En mayo del 2018, el diputado Andrés Celis recibió antecedentes sobre irregularidades financieras y educativas en establecimientos porteños pertenecientes a la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval). A dos años de esa denuncia, la Contraloría Regional de Valparaíso confirmó que el Liceo Técnico de Valparaíso y el María Luisa Bombal percibieron ingresos por casi $500 millones por actividades comerciales ajenas a sus fines públicos pedagógicos y en donde, además, fueron contratados menores de edad, no pudiendo demostrar que hubo permisos parentales autorizando dichas actividades.

Examen de cuentas

El contundente informe emanado por la Contraloría Regional de Valparaíso, luego de realizar una auditoría y examen de cuentas a los gastos realizados por la Cormuval entre el 1 de enero de 2017 y 30 de junio de 2019, con cargo a diferentes fondos de educación, reveló que ambos Liceos recibieron un total de $490.649.302 provenientes de actividades irregulares, ajenas a la finalidad pública pedagógica de la Cormuval, por lo cual la entidad fiscalizadora solicitó su suspensión inmediata, evidenciando también servicios laborales realizados por alumnos, algunos menores de edad, sin el debido permiso de sus padres. Entre estos, servicios de gastronomía y catering, imprenta y otros.

Tres grandes temas

Lo investigado por Contraloría puede dividirse en tres partes: los recursos aportados por la Cormuval a ambos establecimientos educacionales, en el marco de la Ley 19.410; el uso irregular de los recursos e ingresos obtenidos por los liceos en el marco de actividades ajenas a la labor educativa; y las deficiencias y faltas de medidas de control tanto de la Cormuval como de los establecimientos en el manejo de los recursos.

Es que, además, el informe expone el mal uso de $931 millones de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que fueron destinados a la compra de distintos elementos para dos liceos ya individualizados.

"Este informe confirma las gravísimas prácticas al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso y en esos dos liceos, los cuales fueron utilizados como máquinas operadoras de servicios que luego vendían a la propia Cormuval, algo absolutamente impropio, poco probo y respecto del cual el alcalde debe responder a la brevedad", sostuvo Celis.

Transmisión en vivo

El alcalde Jorge Sharp se refirió al juicio de cuentas que iniciará la Contraloría en una transmisión en vivo del Facebook municipal, en donde solo estuvo presente el periodista de la municipalidad de Valparaíso, afirmando que se trata de malas prácticas que venían de años anteriores. Afirmó que cuando se destapó la denuncia a fines de 2018, su equipo se encargó de entregar los antecedentes a Contraloría y la Defensoría de la Niñez. Además informó que solicitó la renuncia de Silvana Sáez, directora del área de Educación de la Cormuval.

Comisión educación

Carlos Bannen, edil porteño y presidente de la Comisión Educación del Concejo Municipal, sostuvo que "el informe de Contraloría es lapidario. Da cuenta de una serie de situaciones irregulares y ordena remitir antecedentes a la Fiscalía y a la Defensoría de la Niñez. Acá se utilizaron los recursos de los alumnos mas vulnerables (subvención escolar preferencial, 931 millones de pesos) los que la Contraloría ordena restituir. Hay ingresos y gastos que no tienen respaldos. Incluso hay gastos en restaurantes y en alcohol. Es una situación sumamente compleja, a todas luces irregular", declaró Bannen, quien además sostuvo que era el momento de la autocrítica del alcalde y de pedir además la renuncia del gerente de la Cormuval.

SuperintendenciA

"En octubre del 2018 la Superintendencia de Educación recibió una denuncia por presuntas irregularidades del Liceo Técnico de Valpo dependiente de la Corporación Municipal. Se hizo una investigación de los recursos percibidos por el establecimiento y se rechazaron gastos por 390 millones de pesos de la subvención SEP y General por no acreditarse que éstos estaban referidos a fines educativos. De la misma forma se logró establecer que no se habían declarado cerca de 220 millones de pesos por ingresos percibidos en asuntos comerciales no relacionados con la educación", expresó Cristián O'Ryan, Superintendente de Educación, quien además declaró que desde el punto de vista normativo, el establecimiento no cumplía con la obligación de tener objeto único, es decir, desarrollar su proyecto educativo principalmente, porque estaba ejerciendo labores comerciales.

"Todo esto dio origen de una multa de privación de subvención del 10% por 4 meses. Finalmente detectamos otras irregularidades que no son competencia de este servicio y es por eso que se ofició a la Defensoría de la Niñez, Servicio de Impuestos Internos y Seremi de Salud", detalló O'Ryan.

Además el subsecretario de Educación, Jorge Poblete Aedo, apuntó que "son hechos graves que tienen que ser analizados e investigados. La Superintendencia de Educación ya había recibido la denuncia, la cual estaba en curso. Esta investigación se realizó y llevó a sanciones que fueron cursadas en enero de este año, las cuales implicaron reducción en los montos de subvención que se entregan".

FIScalía ReGIONAL

Desde el Ministerio Público se informó que el 2019 se recibió una denuncia y se despachó orden de investigar a la BRIDEC de la Policía de Investigaciones, quienes en febrero de este año entregaron su informe. Dichos antecedentes no fueron suficientes de manera que se procedió al archivo provisional de la causa.

"En relación al informe emanado por la Contraloría de la República la Fiscal Regional, Claudia Perivancich, remitió los antecedentes a la Unidad Regional Anticorrupción mediante oficio 688-2020 para la investigación de eventuales delitos de malversación de caudales por mal uso de los recursos de la Ley SEP, que son los hechos que en principio tendrían relevancia penal, esto sin perjuicio que en el transcurso de la investigación pudiesen establecerse otros hechos constitutivos de delitos diversos", informaron desde Fiscalía.

Defensoría de la niñez

Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, indicó que desde junio investigan el tema que dice relación posible trabajo infantil en establecimientos porteños. "El 13 de junio se hizo la denuncia, pero hasta ahora no se conocen las diligencias solicitadas. En paralelo también se ofició al alcalde para conocer mayores antecedentes y fue la Cormuval quien expuso que se trataba de prácticas profesionales y no de trabajo infantil. Sin embargo, el informe de Contraloría nuevamente nos hace revisar las indagatorias con profundidad".

Luis Riquelme, presidente del Centro General de Padres del Liceo Técnico de Valparaíso, aseguró que los alumnos sí contaban con las autorización parental para hacer ciertos trabajos internos propios de las labores prácticas de sus carreras. "Esos permisos los manejaban los profesores, pero ahora no aparecen (...) y no ha podido demostrarse que si se solicitaron en su momento", aseguró el dirigente y apoderado.