Mariela Puebla V.

El 26 de abril próximo los chilenos volverán a las urnas, esta vez para decidir no sólo si quieren cambiar la actual Constitución Política, sino también la forma para hacerlo. Eso pondría fin a la vigencia de una Carta Magna que durante cuatro décadas ha marcado la ruta del país.

La actual Constitución fue promulgada por Decreto Supremo N° 1.150 del Ministerio del Interior, del 21 de octubre de 1980, durante el régimen del general Augusto Pinochet Ugarte.

En su elaboración intervinieron la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, creada por Decreto N° 1064 del Ministerio de Justicia (noviembre de 1973); el Consejo de Estado (creado por Decreto Ley N° 1319, publicado en enero de 1976) y la Junta de Gobierno integrada por los tres jefes de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros.

El 11 de septiembre de 1980 (a través del Decreto Ley N° 3465) se convocó a un plebiscito para que la ciudadanía se pronunciara sobre la nueva Constitución. Tras aprobarse, entró en vigencia el 11 de marzo de 1981.

ORIGEN

Según consigna la web de la Biblioteca del Congreso Nacional (www.bcn.cl) la génesis de la Carta Fundamental se da en el contexto histórico posterior al Golpe de Estado de 1973 y del régimen militar que le siguió. La Junta Militar, con los decretos leyes Nº 1, N° 128 y N° 788, se había atribuido la potestad constituyente, cesando así la vigencia de la Constitución de 1925.

El texto original constaba de 120 artículos permanentes, divididos en 14 capítulos y 29 disposiciones transitorias, en los que se estableció un modelo de "democracia protegida". La existencia de senadores designados y vitalicios, la facultad del Presidente de la República para disolver por una vez la Cámara de Diputados, la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), la inamovilidad de los comandantes en jefe de las FF.AA. y su carácter de garantes de la institucionalidad, la concepción de Estado subsidiario; la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos y partidos políticos, destinados a "propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases", eran algunas de sus disposiciones, las que han sido modificadas o derogadas.

En la elaboración de esta Carta Fundamental intervinieron tres instancias:

1) Comisión de Estudios de la nueva Constitución, formada en septiembre de 1973. Era de exclusiva confianza de la Junta de Gobierno y fue presidida por Enrique Ortúzar e integrada por Jaime Guzmán, Sergio Diez, Jorge Ovalle, Enrique Evans, Gustavo Lorca, Alejandro Silva y Alicia Romo. Entre marzo y mayo de 1977, abandonaron la Comisión Silva, Evans y Ovalle, siendo reemplazados por Luz Bulnes, Raúl Bertelsen, Juan de Dios Carmona y Rafael Eyzaguirre. La también llamada 'Comisión Ortúzar' realizó 417 sesiones de trabajo (septiembre de 1973 a octubre de 1978), y como resultado hizo entrega a Augusto Pinochet de un anteproyecto constitucional con 123 disposiciones permanentes y 11 transitorias. Luego, la Comisión se disolvió.

2) Consejo de Estado, órgano consultivo del Presidente de la República en asuntos de Gobierno y administración civil, integrado por los ex Presidentes de la República por derecho propio y otras personas designadas por el Primer Mandatario. Entre sus integrantes estaban Jorge Alessandri (presidente) y Gabriel González Videla, además de Carlos Cáceres, Juan de Dios Carmona, Juan Antonio Coloma, Mercedes Ezquerra y William Thayer, entre otros miembros civiles y militares. Este Consejo elaboró un proyecto constitucional alternativo al de la 'Comisión Ortúzar', entre noviembre de 1978 y julio de 1980. El 8 de julio de 1980 entregó su proyecto a la Junta de Gobierno, continuando con sus funciones habituales hasta marzo de 1990.

3) La Junta de Gobierno, que trabajó sobre la base de los textos de la Comisión de Estudios y del Consejo de Estado, para lo cual designó un Grupo de Trabajo integrado por el ministro del Interior Sergio Fernández, la ministra de Justicia Mónica Madariaga y los auditores de las FF.AA. Su objeto era analizar y redactar la Constitución definitiva. La Junta y el Grupo sesionaron desde julio a agosto de 1980, cuando se aprobó el texto final.

Según informes oficiales de la época, en el plebiscito de septiembre de 1980 un 65,71% de los votantes se pronunció a favor de la nueva Carta Fundamental. Sin embargo, la ausencia de registros electorales y la restricción de las libertades públicas imperante en el período pusieron en cuestión la legitimidad de los resultados.

El origen de la Constitución se remonta a 1973. Por medio del DS 1.064 se "designa Comisión para que estudie, elabore y proponga un Anteproyecto de nueva Constitución". Esta Comisión sesiona entre 1973 y 1978 y termina su tarea con un anteproyecto que pasa al Consejo de Estado y luego a la Junta, que define el texto que será sometido a plebiscito.

Se dice que la Constitución fue ratificada en un plebiscito, acto que no reúne las condiciones de un proceso electoral transparente. Sobre este punto, recomiendo el libro de Claudio Fuentes El Fraude, que da cuenta de los vicios.

Sin embargo, el problema de la génesis no sólo es el plebiscito sino la titularidad del poder constituyente.

El 11 de septiembre, se dicta el DL 1 que señala que "con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno (la Fuerza Pública: Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros) y asumen el Mando Supremo de la Nación". En ese DL se advierte la intención de asumir todo el poder, pero ante la oscuridad de la expresión mando supremo, en noviembre se dicta el DL 128. El art. 1 afirma que "la Junta de Gobierno ha asumido el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo". Es decir, la Junta administra el poder, hace leyes pero además se autoatribuye el poder constituyente.

¿Qué es poder constituyente? El poder para hacer y dar una Constitución y quién lo tiene es la comunidad que vive el texto. La teoría constitucional señala que es el pueblo.

Por lo visto, ese poder es secuestrado por quienes quiebran el orden y lo asumen como propio. Hay documentos que intentan justificar la autoatribución, señalando que se vivía un período de polarización que autorizaba salidas excepcionales, además que la irrupción de las FF.AA. contó con la aprobación mayoritaria de los chilenos.

No obstante, tal razones deben ser rechazadas. En primer lugar, porque no existe evidencia que el golpe contó con esa aprobación. En segundo lugar, titular del poder constituyente es la comunidad. Si la Constitución es una norma para convivir, son los que conviven los que deben elaborarla.

En la actualidad existe consenso sobre la ilegitimidad de origen de la Constitución. Otro tema es la legitimidad de ejercicio, pues se puede decir que su vida en democracia la ha legitimado. Sin embargo, creo que no, pues el paradigma constitucional autoritario e interpretación neoliberal sigue vigente y es fruto del carácter pétreo de la Constitución.

Doctor Christian Viera Álvarez

La elaboración de la Constitución vigente comenzó el lunes 24 de septiembre de 1973. Los integrantes de la Comisión de Estudios asumió su labor después del fracaso de las planificaciones globales como opción política para Chile. El proyecto marxista de la Unidad Popular fue derrocado, sin que sus políticas tuviesen un efecto favorable en la calidad de vida de la población. En el contexto mundial, por otro lado, subsistía el enfrentamiento de la Guerra Fría, entre el capitalismo y el modelo socialista de la Unión Soviética. Nuestro país formó parte de este conflicto, como lo revela el canje de prisioneros entre Chile y la URSS, en 1976, en el que el dirigente comunista Luis Corvalán fue intercambiado con el escritor y defensor de los derechos humanos Vladimir Bukovsky.

La Comisión de Estudios revisó todos aquellos aspectos del régimen constitucional de 1925 que sufrieron menoscabo en el período 1970-1973. En la mirada de los comisionados estuvieron los partidos políticos y el comportamiento de sus dirigentes, las expropiaciones de la Reforma Agraria, el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, la estatización de la banca y las áreas de la economía, entre otros grandes temas. Para enfrentar las deficiencias y vicios comprobados en la regulación fundamental se acudió a distintas fuentes, incluida la propia Carta de 1925 y sus reformas, el proyecto de reforma constitucional de julio de 1964 de Jorge Alessandri (redactado porEnrique Ortúzar y por Enrique Silva Cimma), la Constitución de Bonn y un conjunto de informes solicitados a distintos expertos.

El proyecto definitivo de nueva Constitución fue aprobado en plebiscito y entró en vigor en marzo de 1981. Por supuesto, ha sufrido cambios. En 1989, Gobierno y oposición (excluido el Partido Comunista) acordaron 54 reformas a la Constitución (en un texto con 129 artículos), las que fueron plebiscitadas y aprobadas por el 91% de los votantes, con la participación del 93% de los ciudadanos. El 17 de septiembre del 2005 se aprobaron 58 modificaciones, las que llevaron a las autoridades de la época a sostener que por fin Chile adquiría una Constitución democrática que abría paso al siglo XXI.

A la fecha se han aprobado 41 leyes modificatorias de la Constitución, lo que la convierte, con mucha diferencia, en la Carta Fundamental más reformada en la historia de nuestro constitucionalismo.

Alan Bronfman Vargas Profesor de Derecho Constitucional