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A 50 días del estallido social, sepa qué demandas se han concretado

Mejores pensiones para los adultos mayores y una rebaja a las tarifas de pasaje para ellos son algunas de las primeras medidas aprobadas. Otras están en trámite. Parlamentarios critican que todavía no haya reformas estructurales.
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Marcela Guajardo Pérez - La Estrella de Valparaíso

El 18 octubre, un grupo de estudiantes decidió evadir en varias estaciones de Metro en Santiago, debido al anuncio de alzas de 30 pesos en el pasaje, dando inicio así a una serie de movilizaciones y a lo que ha sido calificado como un "estallido social".

Protestas masivas en todo Chile obligaron al gobierno a hacerse cargo de varias demandas sociales: mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, mejores salarios y menos privilegios para los más poderosos, entre otras.

Al día siguiente, el Presidente Sebastián Piñera anunció la suspensión del alza en la tarifa del Metro, pero también decretó estado de emergencia en varias regiones del país, incluida Valparaíso, por violentos desmanes.

Sin que las protestas de la ciudadanía disminuyeran, el Mandatario dio a conocer, pocos días después, las primeras medidas para frenar la crisis.

Ese 23 de octubre se inició la "agenda social": aumento en la Pensión Básica Solidaria, incremento del Aporte Previsional Solidario, un ingreso mínimo garantizado de 350 mil mensuales para todos los trabajadores de jornada completa y la creación de un mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas.

Otras de las medidas anunciadas en esa oportunidad fue fijar un impuesto a personas con rentas superiores a ocho millones de pesos, la creación de un seguro que cubra parte del costo de los medicamentos, la reducción de la dieta parlamentaria, la disminución de los escaños y un límite a la reelección.

Los anuncios fueron recibidos tibiamente por el mundo político y con un rechazo por parte de la ciudadanía, que siguió saliendo a las calles a manifestarse.

Las semanas siguientes continuaron los anuncios en distintas áreas, en formas de proyectos de ley que fueron enviados al Congreso, a los que se sumaron algunos en materia penal, debido al aumento de saqueos y destrozos.

Pero, ¿en qué están algunos de los anuncios hechos por el Presidente Sebastián Piñera, a 50 días del estallido social?

Agenda social

Uno de los temas más debatidos ha sido la reforma a las pensiones. En el Congreso está un proyecto de ley ingresado el año pasado que se encuentra actualmente en trámite en la Cámara de Diputados. Paralelo a eso, el gobierno anunció un alza de 20% al Pilar Solidario (el proyecto original indicaba 10%).

El 3 de diciembre se aprobó un aumento de un 50% para mayores de 80 años, un 30% para el tramo de 75 a 79 años y un 25% para menores de 75 años. Esto a contar del 24 de diciembre, recursos que se agregarán a la Pensión Básica Solidaria o el Aporte Previsional Solidario, según corresponda. Los beneficiados no deben hacer ningún trámite extra, ya que todo será gestionado por el IPS y pagado a través de la Caja de Los Héroes, BancoEstado o por depósito. En el caso de los Aportes Previsional Solidario que se pagan por AFP, se transferirá de la manera pertinente.

La suspensión del alza en las tarifas del Metro fue la primera medida tomada por La Moneda en respuesta a las manifestaciones. Luego vino un proyecto de ley para congelar las tarifas eléctricas hasta diciembre del 2020.

El proyecto reduce el aumento de 9,2% que entró en vigencia y mantiene el decreto tarifario anterior. Sin embargo, el aumento del dólar ha puesto en duda una vez más una nueva alza, producto a que esta moneda extranjera influye en los precios de la electricidad.

En el Presupuesto 2020 se aprobó la reducción en un 50% del pasaje en todo tipo de transportes para los adultos mayores, medida que debería ser concretada para el próximo año.

En salud, se avanzó en el convenio de Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos y una ley para que Cenabast pueda venderle a las farmacias más pequeñas y así hacerlas más competitivas.

Hay que tener en cuenta que muchos de los anuncios presidenciales son parte de su programa de gobierno o de gobiernos anteriores y que han sido "acelerados" ante el clamor de la ciudadanía.

Pendientes

Hay varios anuncios presidenciales pendientes. Uno de ellos es la reducción de parlamentarios. Esta semana se informó que se mandará una indicación al proyecto de ley que está en el Congreso para tener 120 diputados y 40 senadores. Con esa reducción se podría redestinar los cinco mil millones de pesos anuales que cuesta mantener esos parlamentarios para satisfacer las demandas sociales.

Otro de los proyectos que se ha destrabado es la reelección de cargos público. Ya se aprobó en la Comisión de Constitución en el Senado y es un refundido de varios proyectos, el más antiguo presentado en el 2006. Algunos senadores están buscando que sea retroactivo.

El ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos está actualmente en espera de ser votado en Sala en la Cámara de Diputados, mientras que el proyecto que crea un Seguro para Medicamentos y así bajar los costos para las personas recién se está elaborando en el ministerio de Salud, para luego ser ingresado al parlamento.

Insuficiente

Parlamentarios destacaron algunas medidas de la agenda social que han logrado concretarse, como el aumento de las pensiones, sin embargo, critican que no existan reformas estructurales.

"Creo que llegó la hora de tocar los temas de fondo, ya que el gobierno es el que tiene la palabra. Quiere evadir esa discusión, porque en vez de mandar un proyecto para reformar las AFPs, para reformar el sistema de salud o hacer una reforma tributaria en serio, nos manda un proyecto para reducir los parlamentarios y que con eso nos vamos ahorrar cinco millones de pesos, como si con eso fuéramos a cambiar la realidad social de Chile", aseguró Marcelo Díaz, diputado PS.

"Nuestro sistema es muy presidencialista, por lo que son menos los proyectos que dependen de nosotros y que podemos apurar. En términos de atribuciones, si el gobierno presenta proyectos que generan consensos y que responden a las demandas sociales, podrían avanzar mas rápido también", afirmó Camila Rojas, diputada del Frente Amplio.

Pero otros parlamentarios afirman que no se puede avanzar sin restituir el orden público. "A mi juicio, agenda social y seguridad pública deben ir de la mano. Ambos deben ser robustecidos, porque sin paz y seguridad social cualquier cambio o esfuerzo que se haga será en vano. Por otra parte, valoro el histórico paso dado con el acuerdo de redactar una nueva Constitución. Sin duda las áreas donde los esfuerzos deben centrarse es la salud, educación, pensiones y seguridad", dice Andrés Celis, diputado RN.

Delitos

Precisamente la agenda de seguridad ha sacado chispas, tanto en el mundo político como en la ciudadanía.

Ante los disturbios y saqueos producidos en distintos puntos del país, el gobierno ha enviado varios proyectos para sancionar a quienes oculten su identidad en las manifestaciones (ley antiencapuchados) y quienes provoquen daños a la propiedad privada (ley antisaqueos y antibarricadas), esta última aprobada en primer trámite por los diputados, que incluía también una indicación que sanciona a quienes se toman terrenos.

Con tantos proyectos de ley ingresando al Congreso, hay una carga extra para los parlamentarios y la presión de las movilizaciones. "Nos ha servido a todos y todas para darnos cuenta que sí se puede, que no es necesario esperar años para la tramitación de los proyectos", dice el diputado Celis.

"El estallido social ha permitido que ese veto sistemático de la derecha empiece a ceder", asegura Marcelo Díaz.

Para la diputada Rojas, el cambio es claro en el trabajo legislativo: "El Congreso está funcionando más rápido, llevo casi dos años y noto radicalmente la diferencia, pero sigue siendo lento por como funciona el Congreso. Se ha debido mucho a la movilización, a la gente que está en la calle".