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Denuncian que proyecto los dejará "encerrados"

Vecinos del tercer sector de Playa Ancha aseguran que construcción de condominio social les impedirá el paso de forma peatonal y vehicular.
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Francisca Palma Schiller - La Estrella de Valparaíso

Preocupados se encuentran los vecinos de los pasajes Seis Poniente y Roger Morande, del tercer sector de Playa Ancha, tras verse directamente afectados por la construcción del proyecto habitacional "Nuevo Amanecer".

Por un lado, reconocen que la iniciativa traerá respuesta de vivienda para familias afectadas por el pasado incendio de Puertas Negras; sin embargo, aseguran que la problemática se relaciona con la interrupción del paso peatonal y vehicular de los vecinos.

Por lo mismo, decidieron organizarse bajo el nombre de "Agrupación empoderados por nuestros derechos" y así tener algún tipo de respuesta antes de que comiencen por completo los trabajos estructurales en la zona.

"Según las proyecciones de la obra Nuevo Amanecer, se deja a dos pasajes sin acceso peatonal y vehicular, lo que significa un gran perjuicio para la calidad de vida de los vecinos del sector, ya que en la población viven adultos mayores, personas en situación de discapacidad y personas con movilidad reducida. Ya hay dificultades de accesibilidad por la falta de pavimentación, por lo que el nuevo proyecto nos deja en una posición de mayor vulnerabilidad. Solicitamos una solución a nuestro problema", cuenta Adrián Serrano, representante del sector.

Según revela el propio vecino, se han solicitado reuniones con la municipalidad para analizar el panorama. Pese aquello aún no hay respuestas concretas.

Marcelo Barraza, exconcejal de Valparaíso, ha estado en conversaciones con los vecinos para intentar mediar el diálogo.

"Se nos solicitó una reunión con carácter de urgencia para denunciar la falta de atención, respuesta y resolución del alcalde Jorge Sharp por querer sacar adelante el proyecto que trajo a la población sin consultarle a nadie y además, cerrando pasajes y calles por donde transitan a diario adultos mayores y gente con capacidades distintas. Son más de 300 familias que no fueron consultadas, ni menos informadas de lo que ocurriría con respecto a los trazados que pasan por el medio de sus viviendas", explica Barraza.

Junto a esta denuncia, Adrián Serrano y el exconcejal porteño afirman que estas semanas serán claves para encontrar soluciones en conjunto.

"Nos contactamos con el director de Serviu, Tomás Ochoa, quien se comprometió a revisar la situación y realizar una visita a terreno, para ver si efectivamente se estarían pasando a llevar derechos fundamentales con respecto a los accesos. La agrupación de vecinos no tiene problema en recibir a las más de 45 familias que incluye el proyecto, pero necesitan respeto", dijo Marcelo Barraza.

Muni

Al respecto, la municipalidad porteña, que gestionó el proyecto en su calidad de entidad patrocinante, se comprometió a tomar contacto con la empresa constructora.

"Se tomará contacto con la constructora para procesar este requerimiento de la comunidad y buscar una solución efectiva, además esto nos permitirá generar un canal permanente y así anticipar posibles inconvenientes que se generan en este tipo de obras", informaron desde el departamento de Comunicaciones del municipio de Valparaíso.

Superintendencia investigará "de oficio" polémica en colegio de Concón

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El superintendente de Educación, Cristián O'Ryan, señaló que la institución realizará una denuncia "de oficio" para investigar el caso ocurrido en el colegio Altazor de Concón, luego de que apoderados viralizaran un segmento de una clase de historia para alumnos de sexto básico donde la profesora se refiere al caso Catrillanca y exhibe una ilustración de un carabinero reduciendo a una menor de edad, en supuesta referencia al incidente donde funcionarios de la PDI redujeron a la hija del comunero mapuche asesinado por un carabinero.

O'Ryan manifestó que la determinación de la Superintendencia de Educación busca "verificar si las acciones que ha tomado el establecimiento se ajustan a lo que indica la normativa educacional en cuanto al respeto de las libertades de enseñanza, de expresión y de consciencia, con el objetivo de resguardar los derechos y libertades fundamentales de los estudiantes".

"Los establecimientos educacionales deben contar con un reglamento interno que contenga protocolos de actuación frente a estos casos", agregó, y citó el artículo de la Constitución que señala que "el Estado no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista".

El colegio negó cualquier tipo de proselitismo y el Colegio de Profesores regional respaldó a la docente.