El anuncio de la Subsecretaria Daza respecto al incremento en el presupuesto para salud mental se ha prestado para muchos malos entendidos, generando falsas expectativas y poniendo nuevamente en la palestra la precaria realidad de la salud mental en Chile. La lectura inicial de profesionales, pacientes y de la comunidad fue esperanzadora al creer que la autoridad estaba tomando medidas decididas en la materia, pero la realidad es que el aumento anunciado significa solo un 0,18% del presupuesto de salud, y no se trata de un aumento de 310% del presupuesto destinado a la salud mental difundido en medios de comunicación.

La inversión en salud mental de nuestro país, menor al 2.5% del presupuesto total de la rama, sigue estando escandalosamente por debajo del 6% recomendado por la OMS. Es clave entender que invertir en salud mental, además del alcance individual y de convivencia social, significa un retorno económico de alto impacto para el país, fundamental en los tiempos de crisis que nos está tocando vivir.

Sin duda valoramos el aporte de la medida y esperamos que este anuncio signifique una toma de conciencia real de la apremiante necesidad de incrementar de manera sustantiva el presupuesto en salud mental en Chile.

Carlos Ibáñez, Red Salud Mental es Salud | Josefina Huneeus,

Comisión Salud Mental Colegio Médico | Isabel Puga, Colegio de Psicólogos

Vania Martínez, Núcleo Milenio IMHAY | Alba Zambrano, Red Carreras de Psicología CUECH | Atahualpa Granda. Sociedad Chilena de Salud Mental | Nadia Ramos, Asociación Chilena de Estrés Traumático | Carolina González, Sociedad Chilena de Medicina Familiar | Lorena Contreras. Sociedad Internacional de Profesionales de la Adicción | Álvaro Wolfenson, Académico Depto. de Psiquiatría Universidad de Chile

La verdad es el único antídoto eficaz contra los abusos. La "presunción de buena fe" funciona eficazmente en los países de cultura protestante. La persona tiene derecho a ser creída mientras otro no demuestre lo contrario. Asimismo, las autoridades y quienes usan recursos de terceros deben rendir cuenta de sus actos y sus dichos ante sus representados. Supongamos que la persona que falta a la verdad pierda el derecho a ser creída. A partir de ese momento y mientras dure la sanción, todo lo que diga o escriba sería puesto en duda. El trasgresor quedaría inscrito en un registro público de "personas no creíbles". No podría firmar contratos ni cheques, arrendar, integrar sociedades, ni solicitar un crédito (crédito viene de "creer"). Obviamente no podría ocupar cargos públicos de responsabilidad ni presentarse a una elección. ¿Se imaginan que las promesas de campaña quedaran registradas en el Servel, junto con los indicadores y métricas para verificar su cumplimiento? ¿Se imaginan que cualquier ciudadano pudiera registrar el audio de un discurso o el recorte de un medio de prensa con promesas que se tornarían "exigibles"? Cualquiera podría comprobar si se cumplen o no, y las consecuencias de no cumplirlas serían las ya descritas, además de perder el cargo. Ningún candidato se atrevería a prometer trenes rápidos, suprimir la delincuencia, terminar con la corrupción, empleo para todos, salud gratuita, y ninguno de esos cantos de sirena que no pueden cumplir sin contar con las facultades, los recursos y el respaldo del parlamento. Un país en que la verdad sea respetada y aceptada es un requisito para que exista la confianza, para que las instituciones funcionen, para construir consensos, y articular esfuerzos para el bien común. Por eso los chilenos de corazón estamos convencidos de que la verdad puede y debe ser tanto un deber como un derecho consagrado en la Constitución.

Eduardo Troncoso Unwin

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La pregunta de ayer

¿Considera "una irresponsabilidad" la apertura

del Casino, como declaró el presidente regional

del Colegio Médico?

Ante los negativos indicadores sanitarios, ¿cree que más comunas de la región retrocederán de fase?