Belén Velásquez N. - La Estrella de Valparaíso

Según datos de la Defensoría Penal Pública (DPP), desde el inicio de la pandemia a la fecha (16 de marzo al 27 de septiembre), han ingresado 4.472 causas por delitos contra la salud pública a nivel regional, esto es principalmente el no respetar el ya conocido Artículo 318 del Código Penal.

En el balance anual de la institución, se evidenció que 3.795 de esas causas corresponden a imputados masculinos, mientras que 677 fueron mujeres.

Asimismo, de las 4.472 causas, el 30% ingresaron a través de un control de detención, es decir, al Juzgado de Garantía, para ser formalizadas. Sólo 92 casos de aquellos quedaron en prisión preventiva, o sea el 6%.

Estabilización

Por otro lado, según datos aportados por Fiscalía, se ha podido notar que la cantidad de infractores al Artículo 318 ha tendido a estabilizarse, manteniéndose las cifras en torno a lo reportado en julio, mes en el que se notó un incrementó importante respecto de mayo y junio.

En ese sentido, el Ministerio Público informó que en mayo se reportaron 2.528 personas que quedaron en espera de ser citadas por Fiscalía, en junio ese número aumentó a 3.250, en julio subió a 4.622, para elevarse a 4.779 en agosto. En septiembre -hasta ayer por la tarde- el número de citados o apercibidos bajaba a 4.440.

Dichas cifras corresponden a quienes por primera vez infringieron la normativa vigente (Art. 318), pues a nivel nacional el Ministerio Público estableció que sólo serían detenidos y pasados a control de detención los infractores reincidentes.

En cuanto a aquellos que atentan contra la norma 318 en forma reiterada, continúa subiendo la cifra, pues en mayo se registraron 22 imputaciones de cargo por infringir la ley más de una vez. En junio, dicha cifra subió a 172, disparándose nuevamente en julio con 903 formalizaciones.

En los últimos meses los números aumentaron levemente a 932 imputaciones en agosto y 1.051 en septiembre.

Más falsificaciones

Otro fenómeno registrado por la Fiscalía es el aumento considerable de imputaciones por el delito de falsificación de instrumento público, atribuible a la adulteración de los permisos de circulación. El fenómeno también había sido advertido por Carabineros en Valparaíso.

En ese sentido, de 12 formalizaciones por dicho delito que se llevaron a cabo en agosto, este mes ese número se elevó a 249, según información del Ministerio Público.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Villa Alemana, que el pasado 11 de septiembre había sobreseido total y definitivamente la querella que el perito forense Francisco Pulgar había interpuesto en contra de la fiscal del caso Ámbar, María José Bowen, y del director de la PDI, Héctor Espinoza, acusándolos de los presuntos delito de injurias y calumnias graves.

No hubo delito

La acción judicial de Pulgar decía relación con dichos que Bowen y Espinoza habrían emitido en los medios de comunicación, cuestionando la legitimidad de un perito.

Sin embargo, el juez de garantía, Ignacio Adana, había considerado que no existía delito por parte de los querellados, pues "las expresiones no iban dirigidas ni hacían mención a alguien en particular" informó el Ministerio Público en aquella ocasión.

En Twitter, Pulgar anunció el 14 de septiembre que recurriría al tribunal de alzada porteño para que "la Corte de Apelaciones haga algo de justicia".

Sin embargo, tras los alegatos realizados, la Corte confirmó la resolución de Garantía, dejando sin efecto la querella de Pulgar contra la persecutora y el oficial policial. Además el sobreseimiento fue dictado con costas, es decir, Pulgar deberá costear los honorarios de las defensas privadas de los querellados, situación que no fue apelada por el abogado de Pulgar, informaron desde la defensa de la fiscal.

El Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud presentada por la defensa del empresario Patricio Contesse González, quien buscó el sobreseimiento de la acusación formulada en su contra por delitos tributarios dentro del caso SQM.

La conducta que le imputa la Fiscalía al empresario es haber resuelto e instruido el registro e incorporación de declaraciones juradas, boletas y facturas falsas en la contabilidad de las sociedades y la presentación de declaraciones de impuesto maliciosamente falsas.

En este contexto, el Tribunal desechó la totalidad de las argumentaciones planteadas en que la defensa pretendía se declarara la inexistencia del delito, la falta de participación de su representado y la extinción de la responsabilidad penal, fundando esta última en la infracción a la garantía de ser juzgado en tiempo razonable.