La empresa Esval anunció que anulará las deudas a todos sus clientes damnificados por el incendio del 24 de diciembre en los cerros Rocuant y San Roque, que sean parte del catastro que levantan las autoridades. "Esta tragedia ha golpeado duramente a centenares de familias porteñas, por eso queremos contribuir y apoyarlas. Hemos coordinado junto a la Gobernación la condonación de toda deuda que los damnificados mantengan con Esval, independiente de su antigüedad", dijo José Luis Murillo, gerente general.

Para concretar el beneficio la empresa se coordinará con las autoridades, siguiendo el catastro oficial. Desde diciembre se congelaron los cobros por el servicio en la zona (medida que se reevaluará en junio), y la reposición de los arranques también será gratuita. Por ahora se les apoyará con dos estanques estacionarios durante el período de reconstrucción. Además se gestiona con Serviu agilizar la aprobación de proyectos de agua potable presentes en el área. "Este beneficio es una muy buena noticia. Todos sabemos que cuando ocurre una emergencia lo primero es apagar el incendio, pero luego comienzan las necesidades. Hemos estado trabajando permanentemente con los servicios públicos, pero también en acuerdo con los privados, primero con un bono para enseres y otro para arriendos o acogida, para reparar en alguna medida lo que sufrieron", dijo el gobernador Gonzalo Le Dantec.

Redacción - La Estrella de Valparaíso.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, tomará declaración en calidad de imputado al general director de Carabineros, Mario Rozas, y como testigo al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en la investigación que dirige por un grupo de querellas que denuncian la comisión de eventuales delitos de violaciones de los Derechos Humanos, en el contexto de las manifestaciones sociales que se iniciaron el 18 de octubre de 2019.

Cabe recordar que la solicitud inicial de Perivancich fue ingresada al 7° Juzgado de Garantía el pasado 7 de enero. Y posteriormente, el tribunal le pidió antes resolver que señalara expresamente la calidad en que citaría a ambas autoridades, lo que se detalló a comienzos de febrero. Fue así que la titular del 7° Juzgado de Garantía capitalino, Pilar Ahumada, ya autorizó la diligencia que ahora debe coordinarse la fecha y el lugar.

Según consignó El Mercurio, la fiscal porteña explicó al complementar su petición original al tribunal, que en el caso de Rozas la diligencia es en calidad de imputado, porque "reviste en la presente investigación la calidad de querellado, desde que se han deducido querellas nominativas en su contra".

También indica al juzgado que en el caso de Martínez, "no se han deducido querellas nominativas y el Ministerio Público, en esta etapa inicial de la investigación, no cuenta con antecedentes que justifiquen el tratamiento procesal de imputado".

"diligencia necesaria"

En el primer escrito de la fiscal Perivancich, da cuenta de las razones para realizar estos interrogatorios, si bien la diligencia fue requerida por los querellantes en el caso -que acumula distintas acciones penales por hechos de similar naturaleza- el Ministerio Público ha accedido a tal diligencia por "estimarse pertinente y necesaria para el esclarecimiento de los hechos".

En ese contexto, la indagatoria se abrió luego de que 16 abogados presentaran una querella contra el Presidente Sebastián Piñera en noviembre pasado, por "la responsabilidad que le cabe, en su calidad de autor, como Jefe de Estado y de todos quienes resulten responsables como autores, encubridores y/o cómplices del delito de crímenes de lesa humanidad". Además, en la acción penal acusan que en el contexto de las manifestaciones sociales "las Fuerzas Policiales y Armadas procedieron a cometer una serie de acciones que tuvieron por finalidad la restricción ilegal de derechos y libertades". A esta acción, que fue declarada admisible por el tribunal, se sumaron las querellas presentadas por el senador Alejandro Navarro y el secretario general de RD, Leonardo Risetti, entre otros.

Respecto a la representación judicial del general director de Carabineros, Mario Rozas, esta fue asumida por el abogado Jorge Parra, con quien -probablemente- el Ministerio Público deberá realizar las coordinaciones para las próximas diligencias de la investigación que pudieran involucrar a la cabeza de la institución uniformada. Ayer en la Fiscalía Regional declinaron emitir comentarios sobre el caso.