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Corte porteña acogió recurso de joven que denunció trato vejatorio en comisaría

Desde que estalló la crisis social, se han presentado 42 solicitudes de amparo. Esta es la primera en ser aceptada y afirma que el afectado fue al tribunal en pañales y bata de papel.
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Cinthia Matus O.

La noche del 19 de octubre, cuando todavía regía el toque de queda en la Región de Valparaíso, un joven identificado como Jonathan Donaire Osorio fue detenido junto a otros dos sujetos en las inmediaciones de la estación del metro, en Quilpué, por "alterar gravemente el orden público, lanzando piedras contra los locales comerciales, transeúntes y vehículos".

De acuerdo al informe de la Segunda Comisaría de la ciudad, Donaire y sus dos compañeros tuvieron que ser esposados por su "resistencia activa e intento de agresión al personal", y posteriormente fueron trasladados hasta la unidad policial, en donde la fiscal de turno dispuso que pasaran a control de detención.

Tratos vejatorios

A las 02.21 horas del día siguiente, Donaire y los otros dos detenidos fueron llevados al Hospital de Quilpué para constatar lesiones. Allí, el diagnóstico fue "herida cortante en región superficial derecha y derrame de globo ocular derecho, de carácter leve". Más tarde, por esta misma lesión, el joven fue llevado al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Hasta aquí, los antecedentes darían cuenta de un procedimiento más de los que se realizaron durante el estado de excepción constitucional de emergencia en el país, pero Jonathan Donaire Osorio denunció que fue sometido "a tratos vejatorios en la unidad policial" durante la noche del 19 de octubre y la mañana del día siguiente.

Conforme a su relato, carabineros de la Segunda Comisaría de Quilpué "lo golpearon en forma desmedida" en el momento de su detención y también cuando regresó a la unidad, tras ser atendido de sus heridas.

La situación llegó a tal extremo que, delante de otros detenidos, el joven "perdió el control del esfínter, defecando en su ropa y vomitando, todo esto mientras se encontraba encerrado en el calabozo".

El 20 de octubre en la mañana, Donaire fue llevado al Juzgado de Garantía de Quilpué y se presentó ante al juez Milenko Grbic en pañales, cubierto con un polerón y una especie de bata de papel. En dicha audiencia de control de detención, la defensora pública Sandy Young Badilla solicitó la ilegalidad de la detención, pero el magistrado resolvió que era legal y estableció que los hechos posteriores -agresiones, maltrato, tortura y apremio ilegítimo por parte de carabineros- eran "eventualmente constitutivos de delitos".

Por lo anterior, la abogada Young interpuso un recurso de amparo a favor de Jonathan Donaire Osorio y en contra de Juan Andrés de la Maza, en su su calidad de Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Valparaíso, designado por el Presidente de la República, y también los funcionarios de la Segunda Comisaría de Quilpué.

La acción constitucional finalmente fue acogida en fallo unánime por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó a Carabineros la realización de un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades en los hechos denunciados.

Datos concordantes

Desde el 20 de octubre a la fecha se han presentado 42 recursos de amparo en el contexto de las manifestaciones en la región. Sin embargo, solo el de Donaire ha sido acogido.

El ministro Max Cancino, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, explicó que el recurso de amparo "tiene por objeto resguardar al ciudadano frente a cualquier amenaza o privación a su libertad personal y seguridad individual" y que, en el caso del joven, "la situación concreta es si existe el delito de apremio ilegítimo. Más allá de eso, existían otras situaciones que tenían que ser resueltas en el recurso de amparo".

Por el resto de los recursos no se refirió, dado que no ha tenido acceso a ellos, pero sí precisó que en el recurso de Jonathan Donaire había concordancia.

"No basta el relato de la víctima, tiene que haber concordancia con lo demás antecedentes del proceso. Aquí se le pidió informe al Servicio de Salud (...) estaban establecidas las horas en que fue atendido y también estaba el informe del magistrado que también dispuso medidas, porque él ordenó que pasaran los antecedentes a la Fiscalía, así que había varios antecedentes que concordaban".

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