El Hospital Carlos Van Buren ya se encuentra realizando la técnica que el Ministerio de Salud recomienda para la detección del virus SARS-CoV-2 que genera la patología COVID-19. Con la adquisición de equipos entregados a nivel ministerial, más la capacitación de una profesional bioquímico en el Instituto de Salud Pública, el Laboratorio Clínico del centro asistencial porteños comenzó a realizar el examen con capacidad para procesar 270 muestras diarias.

La jefa del Laboratorio Clínico del Hospital Carlos Van Buren, Alejandra Basáez, explicó que "comenzamos a aplicar la técnica Real Time PCR (Reacción En Cadena De La Polimerasa), que es la técnica que el Ministerio de Salud recomienda como la gold standard para la detección del virus que genera la patología COVID-19, el virus de detección es el SARS-CoV-2".

Con respecto a la capacidad del laboratorio del establecimiento de salud, la bioquímico detalló que "nuestra capacidad para realizar los exámenes es de 270 muestras cada 24 horas, comenzamos a procesar controles inicialmente, una vez que se implementó la técnica y enviamos los resultados al ISP, quienes nos aprobaron realizar la técnica con muestras de pacientes, las primeras las hicimos el sábado 21 de marzo y ya comenzamos con la técnica a tiempo completo, de lunes a domingo la semana recién pasada".

En lo que va de esta emergencia sanitaria, la Fiscalía Regional de Valparaíso ha abierto seis investigaciones penales en contra de quienes no han respetado la normativa establecida para resguardar la salud de la comunidad, en este caso, ante la pandemia de COVID-19.

Según precisó el Ministerio Público, el primer caso se dio en Isla de Pascua, donde se recibió una denuncia en relación al eventual incumplimiento de una cuarentena obligatoria por parte de personas extranjeras que habiendo llegado a Rapa Nui, no se encontrarían hospedadas en los lugares que informaron.

El segundo caso se registró en Viña del Mar, con el joven que presuntamente se había escapado del hospital Gustavo Fricke siendo sospechoso de coronavirus. Él, cuya imagen se viralizó en redes sociales, había desmentido aquella situación y acusó fuertes amenazas en su contra.

Un bailable

Hacia el interior de la región se registra la cuarta indagatoria de Fiscalía, precisamente en Limache, donde se denunció a una persona que supuestamente organizó un evento bailable masivo, incumpliendo con las restricciones de la autoridad sanitaria.

Por otra parte, en La Calera se han abierto dos investigaciones más: una en contra de una persona que habría incumplido una cuarentena preventiva en espera del resultado de su análisis de COVID-19 y otra contra un individuo que habría abandonado el hospital local mientras esperaba realizarse el examen.

En torno a la persona que no respetó el tiempo de caurentena se trata de un hombre peruano que la semana pasada había abordado un bus desde Santiago hasta La Calera, donde le advirtió al conductor que era sospechoso de portar coronavirus, pues su hermano ya había sido confirmado. El chofer llevó al sujeto a la comisaría de Carabineros, donde se mantuvo en el antejardín con un overol facilitado por la policía para evitar el contagio.

El ciudadano peruano en cuestión tiene 56 años, había tenido contacto con un caso confirmado en la Región Metropolitana y se mantiene internado en el hospital de Quillota.

El sexto y último caso es en San Felipe y se trata de un establecimiento comercial de venta de alimentos y bebidas alcohólicas.

Según precisaron desde el Ministerio Público, todas las investigaciones se fundan en el Artículo 318º del Código Procesal Penal, el que dice: "El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales".

Los grupos vulnerables fueron definidos como prioritarios por el Defensor Regional de Valparaíso, Claudio Pérez, en el marco del plan de contingencia por el coronavirus que está enfocado a actuaciones procesales dirigidas a resguardar la salud de los imputados. En el actual contexto sanitario, la autoridad señaló que "en razón de la contingencia en las revisiones de prisión preventiva de personas de la tercera edad, estamos solicitando la sustitución por arresto domiciliario". Precisó que esta medida va en la misma línea del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia, cuyo objetivo es aplicar lo mismo a las personas sentenciadas mayores de 75 años.

"Finalizado este proceso de revisión de prisión preventiva respecto de grupos prioritarios y conforme a lo que siempre ha sido nuestro sello institucional, como defensores debemos ir un poco más allá e intentaremos que de aquí al 15 de abril próximo, podamos haber revisado dicha medida cautelar solicitando su sustitución por el arresto domiciliario total, de todos nuestros defendidos", dijo Pérez, que evaluó positivamente la medida de no visitar las cárceles. "No hay posibilidades que nosotros podamos transmitir el virus a la población penal en los distintos recintos penitenciarios. En esa misma línea, continuaremos reforzando nuestra presencia y visitas por video conferencia para tomar conocimiento del estado de salud de nuestros representados e informarles sus procesos", dijo Pérez.