Aprueban proyecto que protege servicios básicos
Senado dio luz verde a iniciativa que prohíbe a las empresas proveedoras de luz, agua, gas, telefonía e internet cortar suministro por deuda.
El día de ayer la cámara alta sesionó -vía remota- para aprobar un proyecto de ley que impide que los servicios básicos sean suspendidos por no pago de los clientes.
El texto final, establece que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, de distribución de electricidad y de gas en red, no podrán cortar el suministro por mora.
Del mismo modo, indica que las deudas contraídas con las empresas que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta 90 días después de publicada la ley, serán repactadas en acuerdo con el usuario, en la cantidad de cuotas mensuales que él determine, con un límite de 12, sin cobro de intereses ni gastos asociados.
Lo anterior se aplicará a personas naturales, hospitales y centros de salud, cárceles, cuarteles de bomberos, ONGs, y micro empresas, entre otros.
Respecto a los servicios de telefonía fija, móvil o acceso a internet, los clientes podrán solicitar al proveedor el cambio transitorio a un plan básico de conectividad, el cual no tiene costo.
Los beneficiados de este proyecto serán quienes integren el 60% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares. También se incluye a adultos mayores y quienes estén acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Por último, los trabajadores independientes pueden también acceder al beneficio, si es que pueden acreditar una disminución en sus ingresos.
Reacciones
Parlamentarios de distintos sectores celebraron la medida.
El diputado Andrés Longton declaró que "el proyecto quedó redondo desde el punto de vista de que no solamente ayuda a los más vulnerables, si no que también a la clase media que muchas veces se ha visto postergada respecto a los beneficios que otorga el Estado, sin perjuicio de que había un acuerdo con las empresas, era importante plasmarlo a través de un proyecto de ley".
El senador Ignacio Latorre, alabó la iniciativa, sosteniendo que "es algo de sentido común, son empresas privadas que deben tener una función social, una orientación al bien común, y el estado debe hacerlo por ley, no un arreglo 'a lo amigo', que hizo el Presidente, muy acotado".
Despachado
El proyecto es fruto de varias mociones refundidas, y en esta semana atravesó un importante avance legislativo. Ayer jueves, la sala del Senado aprobó por 28 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones el proyecto, y el miércoles fue despachado por la Cámara de Diputados, por lo tanto solo resta la promulgación del Presidente de la República Sebastián Piñera para que la iniciativa sea una realidad.