Priscilla Barrera Ll.

Distintos sectores de la economía se han visto fuertemente afectados por efecto de la pandemia, y eso lo han vivido en carne propia los pequeños y medianos comerciantes de Viña del Mar, ciudad principalmente turística que ha visto reducida su actividad provocando cierres y riesgos de quiebra en un alto número.

De ahí que medidas concretas como la aprobada este martes en sesión de comisiones del Concejo Municipal que resolvió, por unanimidad, dar luz verde a la ordenanza de Derechos Municipales que permitirá eximir al comercio establecido, del pago de derechos para el uso de veredas y bienes nacionales de uso público representen un empuje real para este gremio.

La medida permitirá a los dueños de restoranes, cafeterías y todos aquellos que puedan habilitar terrazas, aumentar la capacidad y espacio de funcionamiento.

La ordenanza contempla además eximir del pago de derechos de publicidad que pueda estar adherida en mesas, quitasoles, cierres y terrazas.

El concejal Jaime Varas, presidente de la Comisión de Finanzas y Obras del Concejo Municipal, destacó que la medida se hubiese aprobado de manera unánime y recordó que hace al menos dos años el municipio venía analizando esta modalidad de manera de lograr cierta uniformidad.

El edil agregó que la iniciativa cobró fuerza especialmente en pandemia, y fue empujada especialmente por el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Rodrigo Rozas y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio Poniente, Javier Alvarez.

"Esta medida apunta especialmente a aumentar los aforos de los restoranes y café de manera que cuando lleguemos a la etapa 3 puedan funcionar con mayor espacio", destacó Varas.

Cámara de comercio

Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio de Viña destacó la iniciativa, precisando que llena de optimismo al sector.

"Es una iniciativa que tomamos con bastante optimismo ya que viene a apoyar directamente a todos los tipos de negocios sacando productos y mesas al bien nacional de uso público pero no solo debieran ser las veredas también proponemos en algunos minutos cerrar ciertas calles para aumentar la oferta y la demanda y en consecuencia lograr rentabilidad en el resultado operacional ya que con el 25% de aforo lamentablemente la gran mayoría de los restorantes no podría abrir sus puertas y que puede también desplazar claramente a la problemática del intercambio ilegal que se produce en las calles", comentó Rozas.

El dirigente gremial añadió que es fundamental que en esta iniciativa esté involucrado Carabineros en todos los sectores. "Sin seguridad tendremos aumento natural de los ilícitos por eso resulta lógico que Carabineros apoye con presencia para brindar esa sensación de seguridad", acotó el dirigente.

Rozas destacó que el no cobro de derechos de publicidad es una medida "inédita que puede lograr que la empresa pueda negociar directamente con una marca y así financiar el mobiliario como los son mesas, sillas y toldos en momentos financieros de gran escasez".

3 es el número de la fase del plan "Paso a paso" en donde pueden funcionar los restoranes.

Divididos estarían por estos días los vecinos de El Salto que hasta hace sólo un par de semanas luchaban unidos para oponerse al desalojo informado por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) debido al grave deterioro del talud por donde se extiende la línea del metro.

Familias con más de 60 años en este lugar que han echado raíces y formado sus redes en el sector se manifestaron incluso públicamente, mediante una protesta pacífica en la que fueron acompañado por el asesor jurídico, el abogado Matías Sánchez.

Sin embargo, tras esa protesta, algunos vecinos sintieron que la junta de vecinos liderada por Doris Arancibia, no ha planteado soluciones concretas en función de los escenarios posibles - desalojo o una eventual radicación - y por lo mismo decidieron agruparse de manera independiente.

Fue Pablo González, vecino con 20 años de residencia en el sector - aunque personas de El Salto aseguran que hace años ya no vive en este lugar -, quien con el apoyo de uno de sus jefes, Enzo Muñoz, propuso a sus vecinos presentar un proyecto que permitiría confirmar o desestimar los informes de EFE.

Según González, la junta de vecinos no quiso sumarse a esta iniciativa y por lo mismo se encuentran trabajando de manera separada.

Para González, la posibilidad de quedarse es prácticamente imposible y la propuesta que ellos plantean es tener alternativas concretas para las familias.

"La junta de vecinos está dividida. No quieren trabajar con este proyecto directamente", aseveró.

Para la presidenta de la junta de vecinos, Doris Arancibia, la división entre los vecinos es lamentable y deja en mal pie a la comunidad que está luchando por poder quedarse.

"Es muy lamentable que personas que estamos peleando por el mismo motivo se dividan por egoísmos propios dañando todo lo que ya por casi dos años hemos estado luchando. Sea cual sea el beneficio. Para cada uno pero que sea digno tanto para los que tomen la opción de postular o quedarse somos vecinos de toda la vida y esto a mí me parece egoísta e irresponsable", comentó la dirigente.

50 familias estarían apoyando la propuesta de Pablo González para El Salto.