Priscilla Barrera Ll.

No es un tema nuevo pero sin duda, tras un año de pandemia, el problema se ha agudizado.

La demora en el pago a las empresas prestadoras de servicio del municipio de Viña del Mar se ha acrecentado, poniendo en jaque a muchas de ellas que han debido asumir los costos laborales de, por ejemplo, mantener a sus trabajadores adultos mayores sin actividad, pero manteniéndoles sus sueldos y pago de cotizaciones, lo que, a la gran mayoría, ha obligado a recurrir a préstamos para solventar hasta 6 meses sin pagos.

Como suele ocurrir en este tipo de denuncias, las mismas perjudicadas optan por no referirse a este hecho y es entendible: quién se atreve a denunciar a su empleador.

Deuda histórica

Por lo mismo y preocupado especialmente por la situación de los trabajadores de estas empresas, el concejal comunista, Víctor Andaur hizo pública esta situación, precisando que, dado el alto déficit municipal, la deuda con las empresas es "histórica".

"El problema se ha agudizado producto de la crisis financiera interna, donde la alcaldía apuntaba que el leaseback ayudaría en parte a aliviar la situación. Las deudas con las empresas es histórica pero hoy el cuadro es mucho más incierto, son las facturas que van al bolso de las no declaradas oficialmente", planteó el edil.

Andaur añadió que lo grave de la situación actual es "que se han acumulado meses impagos, a las más grandes hasta 6 meses y a esto se suma el temor al despido, sobre todo los mayores de 65 años que hoy están en sus casas y siguen recibiendo sueldos y muchos quieren volver al trabajo ante este riesgo".

De acuerdo con los antecedentes reunidos por el edil, la liquidez de estas empresas va restringiéndose dado que muchas van consumiendo sus recursos por los intereses bancarios.

"La deuda global asciende a los $6.000 millones con las más grandes y la acumulación es de 5 meses. Con las más pequeñas llega en promedio a unos $1.500 millones", aseguró el concejal del PC.

Empresas de aseo

El exconcejal viñamarino y actual diputado RN, Andrés Celis, reconoció que efectivamente, existe un evidente atraso en el pago que hace la Municipalidad de Viña del Mar a sus proveedores, refiriéndose en particular a las empresas concesionarias que prestan el servicio de aseos.

"En algunas ocasiones, las deudas se atrasan por cinco meses, lo cual significa un serio perjuicio para las empresas que tienen que caer en préstamos o en factory, que los puede llevar a cancelar hasta el 1.2% de interés mensual por cada factura, alcanzando fácilmente un monto de los casi 4 millones de pesos por cada una de ellas", detalló el parlamentario.

Celis recordó que estos atrasos vienen desde antes de la pandemia y lamentablemente, con la actual situación se han agudizado, generando problemas financieros a las empresas, que afectan en algunos casos las condiciones laborales y de producción.

"No hay que olvidar que el servicio se sigue otorgando pese al permanente atraso en el pago", acotó.

Proyecto de ley

El diputado por RN informó que el 21 de enero de 2021, ingresó a la Cámara de Diputados, a primer trámite constitucional, con urgencia simple y luego a la comisión de Gobierno Interior y Hacienda, un proyecto emanado del mensaje presidencial, que plantea modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y que incluye en parte de su contenido, la propuesta de "una norma que permite a los municipios celebrar convenios con la Tesorería General de la República para el pago de servicios básicos y concesionados con cargo al fondo común municipal".

La propuesta contempla además, "la opción para los proveedores de servicios básicos y concesionados de los municipios, de requerir a la Tesorería General de la República el pago de dichos servicios, en caso de incumplimiento con cargo al fondo indicado anteriormente".

La aprobación de esta normativa, plantea Celis, permitiría a las empresas poder presentar para pago a la Tesorería General de la República, aquellas facturas vencidas a más de 30 días, en vez de factorizarlas y cuyo monto fuera luego descontado con cargo al municipio respectivo.

"El incumplimiento de esta municipalidad en sus pagos, viene a contravenir la norma legal que establece que este retraso no debe sobrepasar el plazo de 30 ó 45 días, lo que podría incidir en la eficacia del servicio y poner en riesgo la estabilidad laboral de sus trabajadores", reflexionó Celis.

Por lo mismo, el diputado informó que solicitará al Presidente de la República ponga urgencia al proyecto y paralelamente, a los presidentes de las comisiones respectivas para que puedan poner en tabla este proyecto, "en consideración a que podría verse afectado el servicio de aseo pudiendo ocasionar contaminación ambiental que propague factores de riesgo fatales para esta época de pandemia", finalizó el diputado.