Acusan comportamiento indebido de autoridad en la isla Juan Fernández
Exfuncionarias municipales denunciaron a la justicia a un magistrado subrogante por tocaciones. Alcalde afirma que caso no es de su competencia.
Se sienten desprotegidas, vulneradas y violentadas. Dos exfuncionarias municipales de la isla Juan Fernández acusan que perdieron sus trabajos por denunciar a un magistrado por abuso sexual. El caso está ahora en la justicia.
En diálogo con La Estrella las afectadas J.O.O., y L.M.C., relatan que fueron tocadas indebidamente por un juez. Una de ellas que se desempeñaba como jefa del área de Contabilidad, cuenta que el hecho ocurrió a mediados de 2019, cuando el presunto agresor era secretario del tribunal y estaba de titular subrogante. "Al asumir el cargo por más de 30 días, le correspondía el sueldo de juez, y entré a su oficina a solicitarle el respaldo para seguir con el proceso de remuneración. En eso, me tocó y le respondí con una cachetada", relató todavía visiblemente afectada.
L.M.C., por su parte, quien hasta el 31 de diciembre del 2019 era la directora de la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco), recalca que los abusos se repitieron por cuatro meses. "Como era nueva, me asignaron un sumario administrativo que estaba obsoleto y que nadie se quería hacer cargo. Asigné al juez como actuario para que me ayudara y me dijera los pasos a seguir. En una ocasión fui a su oficina y me pasó a llevar las pechugas. Pensé que era cosa mía, pero esto se repitió", se lamenta.
Carta al alcalde (s)
Las afectadas se animaron a denunciar cuando de casualidad se juntaron a tomar once y salió el tema. "Comentamos lo que nos había pasado y le dije a la J., que no nos podíamos quedar calladas. Le pedimos a un carabinero que nos tomara las declaraciones, y luego escribimos una carta que le presentamos al alcalde subrogante, pero que lamentablemente se filtró", afirma L.M.C.
La misiva habría llegado a manos de la secretaria municipal, quien a su vez, se la entregó a unos concejales. "Llegó y la pasó sin borrar nuestros nombres y datos personales. Luego un concejal la subió a su Facebook y toda la isla se enteró de lo que nos pasó. Nos sentimos pasadas a llevar", manifiesta J.O.O.
Actualmente el caso es llevado por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que en territorio insular funciona en dependencias de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Hay una causa por ultraje público a las buenas costumbres en contra del imputado, que en una audiencia de procedimiento simplificado no admitió responsabilidad, respecto de los hechos que habrían acontecido en su despacho de trabajo en el Juzgado de Policía Local. Se espera que durante el proceso declaren funcionarios municipales, incluido el propio alcalde Leopoldo González. "Nosotros hicimos la denuncia en noviembre de 2018 y en julio de 2019 lo ascendieron de secretario a juez. Esto no puede ser. El problema es que en la isla se vulneran los derechos y nadie denuncia por miedo al que dirán o por perder el trabajo", asegura J.O., que junto a la otra denunciante piden que el profesional sea desvinculado.
JEFE COMUNAL
El alcalde isleño Leopoldo González, afirmó ayer que estaba al tanto de la denuncia, pero que "está en tribunales y no pasa por nuestra administración". Asimismo, aseguró que "actuamos como corresponde" y que en primera instancia la Fiscalía determinó la medida cautelar de alejamiento. "Pero en una isla es difícil (que se cumpla) porque nos topamos a cada rato", acotó. En cuanto a la posibilidad de declarar como testigo del juez, afirmó que "tengo entendido que fueron tocaciones, pero no puedo ser testigo de algo que no he visto", cerró el edil.
