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Amplían formalización de ejecutivos de Enap por delito ambiental

Abogado querellante y representante de 1.187 habitantes de Quintero, solicitó la prisión preventiva de los acusados.
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Redacción - La Estrella de Concepción

En el Juzgado de Garantía de Talcahuano se determinó ampliar para hoy la formalización de los seis ejecutivos de Enap, que enfrentan cargos por la descarga de crudo iraní que habría originados delitos medioambientales en Quintero y Talcahuano en agosto del 2018.

En la última audiencia de ayer la parte querellante, que representan a 1.187 habitantes de Quintero, presentó sus argumentos y solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para los funcionarios, lo que será resuelto en la presenta jornada.

Remberto Valdés, abogado querellante, sostuvo que "hemos sostenido que las seis personas imputadas son un peligro para la sociedad, ya que se concertaron para traer esta sustancia desde Irán. Además ocultaron la información, falsificaron antecedentes ante la Gobernación Marítima de Talcahuano y mintieron frente a la autoridad medioambiental".

Añadió que "es probable que hayan incurrido en otros delitos y vamos a seguir investigando la participación de otras personas en Enap. Esto se preparó con mucho tiempo y estaban en pleno conocimiento de la gravedad de la intoxicación del crudo de tipo Iranian Heavy".

La defensa

Por su parte, el abogado Cristian Muga, que representa a los imputados de Enap, indicó que "es una irresponsabilidad jurídica lo que plantea la parte querellante. Los ejecutivos ocuparon todos los elementos a su disposición para que la descarga de crudo iraní fuera segura".

El abogado de Enap agregó que "lo de entregas de información falsa no es certero y hay una imputación contra funcionarios y la empresa, a la que se acusa de haber actuado de una manera determinada en la descarga y en la contratación de este estudio. Eso es lo que se tiene que desmentir".

SIP pide identificar a responsables de ataque al diario "El Líder"

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó en ataque incendiario contra el diario "El Líder" de San Antonio, y pidió a las autoridades investigar y deslindar responsabilidades como "forma eficaz para detener a los violentos".

"Las instalaciones del diario El Líder, de la localidad de San Antonio en la región de Valparaíso y perteneciente a la red de medios regionales de El Mercurio, fueron destruidas casi en su totalidad por manifestantes en contra de políticas económicas del gobierno nacional", indica la declaración de la SIP.

"Este es el segundo atentado registrado en las últimas semanas contra esta red de medios. El 19 de octubre decenas de individuos que protestaban contra el aumento de tarifas del servicio del metro, saquearon e incendiaron las sede de unos de los periódicos más antiguos del continente en Valparaíso, El Mercurio, fundado en 1827, afectando también al periódico La Estrella ubicado en la misma sede", agrega.

"En aquel acto vandálico como el ocurrido ahora en contra de El Líder los manifestantes destruyeron oficinas, aunque nadie fue lesionado. En los atentados ocurridos este 27 de noviembre también fueron vandalizados las oficinas de un operador de TV por cable, así como hospitales y comercios", menciona el comunicado.

Los presidentes de la SIP, Christopher Barnes y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron que "condenamos estos actos sin razón contra la libertad de prensa que tienen la intención de privar a los ciudadanos de su derecho a estar informados".

Barnes, director general del diario The Gleaner, Kingston, Jamaica y Rock, director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, México, pidieron a las autoridades investigar los hechos e identificar a los responsables.

"La administración de justicia es la forma más eficaz para detener a los violentos", sentenciaron.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

"Estos actos tienen la intención de privar a los ciudadanos de su derecho a estar informados".

Christopher Barnes, SIP