Priscilla Barrera Ll.

Presidio perpetuo calificado y 13 años de cárcel solicitó la fiscalía de Quintero como penas para los imputados por el secuestro, homicidio y violación de la adolescente Pascale Alvarado Soto, ocurrido el 8 de noviembre de 2018.

Así se conoció ayer luego que el fiscal jefe de Quintero, Luis Ventura, presentara el pasado 5 de abril, acusación en contra de Mario Humberto Ulloa Saavedra y Miguel Osvaldo Soto Cruces por los delitos de sustracción de menor de 18 años, con violación y homicidio, descrito y sancionado en el Código Penal, ambos en calidad de autores.

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De ser acogidas ambas penas, Mario Ulloa, de 47 años, pasaría tras las rejas 40 años, período tras el cual recién podría optar a algún beneficio penitenciario.

Para Miguel Soto Cruces, coimputado en estos delitos, el Ministerio Público pidió una pena inferior de 13 años de presidio, considerando las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos.

Cabe recordar que recién el año pasado, específicamente el 6 de noviembre dos días antes que se cumplieran 9 años desde la desaparición de la adolescente, Ulloa Saavedra y Soto Cruces fueron formalizados por estos delitos, pese a que habían sido indagados desde el año 2016.

Los hechos

Según consta en la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2011, alrededor de las 18:00 horas, cuando Pascale Alvarado Soto, de entonces 17 años, transitaba por calle Silvia Herrera en la localidad de Puchuncaví.

"Fue interceptada por Mario Humberto Ulloa Saavedra y Miguel Osvaldo Soto Cruces, quienes se desplazaban en la camioneta Nissan Terrano PPU YH.8365, conducida por el primero de ellos, quienes la suben y trasladan contra su voluntad hasta la ciudad de Cabildo, sector de la mina "Las Cenizas", lugar en que Ulloa Saavedra mantenía una faena agrícola habilitada".

En el mismo documento, se detalla que "al momento de detener la camioneta para que Soto Cruces abriera el portón y pudieran ingresar al lugar, la adolescente intenta huir, siendo alcanzada por Ulloa Saavedra quien la golpea fuertemente en su cabeza, le baja los pantalones y procede a penetrarla, siendo presenciadas estas acciones a corta distancia por el imputado Soto Cruces".

El documento agrega que "a continuación, y con la víctima al interior del vehículo, el imputado Ulloa Saavedra conduce la camioneta fuera del lugar, dando muerte a la adolescente con posterioridad".

La Fiscalía presentó las pruebas que espera llevar a juicio, entre ellas, la declaración de 38 testigos, que incluyen a familiares de la víctima, vecinos y funcionarios de la Policía de Investigaciones. Además se presentará prueba documental y pericial con la declaración de psicólogos y peritos de la PDI, junto con otros medios de prueba.

Todo lo anterior será expuesto en la audiencia de preparación de juicio oral que el Juzgado de Garantía de Quintero fijó para el 10 de mayo a las 11 horas.

La Contraloría General de la República, dictaminó que las licencias médicas de los pacientes COVID no son materia de la Subsecretaría de Salud, si no de la Superintendencia de Servicios Sociales.

Ello, luego de que la segunda quincena de marzo, emanó desde la Subsecretaría de Salud una circular, que planteaba como opcionales las licencias para contactos estrechos y casos probables o sospechosos.

La circular, fue corregida posteriormente por la repartición, desde donde se aclaró que los trabajadores podrían optar a hacer uso de su licencia o, acordar con el empleador mantenerse en sus funciones, y que además en caso de elegir el continuar trabajando, podrían optar por solicitar la licencia en caso de que lo requirieran.

"En cuanto al fondo del asunto, es necesario hacer presente que la licencia médica, al tratarse de un beneficio de seguridad social, se encuentra cubierta por la garantía prevista en el artículo 19, N° 18, de la Constitución Política de la República, mientras que el objetivo de su otorgamiento, esto es, el restablecimiento de la salud, también se encuentra garantizado por la misma disposición, en sus numerales 1° y 9°", dijo el organismo.

"La licencia médica se extiende en cumplimiento de una prescripción médica, determinada por un profesional de la salud en ejercicio de su profesión, y como tal no corresponde que el trabajador negocie algún tipo de acuerdo con su empleador en orden a continuar trabajando durante el periodo para el que fue otorgada, en cualquier modalidad", añadió.

Funcionarios de la PDI detuvieron a un hombre de 24 años que se mantenía resguardando 110 kilos de marihuana en el sector de Lo Sobrante en la comuna de Petorca. Tras una investigación desarrollada por la policía en conjunto con Fiscalía, dieron con un centro de cosecha y distribución de cannabis.

La droga incautada se mantenía en el recinto dentro de sacos, lista para su distribución. Asimismo, se halló las sustancias ilícitas en canchas para su secado y posterior comercialización.

El aprehendido pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Petorca por tráfico ilícito de drogas, mientras que la droga decomisada fue puesta a disposición del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.