta, balines, perdigones y bombas lacrimógenas. Sin embargo, la gente detenida disminuye y, paradójicamente, los heridos incrementan", asegura este informe.
También se hace alusión a la situación ocurrida el domingo 27 de octubre, donde la marcha proveniente desde Viña del Mar fue contenida en el sector Barón por Fuerzas Especiales.
"Carabineros direccionó la marcha por una vía elevada y llegó a reunir más de cinco mil personas en un sector que es altamente peligroso porque en el caso de pánico colectivo o de represión, como efectivamente lo hubo, se podría haber originado la caída de gente desde altura. Se tiró bombas lacrimógenas sobre la vía elevada donde habían entre cuatro mil y cinco mil personas, lo cual es altamente irresponsable, yo creo que estamos dentro del ámbito de la negligencia criminal", es el testimonio de Ezio Passadore, jefe de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, que es recogido en este informe entregado a la misión de la ONU durante la jornada de ayer.
Pero estas organizaciones civiles no solo entregaron antecedentes sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en las protestas porteñas. También se informó sobre los destrozos al comercio y al mobiliario público producto de los desmanes.
El sábado 19 de octubre se realiza la primera marcha pacífica en Valparaíso. "Se observa en registros de cámaras de televigilancia la pasividad de fuerzas especiales de Carabineros para evitar daños y desmanes, esto impide la correcta circulación de vehículos y personas a través de la región", indica el informe.
Al día siguiente empiezan los saqueos en el plan, Rodelillo, Placeres y Playa Ancha, siendo los supermercados el principal blanco y luego el comercio minorista.
"El día jueves 24 se produce una ola de saqueos, particularmente en el sector del Almendral y calle Condell. En esta instancia existió personal militar y policial en las calles, sin embargo no detuvieron los saqueos, y en muchos casos se dispusieron a organizarlos", explican las organizaciones en el documento entregado a los observadores de las Naciones Unidas.
El balance hasta el 31 de octubre son 115 locales comerciales saqueados, quemados o ambos.
El informe entregado ayer se irá complementando en el transcurso de los días, ya que las manifestaciones continúan en Valparaíso. Se espera que los observadores de la misión ONU permanezca en nuestro país al menos una semana más antes de partir y elaborar sus conclusiones. Los integrantes de la comisión de la Organización de Naciones Unidas ha declinado en dar declaraciones debido a que prefieren trabajar con un bajo perfil.