Matias Valenzuela - Redacción / - Nicole Valverde S.

Ayer se cumplió un año del recurso ingresado por el INDH a la Corte Suprema para que se investiguen y pongan fin a los episodios de contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví, anhelo que no ha sido cumplido.

Fernando Martínez, jefe regional del INDH, llegó hasta la Corte de Apelaciones para ingresar un "Pide Cuenta", respecto de los avances del recurso que ingresaron hace un año, a pesar de los varamientos de carbón en playa Ventanas y los 15 peaks de contaminación entre mayo y agosto de 2019.

"El día de hoy estamos presentando un escrito a la Corte de Apelaciones para pedir cuentas acerca del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema del 28 de mayo del año pasado, que acogió un recurso de protección presentado por el INDH, por la contaminación existente en la bahía Quintero-Puchuncaví, hoy se cumple un año, en opinión del INDH han seguido ocurriendo una cantidad importante de hechos de contaminación, esto se ve agravado por la situación de pandemia que existe actualmente", expresó Martínez.

Agregó que "al día de hoy, un año, había una medida de las 15 que decretó la Corte Suprema, que debía estar cumpliéndose e informándose a la corte propiamente tal, que tiene que ver con la identificación y la cuantificación de cuales son los elementos contaminantes que durante el año 2918 causaron más de 1700 personas intoxicadas en Quintero y Puchuncaví, la medida indica que deben haberse identificado cuales son las empresas que lo emitieron".

Greenpeace

La ONG Greenpeace informó que desde el inicio de la pandemia en el país se registran 46 días con indicadores que superan el límite establecido por la OMS por presencia de dióxido de azufre.

"A los graves y constantes episodios de contaminación ahora se suma el peligro del avance del coronavirus. La combinación de estos dos elementos, como lo ha señalado un estudio publicado por la Universidad de Harvard y otro de la revista Science of the Total Environment, podría ser particularmente peligroso e incidiría de manera importante en las tasas de letalidad en medio de la pandemia", dijo Matías Asun, director de Greenpeace Chile.

Concejales dijeron no a Sharp en uso de fondos

Una nueva polémica se vivió en el Concejo Municipal de Valparaíso, luego de que siete concejales rechazaran una modificación presupuestaria por $1.300 millones, propuesta por el alcalde Jorge Sharp, para enfrentar la pandemia.

El jefe comunal presentó al Concejo una modificación presupuestaria por $1.300 millones "que buscaba preparar a Valparaíso para cuarentena. Permitía comprar alimentos, elementos protección, reforzar servicio aseo y creaba bono acogida para mujeres víctimas de VIF", escribió Sharp en su red social Twitter, bastante molesto luego de que la mayoría de los concejales rechazara su idea.

Según se indicó en el municipio, estos dineros se distribuirían en: $600 millones para alimentos y útiles de aseo; $100 milllones para bono de acogida en caso de violencia intrafamiliar; $200 millones en elementos de protección personal para trabajadores municipales; y $400 millones para fortalecer equipos de aseo, operaciones, emergencia y atención de público.

Fue precisamente este último tema -el de nuevas contrataciones tras el fracasado y polémico llamado a concurso de directores de colegios-, así como lo que algunos calificaron como una propuesta poco clara, lo que motivó el rechazo de los ediles Luis Soto, Carlos Bannen, Marcelo Barraza, Eugenio Trincado, Claudio Reyes, Daniel Morales y Ruth Cáceres.

El alcalde reaccionó molesto y se descargó a través de sus redes sociales visibilizando la votación. Luego, confirmó que seguirá insistiendo en la modificación presupuestaria y destacó que estos recursos son aparte de los que el Gobierno le entregó el municipio, que alcanzan la cifra de $1.375 millones.

"Ayer conversamos con los concejales que asistieron cómo se orientarán los recursos aportados por el Gobierno (...) En definitiva, los mismos objetivos que tenía la modificación rechazada de forma injustificada, los cuales fueron expuestos en detalle en la comisión de finanzas el 26 de mayo", dijo Sharp.

Concejales molestos

La polémica modificación presupuestaria generó diversas reacciones públicas de los concejales.

Marcelo Barraza afirmó que "me parece lamentable que en lugar de buscar soluciones para el bienestar de las familias porteñas, Jorge Sharp pierda el tiempo y energía culpando al Concejo Municipal de entorpecer la entrega de ayuda a lo largo de la comuna".

A través de Twitter, explicó: "El problema de fondo, y lo único que el Concejo rechazó, fue una modificación presupuestaria para la contratación de nuevo personal en el contexto de la crisis sanitaria, siendo la única condición el tener acceso a la lista y méritos de la personas que se quiere integrar... Algo totalmente lógico luego del escandaloso proceso de contratación de directores para la Cormuval".

Barraza, quien preside la comisión de Régimen Interno del Concejo, aclaró que el pasado 18 de mayo esta instancia ya había aprobado $34 millones para la compra de 1.500 cajas de alimentos.

Por u parte, los concejales, Daniel Morales y Claudio Reyes, del Movimiento Valparaíso Ciudadano, publicaron una carta abierta dirigida al alcalde donde señalan: "Usted se opuso a llegar a un acuerdo junto al pleno del Concejo Municipal , y decidió forzar una votación para la cual se carecía de fundamentos de planificación y transparencia solicitados por los concejales para fundar adecuadamente nuestra aprobación".

Respecto a los dineros que la administración planteó destinar a la compra de alimentos, ambos concejales aseguran que "esa necesidad está cubierta, hoy se encuentran aprobadas en el Consejo Regional 13.840 cajas de mercadería para ser repartidas a los porteños más carenciados".

Mónica Astorga no ha tenido una vida fácil. Hace 15 años abandonó Reñaca Alto y se instaló con su familia en una carpa en el campamento Manuel Bustos. Al principio confiesa que no se hallaba hasta que conoció a sus vecinos y se sintió parte de su barrio.

Pero como si el sacrificio de vivir en un campamento no fuera ya complejo, hace un tiempo Mónica fue diagnosticada con un cáncer al esófago en avanzado estado, el que se complicó recientemente con la aparición de un nuevo tumor en el intestino.

"Yo estoy enferma, tengo dos tipos de cáncer; uno al esófago y otro en el intestino, y el miedo que tenía era que me pasara algo y que mis hijos quedaran a la deriva. Entonces esto para mí es una tranquilidad porque ahora yo sé que ellos están seguros, no importa que me pase algo a mí, ellos ya están seguros", comentó Mónica emocionada.

"Hemos hecho un avance muy importante con la entrega de títulos de dominio lo que ha permitido a las familias ser propietarias y el caso de la señora Mónica era especial, nos pidieron poder acelerar esta entrega y como lo hemos hecho durante todo este periodo, a pesar de la pandemia, como ministerio no hemos dejado de trabajar y prueba de ello es que hemos entregado este documento, lo cual nos pone muy contentos como servicio", comentó Tomás Ochoa, director de Serviu Valparaíso.

La seremi de Salud confirmó ayer el primer caso COVID-19 de Gendarmería en la región de Valparaíso.

Se trata de una funcionaria que se desempeña en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Los Andes.

El director regional (s) de Gendarmería, coronel Manuel Palacios, sostuvo que "lamentablemente debemos informar que una funcionaria del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes dio positivo en el examen de PCR que se realizó el miércoles 20 del presente mes. Ella se mantuvo en cuarentena preventiva desde el mismo día que informó los síntomas y se realizó los exámenes, por lo que a partir de ese momento no mantuvo contacto directo con el contingente de la unidad ni con la población penal".

La gendarme confirmó que habría adquirido el coronavirus por un contacto cercano producido en su domicilio.

Por otra parte , una funcionaria civil del Complejo Penitenciario de Valparaíso se encuentra en cuarentena preventiva a la espera del resultado del PCR realizado la semana pasada, esto luego de que un familiar directo diera positivo en el test.

A la fecha la institución penitenciaria registra a nivel nacional 433 casos confirmados de internos y 355 de funcionarios, quienes permanecen bajo monitoreo permanente.

Esta semana se confirmó también el primer caso COVID-19 en un interno del Centro de Detención de Casablanca, quien se habría contagiado antes de ser detenido por incumplimiento de condena y estaba en cuarentena preventiva cuando se dio a conocer su diagnóstico.