Erika Rojas Salazar

Varias llamadas alertaron a los concejales porteños Ruth Cáceres y Luis Soto sobre una ocupación ilegal justo frente al auditorio Alfredo Guillermo Bravo del cerro Cordillera. Fue la edil Cáceres que informó sobre la situación en primer lugar en Concejo, y este miércoles Luis Soto volvió a exponer el tema, manifestando que el sector era peligroso y con riesgo de derrumbe.

Zona de riesgo

"Nuestra principal preocupación como autoridades no va en el sentido de querer sacar la gente porque sí. Efectivamente hay terrenos donde existe un particular de por medio y éste vela por sus intereses, otras veces está Serviu o Bienes Nacionales u otro organismo público. Es cierto que no es legal ningún tipo de ocupación, pero en este caso la preocupación es por el peligro que corrían estas personas instalándose ahí", explicó el concejal Soto.

El terreno donde los vecinos del cerro Cordillera denunciaron la toma es precisamente la ladera del camino Cintura, justo frente a la cancha y tras el paradero, donde apenas unos metros corresponden a terreno plano y el resto es una quebrada con riesgo de derrumbe y de inundación.

"Queremos que nuestros vecinos tengan la opción de una casa propia en un lugar digno, sin peligros, donde puedan contar con suministros básicos y regularización de propiedad", manifestó el edil.

Durante estos días inspectores municipales habrían visitado el lugar dejando citados al Juzgado de Policía Local a las personas que pretendían vivir en dicho espacio.

El llamado es a evitar a tomas ilegales, más aún si se trata de lugares en declive y zonas de riesgo evidente para la integridad humana.

La crisis sanitaria no baja la guardia y tampoco lo hace la crisis económica. Según el último reporte de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, un total de 215 porteños se han acogido a la ley 20.720 o exley de quiebras, con el fin de poder solucionar su problema de sobreendeudadmiento, lo que significa un alza del 12% en esta misma materia respecto al reporte del mes anterior.

"Esta alza va en línea con el aumento experimentado a nivel nacional y responde a las magras cifras económicas de la región y el país, junto a tasas de desempleo que están en máximos históricos", indicó respecto al caso Ricardo Ibáñez, abogado fundador de defensadeudores.cl.

En el caso de las empresas el panorama tampoco es demasiado alentador. Un total de 78 se han acogido a la misma ley en el último mes, un 22% más respecto a lo que sucedió en julio.

"Esta alza se explica porque muchas de las pymes que tenían créditos COVID con seis meses de gracia, hoy día están comenzando a pagar las cuotas. Lo mismo está sucediendo con los créditos hipotecarios que fueron postergados en estos meses. Por lo tanto, las empresas tendrán mayores gastos que asumir en momentos en que aún no vemos una recuperación de la economía", explicó el mismo experto.