El reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, cultural y social y no un "problema meramente familiar" o mucho menos acciones que emanan de alguna enfermedad o patología, en definitiva, visualizar la violencia de género como el resultado del continuo cultural en que muchos hombres sienten que pueden quitar y truncar el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres, hace imprescindible el impulso de proyectos de ley que permitan reducir barreras de impunidad a agresores que, en el marco de la actual ley sobre violencia intrafamiliar, obtienen medidas cautelares tales como: prohibición de acercarse a la víctima, abandono inmediato del hogar común, prisión preventiva. Medidas que en muchas causas son quebrantadas, lo que muchas veces hace que las que ya tenemos sean insuficientes y deficientes para garantizar la efectiva protección a la mujer que sobrevive a uno o más hechos de violencia. A mayor abundamiento, son medidas que si bien deben ser observadas y fiscalizadas por diferentes organismos del Estado, son las propias mujeres quienes deben activar a la red en el evento de existir incumplimiento a las mismas, entonces le estamos pidiendo que sean las propias víctimas que se activen, en consecuencia el efectivo cumplimiento de estas medidas involucra a Instituciones del Estado, a la comunidad civil y a la propia mujer sobreviviente de violencia machista; y surge la pregunta: ¿en qué momento interpelamos al agresor (único responsable) al cumplimiento y observancia de estas medidas cautelares? Una política pública estatal con enfoque de género no debe centrar el juicio y responsabilidad en la mujer sobreviviente.

Así el proyecto de ley que establece el control de monitoreo telemático al cumplimiento de medidas cautelares para casos graves de violencia intrafamiliar ingresado al Senado con carácter de urgencia desde nuestro Gobierno, es una medida que a diferencia del monitoreo telemático vigente en nuestra legislación, va a monitorear tanto a la víctima como al agresor, permitiendo la localización que tengan ambos durante el día. De esa forma, la tecnología permitirá alertar ante cualquier situación de acercamiento, y en caso de ser necesario se generarán controles policiales.

Este proyecto de ley es hoy una oportunidad para que el aparato estatal: poder ejecutivo, legislativo y judicial refuercen medidas y acciones concretas que reduzcan las posibilidades al agresor se seguir hostigando, amedrentando y revictimizando a mujeres que sufren violencia. Lo anterior cobra especial relevancia, en momentos en que la violencia contra la mujer ha aumentado durante la pandemia. Las cifras son reveladoras, el Fono de Orientación en Violencia 1455, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ha tenido un 45% más de llamadas el último mes, mientras que el Fono 149 de Carabineros que ve especialmente caso de violencia intrafamiliar, ha recibido un 70% más de llamadas en relación al año 2019. Crisis sanitaria que ha evidenciado que la "cultura del mal trato machista" que posiblemente estaba presente y naturalizado en la relación se agudiza en encierro forzado por distintas razones.

Valentina Stagno, seremi de la Mujer y Equidad de Género