Marcela Guajardo Pérez

Autoridades dieron a conocer el último balance sobre la emergencia ocurrida en la pasada Navidad y que afectó a los cerros San Roque, Rocuant y Ramaditas.

Dentro del trabajo de las autoridades se creó una Comisión de casos especiales, donde se detectaron tres personas que pidieron los beneficios sin ser damnificados.

"Nosotros informamos y los organismos pertinentes que investigan deben comprobar la denuncia. Puede haber la configuración de ciertos delitos y eso lo determinan los organismos pertinentes. Tenemos otras denuncias, pero son pocos casos frente la gran mayoría de verdaderos damnificados que recibieron sus bonos", explicó Ricardo Figueroa, seremi de Desarrollo Social.

En el catastro se detectó una alta presencia de adultos mayores y niños entre los afectados.

La semana pasada el ministro de Vivienda, Cristián Monckeber, se reunió con damnificados y se comprometió a crear un plan comunitario de reconstrucción para llevar a cabo la solución definitiva. Las novedades de este plan se conocerían esta semana.

Viviendas

Sobre la inversión realizada por el Gobierno, informaron que se entregaron 419 Bonos de Enseres con un costo de 486 millones de pesos, además de la entrega de 287 cédulas de identidad a los afectados, a cargo del Ministerio del Interior.

Las autoridades dieron tres opciones a los damnificados mientras se concreta la solución definitiva: Bono de Arriendo, Bono de Acogida y Vivienda de Emergencia.

La mayoría de las personas optaron por el Bono de Acogida, donde tienen la opción de quedarse con un familiar y recibir un ingreso. Se entregaron 281 de estos bonos, con una inversión de 84 millones de pesos. La otra opción era el Bono de Arriendo, donde se entregaron 84, con una inversión de casi 50 millones de pesos.

Sin embargo, la tercera opción, de Vivienda de Emergencia, no ha podido ser concretada aún, debido a que el Municipio de Valparaíso no ha realizado la solicitud al Ministerio del Interior para que se gestionen.

"Nosotros tenemos disponible todo lo necesario para instalar estas viviendas, una vez que recibamos la solicitud de la municipalidad", aseguró el Gonzalo Le Dantec, gobernador de Valparaíso.

Desde la Municipalidad de Valparaíso informaron que "se terminó de realizar un nuevo levantamiento de información que, entre otras cosas, arroja que hay un grupo de familias que tienen algunos de sus integrantes durmiendo en sus terrenos, que no tienen vivienda de emergencia, pero sí bono, lo que se provoca porque quieren cuidar el terreno. Es fundamental concentrarse en avanzar y no hacer evaluaciones a la rápida sin tener toda la información".

El 12 de marzo pasado la vida de la familia González Aguayo cambió de forma inesperada. El operativo antinarcótico que la PDI Metropolitana culminó en Colliguay, Quilpué, fue el escenario en el que el comerciante Carlos González Otazo murió tras ser atropellado por uno de los antisociales que la policía civil perseguía desde la IV región.

El hecho ocurrió en el puente Paso del Agua, donde casualmente se encontraba Carlos, quien fue embestido por la camioneta conducida por Ismael Silva Jiménez, integrante de la banda que intentó evadir a la policía. En la temeraria acción, dos funcionarios resultaron graves y un delincuente que había sido detenido también murió.

Silva fue formalizado por homicidio y en el transcurso de la investigación la familia planteó interrogantes que le surgieron sobre las circunstancias de la muerte de Carlos. Ayer acudieron al Ministerio del Interior para solicitar ayuda.

En una carta dirigida al ministro Gonzalo Blumel, Silvia le pidió "su intervención para obtener los videos y todo registro audiovisual y electrónico que nos pueda mostrar el momento exacto en que nuestro esposo y padre fue embestido (...). Documentos que hemos solicitado en reiteradas oportunidades, (...) recibiendo solo imágenes que no aportan nada".

Incertidumbre

En el escrito, Silvia asegura que "hay muchas contradicciones en la versión policial sobre lo que ocurrió (...). Según las declaraciones a la prensa que hicieron los altos mandos de la Policía y del propio Ministerio del Interior, había sido todo un éxito (el procedimiento), siendo que falleció una persona completamente inocente, dejando a nuestra familia desbastada y con la impotencia de no saber por qué".

Silvia también apuntó al exministro Andrés Chadwick. "Cuando habló a la prensa sobre este operativo recalcó algo muy explícito que como familia nos hiere: 'El gobierno velará por la seguridad y la protección ciudadana…' ¿Dónde está, señor ministro, la seguridad y protección que debían brindarle a nuestro esposo y padre?. Él era un inocente que se vio atrapado en el procedimiento policial".

La mujer acusó un mal proceder de la PDI. "Los funcionarios no resguardaron su vida y, además, todo quedó como que él era una persona más, fallecida por casualidad ¡Eso no fue así! La policía manejaba todos los elementos para evitar la muerte de extraños al procedimiento, pues venían planificando con tiempo el operativo, siguiendo discretamente a los imputados, revisando y eligiendo el lugar que realizarían las detenciones, y tenían todos los recursos necesarios".

La carta, entregada en la Subsecretaría de la cartera, cierra implorando una "respuesta a las interrogantes sobre la muerte de quien amamos y extrañamos con el alma. (...) Esperamos tener una pronta respuesta para vivir nuestro duelo en paz".

"Todo esto nos ha producido un dolor inmenso, y el hecho que no se aclare en qué circunstancias fue atropellado, nos duele mucho más. Sabemos quién lo atropelló, pero queremos conocer cómo sucedió eso", concluyó Silvia.

419 Bonos de Enseres, entregó el gobierno para los damnificados del incendio de San Roque.

12 marzo de 2019 se llevó a cabo el operativo policial de la PDI.