Belén Velásquez N. - La Estrella de Valparaíso

Casi cuatro meses han pasado desde que Miguel Soto Cruces y Mario Ulloa fueron formalizados por la desaparición de Pascal Alvarado, la joven de 17 años a quien se le perdió el rastro el pasado 8 de noviembre de 2011, en la comuna de Puchuncaví, donde la habrían interceptado, golpeado, violado y asesinado luego de trasladarla a Cabildo.

Los hechos fueron tipificados como sustracción de menores, violación y homicidio el pasado 6 de noviembre, cuando ambos presuntos responsables fueron enviados a prisión preventiva. Los dos permanecen en el Centro Penitenciario de Valparaíso, donde Soto Cruces tuvo que ser cambiado de módulo luego de que su compañero de delito lo amenazara de muerte.

La llamada

Así se sostiene en el recurso de amparo que la Defensoría Penal Pública (DPP) presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En el documento, la defensora Pía Quijada relata que a fines de enero "esta defensa recibe un llamado del módulo 107, específicamente del cabo Vera, jefe de módulo, quien me informa que la vida de mi defendido se encuentra en peligro, toda vez que el coimputado de la causa, Sr. Ulloa, habría amenazado de muerte a mi defendido, señalando que dicha gestión la realizaría por medio de terceros, imputados que comparten el mismo patio con mi defendido", se lee en el recurso.

Agrega la defensora en la acción judicial que el funcionario en cuestión "me explica lo riesgosa de la situación del imputado, dado que el coimputado Sr. Ulloa, comparte el mismo módulo 107, de alta seguridad por casos mediáticos".

Lo "encargó"

De igual forma, el relato continúa detallando que, según el cabo Vera, la amenaza proferida por Ulloa tendría relación con "la declaración que dio (Soto) en contra de su persona, exigiendo encarar a mi defendido personalmente y además por medio de su abogado, a lo que este se habría negado, motivo por el cual habría procedido a amenazarlo y 'encargarlo' dentro del módulo 107", dice el documento.

Aquella situación deriva, según Quijada, de que "mi defendido (Soto) es el que incrimina al Sr. Ulloa, y su testimonio mantiene al coimputado preso hasta el día de hoy (...) pudiendo el amparado ser víctima claramente de un intento de silenciarlo".

Aquello es concordante con la formalización, en la que el fiscal Luis Ventura imputó a Ulloa como quien "toma parte en la ejecución del hecho", mientras que a Soto se le asignó "facilitar los medios con que se lleva a efecto el hecho".

Tras la acción de amparo, la defensora pidió el traslado de Soto al centro penitenciario de Quillota "o a otro CDP dentro de la región", o "en subsidio" que sea trasladado al módulo 118.

En ese sentido, la jueza suplente de Quintero, Deisy Machuca, ordenó el traslado de Soto "de forma inmediata al módulo 118, debiendo permanecer ahí, mientras se concrete su traslado hacia otra unidad penal de la región", dice el documento judicial, el que también ordena pedir consultar a la cárcel de Quillota si es que existe factibilidad para trasladar a Soto hacia allá.