Recientemente hemos sido testigos de las críticas que el recién electo gobernador de la V Región formuló contra el Intendente y el CORE, por aprobar y destinar casi 60 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para financiar un convenio que tendrá una duración de 4 años.
El gobernador electo (por aplastante mayoría) reclama porque al asumir próximamente se encontrará con un convenio en el cual no tuvo autoridad alguna, pese a desarrollarse en la plenitud de su período.
Estaría absolutamente de acuerdo si el convenio en cuestión hubiese sido uno donde su visión, posiblemente diferente, lo enriqueciera o perfeccionara. Pero se trata de un convenio para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura y la adquisición de vehículos y equipamiento para Carabineros de toda la V Región, que necesita -con urgencia- importantes mejorías en su infraestructura y su equipamiento vehicular, para que entregue mayor seguridad a los habitantes.
En esto, lo único "diferente" de lo aprobado sería negarle esta mejoría a Carabineros, o reducir la inversión. No caben otras posturas positivas.
De ser así, sería inaceptable, especialmente cuando el consultor de Seguridad Internacional, Eduardo Gómez del Campo, en un foro con autoridades locales del tema, aseguró que "hay que fortalecer a las policías y al mismo tiempo adaptar la legislación, porque, con el narcotráfico, el crimen muta más rápido que la ley. Los delincuentes del narcotráfico van un paso más adelante".
¿Cuánto más adelante estaría el narcotráfico y la delincuencia en general si esperamos que un primerizo gobernador estudie recién el convenio y decida qué va a hacer?
Por otra parte, el Intendente y el CORE actuaron estrictamente en el ejercicio legal de sus cargos, aunque solo falten pocos meses para concluirlos.
Raúz Santíz