Redacción - La Estrella de Valparaíso

El Ministerio Público sumará nuevos cargos contra los ejecutivos de Enap en el contexto del caso conocido como "crudo iraní".

Se trata de siete personas formalizadas por las emergencias ambientales suscitadas el año 2018 en las comunas de Talcahuano, Quintero, Puchuncaví y Ventanas.

Ahora la fiscal regional, Marcela Cartagena, agregó otros dos delitos a la causa: el que sanciona a quienes importen residuos peligrosos o no cuenten con las autorizaciones para ello, y el delito por propagar elementos que pongan en peligro el abastecimiento de la población.

Pronta formalización

Cabe recordar que se trata de seis ejecutivos de Enap y el capitán de un barco , quienes en el 2019 fueron imputados como responsables de propagar agentes contaminantes al aire.

Según consignó el abogado querellante Remberto Valdés a Radio Bío Bío, quien representa a familias del cordón industrial de Valparaíso, se trata de figuras que agravan la responsabilidad de los siete formalizados.

"Más de 1.400 personas a quienes representamos, están contentas, están felices, están satisfechas, porque en octubre todos los ejecutivos de la Enap van a ser formalizados por un delito mucho más grave, por decisión de la fiscal regional del Biobío", comentó.

"son inocentes"

Respecto de la reformalización de que serán objeto los seis ejecutivos de Enap, el abogado de la estatal, Cristian Muga, puntualizó que "se trata de una facultad exclusiva del Ministerio Público el que siempre, durante el período de investigación, puede modificar los hechos o la calificación jurídica. Lo relevante para nosotros es señalar claramente que esta solicitud de reformalización no agrava la situación procesal existente y por lo tanto nosotros mantenemos nuestras declaraciones invariables en el sentido que los trabajadores y ejecutivos de Enap, formalizados en esta investigación, no tienen responsabilidad en los eventos de contaminación que se han investigado y que son absolutamente inocentes de los cargos que se les formulan".

Como un acto de "validación de la violencia" calificó el diputado por la Región de Valparaíso, Osvaldo Urrutia (UDI), la aprobación de un proyecto de ley que busca hacer responsable al Estado por las lesiones que sufrieron distintas personas en el marco de las violentas movilizaciones de octubre de 2019 y anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa.

El parlamentario gremialista dijo que la iniciativa promovida por un grupo de diputados de oposición pretende facilitar los procesos de indemnización para quienes resultaron heridos durante las movilizaciones, permitiéndoles acceder a un procedimiento judicial más rápido y expedito, pero donde no sea necesario probar el daño moral. "Este nefasto proyecto entrega una negativa señal a todo el país, en especial a las verdaderas víctimas del estallido, que son las miles de personas que sufrieron la destrucción de sus empleos a causa del vandalismo, y que en esta iniciativa quedan absolutamente olvidados", sostuvo Urrutia.

"Es un proyecto que no cumple con los estándares mínimos de certeza jurídica, y que más bien busca beneficiar a un grupo determinado de personas y cuya indemnización se va a terminar pagando con el dinero de las verdaderas víctimas, los comerciantes y los trabajadores, que son los que pagan impuestos", agregó Urrutia, quien anunció que suscribirá la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impedir que dicho proyecto continúe su tramitación legislativa. "Es jurídicamente improcedente, inconstitucional e irracional (...) Lo único que busca es premiar a los vándalos que destruyeron nuestro país", afirmó.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste y su símil de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen, serán los anfitriones de la ceremonia de Cuenta Pública del Congreso Nacional que se realizará mañana jueves, en el Salón de Honor en Valparaíso.

Será la séptima Cuenta Pública desde que se aprobó la reforma constitucional para incluir al Congreso Nacional en la obligación de rendir cuenta anual de su gestión. Según el artículo 56 bis de la Constitución Política de la República, corresponde en esta sesión rendir Cuenta Pública de la gestión del Congreso Nacional.

De este modo, la ceremonia de Congreso Pleno se efectuará en modalidad mixta (presencial y telemática) y entre los invitados e invitadas se cuentan: el presidente de la República, Sebastián Piñera y su esposa, la Primera Dama; el presidente de la Corte Suprema, la presidenta del Tribunal Constitucional, el Contralor General, el Fiscal Nacional, el presidente del Banco Central, el titular del Servel, la presidenta de la Convención Constitucional y el Nuncio Apostólico en representación del Cuerpo Diplomático. Asimismo, se han cursado invitaciones al ministro del Interior, de Segpres y la Segegob. En tanto diputados, diputadas, senadores y senadoras estarán representados por sus respectivas bancadas y comités.