Erika Rojas Salazar

Con un proceso eleccionario andando, la solicitud de término de comodatos de ascensores en manos del municipio porteño -hecha por el intendente Regional Jorge Martínez-, resulta a lo menos "extraña" a juicio de Cinthya Velásquez. Ella es vocera y pareja de uno de los 5 lesionados de la caída del ascensor Concepción el 1 de febrero del 2020, accidente que se pudo evitar y por el cual se querellaron por cuasidelito de lesiones graves, investigación que a 13 meses de su inicio, aun no posee ninguna resolución o sentencia.

"Lamentablemente creemos que la Intendencia perdió la brújula, pues el MOP hizo entrega de los ascensores a la municipalidad, pero estamos casi seguros que ni siquiera se hizo la recepción provisoria. Eso quiere decir que los ascensores son de responsabilidad del MOP y no de la municipalidad, pues ésta tiene a cargo la mantención de los ascensores según protocolo entregado por el MOP. Ambas entidades estaban enteradas de que los ascensores funcionaban mediante un bypass. Acá no se trata de defender uno u otro, pero se les atribuyendo la culpa a ascensoristas municipales y no es así. Esto tiene un fondo mucho más grave y es cuestión de ver y preguntarse ¿por qué no se ha abierto el ascensor Cordillera?. Si el problema fue que la caída del ascensor Concepción, por qué no se abren los otros. Todos son de la misma empresa y de responsabilidad del MOP", explicó la vocera y pareja de Juan Carlos Ahumada, quien sufrió fractura de clavícula y vértebra a raíz de la caída del ascensor.

Querella

A 13 meses de la presentación de la querella, los abogados de Daniel Bustos, Eduardo Caycho, Ignacio Agüero, Javiera Hernández y Juan Carlos Ahumada, pidieron agilizar la investigación a cargo del fiscal Juan Sepúlveda Embeitia. Incluso interpelaron a la fiscal regional Claudia Perivancich para que intercediera y revisara la carpeta investigativa, pues la vocera Cinthya Velásquez manifiesta que a la Fiscalía se le entregó una carpeta con información que debía ser ingresada desde Santiago, pero en 6 meses no hubo avances. "Le echamos la culpa al COVID y volviendo a presionar a Fiscalía, se nos respondió que la carpeta había quedado rezagada y recién después de medio año se incluyeron esos antecedentes".

La contestación oficial al reclamo hecho hacia la fiscal regional fue contestado por Perivancich explicando que "el fiscal de la causa fue contactado por el jefe de LACRIM Santiago, indicando que por un error de tramitación interna, no recibieron oportunamente la instrucción despachada, comprometiendo en definitiva que se efectuara la pericia mecánica a la brevedad posible".

En la misma carta se rechaza el reclamo del abogado Waldo del Villar lamentando "que la recopilación de antecedentes no haya cumplido con las expectativas de la querellante, se estima que ello no es imputable a la desidia del fiscal. Por lo mismo no se estima necesaria la adopción de medidas extraordinarias en el caso concreto, pues ya se han adoptado los recursos de acción necesarios para el adecuado desenvolvimiento de la indagatoria".

Mop

Respecto del tema del accidente, la seremi de Obras Públicas manifestó que es la Intendencia quien posee la vocería. Ésta, en un comunicado y en palabras del propio Intendente Jorge Martínez declaró que "una de las principales causas del accidente es que el operador de ese día no se encontraba dentro de las personas capacitadas por el MOP. A lo anterior se suma que la Dirección de Arquitectura - MOP, con anticipación al accidente, advirtió por escrito a la Municipalidad de varias de estas irregularidades, lo que evidencia, a lo menos, una negligencia inexcusable"

.La primera autoridad regional además señaló que "lo anterior es una muestra más de cómo la Municipalidad de Valparaíso ha enfrentado de manera deficiente la recuperación patrimonial de la ciudad".

En cuanto a los peritajes, una vez que se produjo el accidente desde el MOP solicitaron un informe al IDIEM (Investigación , Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile.

En el informe se señala que causa del accidente la existencia de deficiencias en la operación y mantención del ascensor Concepción. Entre ellas, las más relevantes fueron los sensores definal de recorrido desactivados, debido a que el ascensor tenía habilitado un sistema debypass.

También se detectó que la Municipalidad de Valparaíso utilizaba una ficha demantenimiento "propia", distinta a la entregada por el MOP.

En el informe definitivo del IDIEM, tras realizar pruebas complementarias en terreno, seconcluyó que el sistema pico de loro "no funcionó a causa del apriete excesivo quepresentaban las tuercas de los pernos en la barra de unión, lo que no favorece a unadecuado movimiento del sistema". Esto confirma que se debió a un problema demantención, y no de diseño.

Desde el municipio porteño no hubo reacciones a los dichos del intendente indicando que tras las elecciones verían la opción de réplica.

Desde la seremi de Obras Públicas informaron del estado de restauración de los ascensores encargados. "Recientemente, se inició una licitación para realizar obras de conservación en estos tres ascensores, trabajos que se concentrarán mayoritariamente en reparar los daños sufridos por el ascensor Concepción en el accidente ocurrido en febrero de 2020, además de realizar ajustes menores en el Espíritu Santo y el Cordillera. Estas reparaciones, avaluadas en 220 millones de pesos, debieran iniciarse a comienzos del segundo semestre y se extenderán por 75 días, por lo que se estima que estos tres ascensores volverán a estar operativos el cuarto trimestre de este año (...)" dice el comunicado detallando que la licitación del Artillería está siendo revaluada; Villaseca y Monjas podrían reabrir a fines del 2022; Mariposas y Florida podrían licitarse el 2023 y el Larraín no tiene fecha, pues se espera resolución del Gobierno Regional por superposición de terreno privado con el ascensor.