Con algunas preocupaciones, pero confiada en el proceso, la doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jessica Fuentes, conversó con Región F respecto del inicio del trabajo para la redacción de una nueva Carta Fundamental, en manos de la recién instalada Convención Constituyente.

"La Convención no cogobierna, sino que está dedicada a la redacción del nuevo texto constitucional", advierte de entrada, explicando que aquello deriva del mandato establecido por la propia ciudadanía.

En todo caso, asegura que "no hay que tener miedo a plantear todos los temas. Esta es una agenda abierta", pero aclara que "lo importante es que los procedimientos y la validación viene dada por la legitimación que ya le dio el pueblo".

En ese sentido, Fuentes explica que dentro de los obstáculos a los que se enfrentará la Convención está el llegar a consensos que les permitan avanzar en la redacción del nuevo texto. "Va a ser clave el cómo se van a poner de acuerdo en términos del reglamento, es decir, de qué manera ellos van a generar los consensos y van a tomar sus acuerdos. La gran prueba de fuego de inicio, de entrada, va a ser precisamente el tema del reglamento, porque va a determinar cuán fácil o cuán difícil puede ser llegar a consensos más adelante".

Expectativas

Las esperanzas puestas por la ciudadanía en la nueva Carta Fundamental son también un tema complejo para la abogada. Al respecto, afirma que "las expectativas son el peligro más grande, porque la comunidad está esperando que a través de un texto se resuelvan sus problemas cotidianos. Es sumamente complejo después explicar que no era esa la vía" y advierte que "generar grandes expectativas y después no responder a ellas, el peligro puede ser una desazón tan grande, que yo no sé a dónde pueda llegar dentro de una comunidad, y me asusta que incluso quienes intervienen en el proceso generen aún más expectativas y no den cuenta en realidad de lo que se está haciendo, de lo que correspondería".

A su juicio, tanto el Estado como los mismos constituyentes son los encargados de aclarar y "tomar las riendas de lo que es la transparencia de la información, poder educar de mejor manera y lo más prontamente posible a la comunidad", lo que también pasa por las organizaciones sociales que llegaron a la Convención, las universidades y los centros de estudio.

En esa línea, plantea que a todos "nos toca difundir información transparentemente a la comunidad para que esté clara y para que moderemos las expectativas y sepamos también qué esperar". Y es enfática: "El riesgo más grande es no responder a esas expectativas".

Derechos colectivos y privados

En cuanto a los contenidos que debiera tener la próxima Constitución, Jessica Fuentes asegura que, si bien la novedad apunta a profundizar los derechos sociales, debe existir un equilibrio entre un rol más protagónico del Estado, pero que a la vez no convierta la nueva carta en un texto muy extenso.

Para la abogada, la gran discusión que se debe dar en materia de derechos, es delimitar cuáles deben ser entendidos como colectivos y cuáles no.

En ese sentido, considera que el acceso a los recursos naturales es sumamente relevante porque son básicos para el desarrollo de la vida. "Este tipo de principios deben quedar consagrados a nivel constitucional", dice y agrega: "La institucionalidad medioambiental tiene que ser particularmente fuerte en poder ejercer todas sus atribuciones y asegurar que cuando los privados hacen usos de estos bienes, lo hagan con responsabilidad social".

Además, Fuentes considera que la propiedad privada es un tema que también debe quedar delimitado en la nueva Carta Magna, pues "para el desarrollo individual, es importante un derecho de propiedad resguardado por el Estado. La gran discusión que hay que dar es respecto de ciertos bienes que son comunes, de qué manera se entrega estos bienes comunes o bienes nacionales de uso público para la explotación por privados".

Por último, la abogada constitucionalista se refiere a la necesidad de que la paridad que se verifica hoy en la Convención también quede de manifiesto en la nueva Carta Fundamental. "Se debería incorporar algunas reglas bastante más explícitas en términos de cómo el Estado tiene una acción más activa para levantar obstáculos. Hoy hay normas en materia de igualdad, pero hay que avanzar a un mandato mucho más expreso hacia el legislador de cómo levanta obstáculos para que la igualdad entre el hombre y la mujer sea efectivamente una igualdad".