Erika Rojas Salazar

Hace tres semanas, 13 Centros de Padres y Apoderados de establecimientos educacionales de Valparaíso junto al propio alcalde Jorge Sharp interpusieron un recurso de protección contra el Ministerio de Educación (Mineduc) representado por el ministro Raúl Figueroa ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso.

El objetivo del documento presentado ante la justicia busca proteger la salud de los niños, niñas y adolescentes de la comuna ante la eventual vuelta obligatoria a clases presenciales en los establecimientos de la ciudad Puerto; sin embargo la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el requerimiento, por lo tanto los demandantes interpelarona a la Corte Suprema para que definiera el tema.

Finalmente esta semana la Suprema se pronunció declarando admisible el recurso dando luz verde al proceso legal en contra del Mineduc.

"Valoramos que la Corte Suprema haya declarado la admisibilidad del recurso de protección, ya que efectivamente se cumplieron los requisitos del auto acordado, es decir, se interpuso el recurso dentro de plazo y se mencionaron los hechos constitutivos de vulneración de garantías fundamentales, por lo que se mantiene la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la materia. Lo anterior cobra relevancia, ya que la Corte de Apelaciones de Valparaíso podrá conocer del fondo del asunto y resguardar, en definitiva, la vida y la salud de los estudiantes de establecimientos educacionales de la comuna de Valparaíso, respecto de las circunstancias sanitarias en que nos encontramos", sostuvo Nicolás Guzmán, asesor jurídico de la municipalidad de Valparaíso.

TOzUDEZ

El alcalde Jorge Sharp señaló en su momento que le parecía una tozudez por parte del Ministerio de Educación el hecho de querer "obligar" a asistir a clases, especialmente considerando la ausencia de una planificación estratégica que ponga en el centro la salud de las comunidades escolares .

"No es un capricho lo que estamos haciendo, es acoger, escuchar y acompañar el clamor, la preocupación e incertidumbre que miles de apoderados y apoderadas en Valparaíso se encuentran por el Ministerio de Educación", explicó Sharp.

Una de las directivas que adhirió a la presentación del recurso de protección fue el Liceo Eduardo de la Barra y Paula Ross de la directiva del Centro de Padres recordó que "en la Escuela España ya lamentamos la pérdida de una joven educadora y no queremos que esto se vuelva a repetir, es traumático, tenemos también que hacernos cargo de la salud mental de la población y de eso no se está haciendo cargo Ministerio de Salud, ni el de Educación.

El pasado 5 de agosto, el Arzobispado de Valparaíso fue demandado por $1.250 millones por las víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes de la región.

En el documento presentado en la Corte de Apelaciones se acusa que la diócesis actuó de forma negligente, encubriendo y evitando investigar los hechos denunciados por Marcelo Soto, Sebastián del Río, Gustavo Donoso, Marcelo Rodríguez y Mauricio Pulgar, quienes fueron internos del Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez entre 1992 y 2007.

Este lunes 5 julio, a casi un año de la demanda, se realizará la primera conciliación por un posible acuerdo entre las partes y de no hacerlo se procederá ala etapa de pruebas.

El Obispado, representado por 4 abogados, espera que esta no sea la única instancia de conciliación, así lo admitió uno de sus defensores, el abogado Oscar Silva, en el caso que lleva la ministra de fuero Carolina Figueroa Chandía.

Demandantes

Por el lado de los demandantes, caso caratulado "Soto con otros con Obispado de Valparaíso", el abogado Juan Pablo Hermosilla explicó que sus representados denuncian que Mauro Ojeda, Javier Prado y Gonzalo Duarte, todos autoridades eclesiásticas, escucharon sus denuncias, pero encubrieron los delitos de abuso y violación.

En el libelo se cuestiona el silencio de las autoridades religiosas. Ponen de ejemplo que el Obispado de San Felipe, que era encabezado por entonces el obispo Cristián Contreras Molina, "mantuvo paralizada la investigación canónica en contra de sacerdote Humberto Henríquez desde 2012 hasta 2018". Henríquez y Jaime Da Fonseca fueron condenados finalmente, pero a fines de 2019, y de manera canónica por el Papa Francisco, aplicándoles la pena de "dimisión del estado clerical". "Ninguna de las condenas canónicas mencionadas se hizo cargo de la responsabilidad que le cabía a las autoridades de la diócesis (…) por los constantes actos de encubrimiento, omisiones de investigación y acciones de amedrentamiento a las víctimas", agrega la presentación.