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"Quiero que sirva para quienes necesiten ayuda para salir adelante"

Alejandra Oporto, familiar de las primeras víctimas de Hugo Bustamante, quedó satisfecha con el anuncio de la Defensoría para Víctimas.
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Belén Velásquez N. - La Estrella de Valparaíso

El caso de Ámbar Cornejo, la adolescente asesinada presuntamente en julio pasado por Hugo Bustamante, remeció los más profundos dolores y temores de Alejandra Oporto, familiar de Verónica y Quenito, las primeras víctimas del antisocial conocido como "el Tambor".

El crimen hizo que se levantara una gran crítica hacia el sistema judicial, el que le había otorgado la libertad condicional a Bustamante; fue acusada constitucionalmente la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, (el libelo fue rechazado por el Senado); y volvió al tapete la necesidad de tener una Defensoría Pública para las víctimas que -de no contar con recursos- queden sin abogados al enfrentar los procesos penales, mientras que a los imputados el Estado, por ley, les asigna uno de forma gratuita, pues "sin defensa no hay justicia", dice el slogan de la Defensoría Penal Pública, que solo representa a acusados.

En ese sentido, ayer el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que crea la Defensoría para las víctima de Delitos de Chile, la que "prestará asesoría y defensa jurídica a las víctimas más de delitos. Prestará un servicio de atención especial a las víctimas más vulnerables", dijo el Mandatario.

Triunfo de mujeres

Ante ello, Alejandra, que llegó hasta la Comisión de la Cámara que estudió la acusación contra Donoso, en compañía de la abogada Jeanette Bruna, no escondió su emoción. "Es un gran triunfo para nosotras, como mujeres; para ella, como abogada, porque tuvo una empatía jamás vista con nosotros. Era muy necesario lo que se acaba de anunciar hoy, estoy enormemente emocionada", comentó Alejandra entre lágrimas.

Agregó que "fueron tantos, tantos años que pensábamos que estábamos solas y esto terminó. Quiero que esto sirva para quienes necesiten ayuda para salir adelante luego. Esto cambiaría Chile, cambiaría el mundo. Ojalá mi familia pudiese haber estado aquí para ver esto".

Por su parte, Jeanette Bruna dijo que "si la familia de las primeras víctimas de Bustamante hubiesen tenido un abogado que las representara, quizás la historia hubiese cambiado y él no se habría atravesado en la vida de Ámbar".

Las víctimas primero

La jurista agregó que "no solo pedimos la revocación de la libertad condicional de Bustamante, sino que nos centramos también en pedir que el Estado pusiera a las víctimas primero y garantizara su derecho a un abogado porque hoy solo quienes tienen recursos puedes acceder a un abogado. Las víctimas más vulnerables quedan sin defensa ante graves delitos", dijo la directora de Abogadas ProChile.

La idea del proyecto, que aún debe ser tramitado, había sido promovida por los diputados RN Gonzalo Fuenzalida y Arturo Longton, este último de la región.

"La creación de este organismo tiene un sentido muy importate para lo que significa el sistema de justicia en nuestro país. (...) Va a obligar al Poder Judicial, a los fiscales, y, en definitiva, a todos quienes conforman el aparato de justicia a ser mucho más eficientes, eficaces y diligentes".

Funan a arrendataria en redes sociales por mal estado de departamento

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En redes sociales se viralizó una publicación en la que se denuncia que una mujer, identificada como V., dejó en un deplorable estado un departamento que arrendó por cuatro años a un matrimonio.

Se trata de un inmueble ubicado en el sector de canal Chacao, en Quilpué, donde la denunciada habría presuntamente rayado las paredes, roto instalaciones sanitarias, entre otros daños.

Contactada P., la dueña del departamento, mencionó que V. había dejado el lugar debiendo el arriendo de diciembre y el pago de varios meses de gastos comunes, lo que equivale más o menos a $600.000, considerando el mes que aún está por vencer.

La publicación, compartida decenas de veces, se llenó de comentarios ofensivos y P. indicó que decidieron hacer aquello para que "a nadie más le vuelva a pasar", pues durante el periodo en el que V. ocupó el lugar, P. sostiene que recibió reclamos de parte de la administración.

Consultada V., aseguró que se encuentra dispuesta y en condiciones de cancelar la deuda y negó el estado en el que habría sido entregado el departamento. Sostuvo además que tiene pruebas sobre el buen estado del inmueble y que, junto a un abogado, evalúa acciones legales por injurias y calumnias, pues la publicación en redes le ha perjudicado en su trabajo de banquetera.