Javiera Palta Olmos

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ingresó ayer un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional el proyecto parlamentario que busca entregar un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

A través de un comunicado, el ejecutivo afirmó que la iniciativa, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, "no solo es inconstitucional, sino que además genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas con más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la justicia social".

De igual forma, acusó que "algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución".

"Esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad e impuestos", agrega el comunicado.

La declaración recordó que el pasado miércoles el gobierno "presentó al Congreso un proyecto de ley que permite un retiro único y extraordinario del 10% de los fondos de ahorro previsional, priorizando a quienes más lo necesitan", asegurando que "este es un proyecto responsable que otorga un importante alivio a as personas que más lo necesitan, resguarda mejor las actuales y futuras pensiones", afirmando que el proyecto no le otorga beneficios tributarios a los sectores de mayor ingreso.

Además, el Ejecutivo mencionó que "el gobierno está trabajando en una iniciativa legal que permita extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las familias más necesitadas, cuyas comunas se encuentren o puedan encontrarse bajo cuarentenas o limitaciones severas a la movilidad por razones sanitarias".

Sigue el rojo la polémica por el anuncio de la circulación del autoproclamado "Bus de la libertad", iniciativa liderada en Chile por el Observatorio Legislativo Cristiano, y que ha sido acusado de promover la homofobia y los mensajes de odio. El bus, que ya circuló en 2017, volverá esta semana a las calles de Santiago y Valparaíso, pese a las numerosas peticiones de prohibirlo.

Ante ello, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) confirmó que, en forma paralela, harán circular desde hoy el llamado "Bus de la diversidad", en "rechazo al odio promovido por el autodenominado Bus de la Libertad", indicaron el comunicado.

Como parte de su recorrido, este bus estará en Valparaíso el miércoles 25 de noviembre, aunque no se ha detallado aún su trayecto.

El Movilh solicitó ayer al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que un observador del organismo los acompañe, ya que "en 2017 carabineros hostigó a los manifestantes de nuestro bus, pese a que sus expresiones eran pacíficas y no obstaculizaban el libre tránsito".

Los efectos de la pandemia han alcanzado, de una u otra manera, a toda la población, pero también han afectado a los animales, en especial debido a que las instituciones y corporaciones dedicadas a su protección han visto reducidos los ingresos para financiar su operación.

La mayoría de los refugios, protectoras y ONGs destinadas al cuidado de animales sobrevive gracias a donaciones de personas y empresas, junto al esfuerzo de los administradores y voluntarios. Pero la crisis también los ha golpeado y muchas de estas organizaciones hoy ven complicada su labor.

Por esta razón, el consejero regional Manuel Millones inició una serie de conversaciones, tanto en la Subsecretaría de Desarrollo Regional como a nivel parlamentario, para lograr que la Ley de Presupuesto 2021, que se discute actualmente en el parlamento, contemple una facultad para que los Gobiernos Regionales puedan subvencionar los gastos operacionales de estas organizaciones, incluyendo aquellas instituciones sin fin de lucro que administren cementerios de mascotas.

"Los últimos meses han sido muy complejos en términos de donaciones de recursos o alimentos, haciendo crítica la situación de muchos refugios que cobijan a cientos de perritos abandonados. Lo mismo ocurre con las ONGs que rescatan mascotas de la calle y las llevan a residencias transitorias mientras se les busca un hogar. Por eso pensamos en esta indicación y quiero agradecer al senador Francisco Chahuán que recogió esta inquietud y presentó esta indicación legal que tendrá que ser votada esta semana", manifestó Millones.

Ayuda

La indicación presentada fue valorada por distintas organizaciones y protectoras de animales de la región de Valparaíso, como es el caso de la ONG Pro-animal: "Entre la pandemia y el estallido la situación de los animales sin voz y los perritos en situación de calle ha sido crítica (...) Necesitamos mucha ayuda y sería un gran alivio para todas las organizaciones animalistas que tengamos está colaboración", manifestó Josefina Letelier. Por su parte, Marina González, que preside la Fundación Carlos Puelma Besa, agregó que "la situación de muchos caniles es dramática y con suerte se pueden paliar los gastos mínimos. Tenemos que alimentar a 500 perritos y si esta indicación se aprueba en el Congreso nos permitirá que los Gobiernos Regionales nos apoyen en los gastos de mantenimiento".