"Hay sobrerreacción del Poder Judicial" al revocar libertad de Bustamante
Funcionarios civiles de Gendarmería dicen que no se ajusta a la ley que le hayan quitado el beneficio y que Corte operó en base a la opinión pública.
Belén Velásquez N. - La Estrella de Valparaíso
La directiva regional de la Asociación Nacional de personal no uniformado de Gendarmería -que agrupa desde directivos hasta auxiliares- salió al paso luego de que se cuestionara públicamente a la institución por no informar antes las faltas no justificadas de Hugo Bustamante, quien no concurrió a firmar en dos ocasiones mientras gozaba de libertad condicional.
El gremio acusa que al revocársele el beneficio al ahora imputado por el crimen de Ámbar Cornejo, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso actuó en base a la presión de la opinión pública, pues sostienen que la instancia -de carácter administrativo- no resolvió de acuerdo a la ley vigente. "Está mal aplicada la ley", aseguró la secretaria regional de la agrupación de funcionarios, Paola Novoa.
Los argumentos
Según el oficio de la Comisión, ésta argumentó para la revocación que Bustamante presentó dos inasistencias injustificadas a firmar: una en febrero y otra en abril; y que estando ahora en prisión preventiva no podrá seguir cumpliendo con la misma firma establecida en su plan de trabajo. Asimismo, la instancia indicó que si una persona en libertad condicional "es condenada por cualquier delito o incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual, sin justificación", Gendarmería debe informar, siendo causal de revocación.
"Están haciendo una mezcla de dos leyes porque lo que está vigente en 2016 es el Decreto Ley 321 que señala en su Artículo 7 que el incumplimiento de la libertad condicional debe ser informado por Gendarmería cuando hay dos faltas consecutivas, dos semanas sin firmar consecutivamente, y en este caso ha quedado establecido que las faltas que se están adujendo sobre el condenado no fueron semanas consecutivas".
Respecto del Plan de Intervención, Novoa señaló que "eso está contenido en la ley nueva de libertades condicionales vigente deste el año pasado. Antes no hay ninguna relación normativa ni legal a un plan de internvención individual. Por tanto este sujeto nunca tuvo un plan de intervención individual, entonces malamente puede no cumplirlo".
"Están mezclando las dos cosas -norma antigua y actual- porque la Comisión hace alusión al Artículo 7 del 321, que era lo antiguo, pero incorpora el tema de que no cumplió su plan de intervención, que es del año pasado".
En ese sentido, la representante de los funcionarios civiles mantiene la postura que "técnicamente no hay causal de revocación, según la ley y el reglamento de la ley", pues "los internos que salieron del 2019 en adelante son los que deberían tener un plan de intervención individual, pero no lo pueden tener porque el Ministerio de Justicia no ha dictado el reglamento ni se han contratado a los delegados".
"Entonces, ya tenemos tres tandas de libertos que han salido y no se está cumpliendo la ley porque no hay plan de intervención, no hay seguimiento, no hay profesionales a cargo", sostuvo la secretaria regional de la agrupación.
Para la revocación de Bustamante, la Corte también argumentó que la prisión preventiva del imputado "impide que pueda cumplir con su programa de libertad condicional", lo que -según Novoa- tampoco tiene sentido.
"No va a cumplir con la firma y obviamente eso corresponde que Gendarmería lo informe, que es lo que se hace regularmente cuando algún liberto cae con alguna causa nueva y está privado de libertad. En el fondo es Gendarmería que le informa a Gendarmería, hay una justificación. Él es imputado, no es condenado por otro delito, entonces no se le debió haber revocado -por lo menos aún- la libertad condicional".
Se están defendiendo
En conclusión, a juicio de Paula Novoa, la Comisión actuó de acuerdo "a la conmoción pública. Hoy el Poder Judicial, y en particular las comisiones de libertad condicional, están sobre expuestas a propósito de la acusación consitucional y en particular la defensa de la ministra Donoso, quien ha sacado a relucir la calidad de los informes de Gendarmería: que no estaban en las carpetas, que no se informó cuando correspondía porque se habría revocado antes".
"Entonces hay una sobrereacción del Poder Judicial que está tratando de defenderse de todas las maneras posibles y dándonos responsabilidades que nosotros no tenemos", cerró Novoa.