Erika Rojas Salazar

Esta semana la Contraloría entregó el Informe Final de Investigación Especial N° 542 de 2020, que contiene los resultados de la fiscalización efectuada a la municipalidad de Valparaíso, en el desarrollo y gestión del Plan de Desarrollo Comunal PLADECO, cuyo costo final ascendió a $892.623.857, el más elevado a nivel nacional.

Si bien esos casi 900 millones de pesos incluyen también gastos realizados el 2016, en la administración de Jorge Castro, la Contraloría Regional detalló en el informe que entre el 2017 y 2019 por el concepto de pago de prestaciones de servicios en Programas Comunitarios, con carga a gastos asociados a la actualización del PLADECO se desembolsó una suma de $189.607.057. Además Contraloría advirtió de pagos por servicios a honorarios por la suma de $58.150.481 y $68.971.777 no fueron informados por el Secpla y se usaron en gastos asociados al PLADECO siendo imputados al ítem "Bienes y servicios de consumo" por los cuales la Contraloría pide implementar un mejor control.

Municipio

Respecto al informe emanado por Contraloría y solicitado por los exconcejales Marcelo Barraza Vivar y Carlos Bannen González, junto a los actuales ediles Iván Vuskovic Villanueva, Claudio Reyes Stevens, Eugenio Trincado Suárez y Daniel Morales Escudero, desde la municipalidad declararon que "hoy la ciudad cuenta con un instrumento actualizado, realizado principalmente con funcionarios y equipos municipales y con un costo muy inferior, cerca del 50%, al que habían intentado instalar maliciosamente algunos concejales, lo que fue ratificado por la Contraloría. Desde el preinforme a la fecha, ya subsanamos varias observaciones y estamos regularizando otras que el informe final determina, aunque es necesario precisar que la actual estructura del Estado, sus limitaciones y en las condiciones que el municipio de Valparaíso fue organizándose desde hace muchos años hacen que estas modificaciones sean más complejas de resolver de lo que se piensa".

Es el más caro de Chile

Iván Vuskovic, edil y presidente de la Comisión Finanzas del municipio porteño no concuerda con la visión municipal del informe y afirmó que "se trata del Pladeco más caro de Chile, y la Contraloría no se mete en eso porque es una decisión política, pero lamentablemente la administración justificó que este Pladeco sería más barato, pues se haría con nuestras propias fuerzas, pero fue todo lo contrario. Entonces por eficiencia económica habría sido mejor hacerlo externamente. En Viña se pagaron 120 millones y acá sumando y restando salió 900 millones", destacó Vuskovic, quien expresó que lo más triste es pensar que nadie está invirtiendo en Valparaíso, por lo tanto es poco lo que sirve el instrumento y el gasto está fuera de todo rango.

"Lo importante del pronunciamiento de la Contraloría Regional es que determina de manera contundente, que en el caso de las prestaciones de servicios en programas comunitarios, que son financiados con aportes externos, las funciones que efectivamente desempeñan las personas contratadas vía honorarios, se deben ajustar a los cometidos contractuales correspondientes, teniendo estos que ser específicos" enunció el concejal Claudio Reyes.

Diversos reparos realizó la Contraloría ante la elaboración del Pladeco por parte del municipio. Entre estos:

-que durante los años 2017, 2018 y 2019 la municipalidad contrató con cargo al plan de "Prestaciones de servicios en programas comunitarios" a 11 de los servidores a honorarios que formaron parte del equipo de trabajo para la actualización del PLadeco, por la suma total de

$189.607.057, "en circunstancias que tales tareas constituyen labores propias de la gestión municipal";

-que los pagos efectuados a dos servidoras a honorarios no cuentan con el informe mensual de actividades que acredite la realización efectiva de las labores, por lo que ordena "remitir dichos informes a esta Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles";

-que se advirtieron pagos de servicios a honorarios por la suma total de $58.150.481

que no se encuentran

acreditados, por lo que ordena presenta "un informe debidamente fundado y acompañado de todos los antecedentes que permitan acreditar que las labores de cada uno de los servidores individualizados fueron efectivamente desempeñadas"; y

-que "el municipio no cuenta con registros o sistemas de control para verificar el

cumplimiento de la jornada establecida en los contratos del personal a honorarios".

Presidio perpetuo calificado, la pena más alta que establece el código penal chileno solicitó el Ministerio Público para Víctor Alejandro Pulgar Vidal, imputado como autor de los delitos de violación con homicidio y secuestro de Nicole Saavedra Bahamondes, hecho ocurrido el año 2016.

La fiscalía de Quillota pidió además 15 años de presidio por el secuestro de la joven y 541 días por el delito de hurto y receptación.

La tarde de este miércoles, el fiscal Jefe de Quillota, César Astudillo, presentó acusación en contra de Pulgar Vidal por su participación en calidad de autor de los delitos de violación con homicidio y secuestro además del delito de hurto y receptación en contra de la joven de 23 años.

El Ministerio Público logró reunir en el plazo de investigación todas las pruebas que buscan acreditar la participación del imputado en la muerte de la víctima y que se espera llevar a juicio, entre ellas, prueba pericial que incluyen muestras de ADN. Según solicitó el persecutor en su acusación, es espera presentar 28 testigos, 10 peritos, además de prueba documental, pericial, fotografías y videos.

"Estamos solicitando la pena máxima que contempla nuestra legislación para uno de los delitos más graves cometidos por este sujeto, esto es el homicidio con violación al cual se le está solicitando al tribunal le condene a la pena máxima de presidio perpetuo calificado ello atendida la gravedad de este delito, a la forma en que cometió el delito y al perfil criminal que hemos logrado establecer tiene este sujeto durante la etapa investigativa", detalló el fiscal.

Ahora resta esperar la fecha que determine el Juzgado de Garantía de Quillota para la realización de la Audiencia de Preparación de Juicio Oral, para luego fijar el Tribunal Oral en Lo Penal de Quillota la fecha de inicio para el juicio.