El drama de las familias que llevan 2 años en toma de Viña
La mayor parte son del sector y algunos extranjeros que perdieron sus ingresos. Vocera pide posibilidad de dialogar antes del desalojo, pero no han tenido respuesta.
Hasta el año 2018 y durante 12 años, Mayte Pérez y su esposo pagaban arriendo por un departamento. Allí vivían sin grandes lujos, junto a sus tres hijos. Pero la revuelta de octubre de 2019 y luego la pandemia, modificaron radicalmente su realidad económica.
Sin ingresos y tras pensarlo largamente, como pareja tomaron una de las decisiones más duras que han debido enfrentar como familia: dejar por algunas semanas a sus hijos con sus abuelos y tomarse un terreno para empezar desde cero.
La historia de Mayte, hoy vocera de la toma Marichiweu ubicada a un costado de la Av. Padre Hurtado - entre el condominio social Meseta del Gallo y la población Geranadilla, es similar a la de las más de 80 familias que tomaron la difícil decisión de arriesgarse por esta medida extrema.
"Vamos a cumplir alrededor de 2 años acá, somos 80 familias y aproximadamente 350 personas entre niños, adultos mayores y jóvenes", detalla la representante de esta amplia comunidad.
Mayte Pérez explica que la mayor parte de los ocupantes son vecinos nacidos y criados en los alrededores - Miraflores, Granadilla - y que antes de 2019 arrendaba por las cercanías.
"La gran mayoría quedamos sin trabajo y nos vimos en la obligación porque simplemente no nos alcanzaba. Yo pagaba 250 mil pesos en arriendo más gastos comunes y no podía seguir endeudándome. Nosotros estuvimos 2 meses en carpa y de a poco fuimos armando la que ahora es nuestra casa... fue bien duro", detalló la joven.
Desalojo
Fue la semana pasada cuando las familias de la toma Marichiweu fueron notificados de la orden de desalojo que en breve cumplirá personal municipal y carabineros, otorgándoseles 5 días hábiles de plazo para abandonar el predio destinado, hace un par de décadas, a la construcción de un SAR (Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución).
"No queremos nada regalado, sabemos que tenemos que obtener nuestras cosas por nuestros propios medios y pensamos que tenemos el derecho de poder tener algunos metros para poder construir algo digno. Hemos buscado todas las instancias para poder comunicarnos con la alcaldesa Reginato y las autoridades pero no hemos tenido respuesta", agregó la dirigente, quien reconoce que tras haber sido notificados del desalojo, los ánimos en la comunidad están bajos.
"Nos habíamos quedado tranquilos porque pasaron dos años y esto fue creciendo, ahora estábamos esperando que asumiera la alcaldesa Ripamonti porque ella se comprometió con las tomas en el sentido de no desalojarnos", aseveró la dirigente quien reitera la voluntad de poder dialogar y llegar a un acuerdo.
Mayte Pérez reconoció el beneficio que representa el proyecto del SAR para la comunidad del sector, pero cuestionó que haya transcurrido tanto tiempo sin concretarse.
"Nosotros estamos conscientes que este terreno no nos corresponde, pero pedimos un pedacito, ¿qué más podemos hacer?", planteó la vocera.
Macarena Silva e Ignacio González llegaron en septiembre del año pasado a vivir a la toma luego que Ignacio se quedara sin trabajo. Estuvieron de allegados en casas de familiares hasta que decidieron llegar a la toma. Con un hijo de 2 años y un segundo en camino, para esta pareja, el fantasma del desalojo los tiene mal.
"Es angustiante, todo el día pensando en qué vamos a hacer, qué va a pasar con todo el esfuerzo que significó construir nuestra casa. No vemos solución y es muy angustiante eso", declaró la joven que presenta un embarazo de 4 meses.
"Nos habíamos quedado tranquilos porque pasaron dos años y esto fue creciendo, ahora estábamos esperando que asumiera la alcaldesa Ripamonti porque ella se comprometió con las tomas en el sentido de no desalojarnos".
Mayte Pérez, vocera toma Marichiweu