Agencia Efe

El Congreso Nacional interpeló este martes al ministro de Salud, Enrique Paris, por la gestión del Gobierno frente a la pandemia, instancia en la que se trató la expansión de contagios, el manejo sanitario tras la llegada de la variante Delta y la situación de los trabajadores de la salud.

La interpelación, impulsada por diputados de oposición, fue aprobada el pasado 1 de julio por 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.

El primer punto abordado por el congresista a cargo de la interpelación, el diputado del Frente Amplio Miguel Crispi, fue el escenario que enfrentan los funcionarios de salud después de casi un año y medio de pandemia.

"Nosotros sabemos que el 47 % de nuestros funcionarios tienen síntomas ansiosos, 25 % tienen problemas de salud mental en aspecto de orientación, 13 % por otras consultas de salud mental, 7 % de trastornos del ánimo y, desgraciadamente, también tenemos un 5 % de funcionarios con ideación suicida y un 2 % de funcionarios que han perdido su pareja y tienen un duelo profundo por el COVID", señaló Crispi.

"Los funcionarios de salud fueron siempre nuestra prioridad. Cuando recibimos las vacunas, fueron los primeros en ser vacunados. Desde el inicio de la pandemia se estableció la comisión de cuidados del personal de COVID-19 y se han implementado distintos planes", fue parte de la respuesta del secretario de estado.

Tensión

En adelante, el diálogo se tornó tenso y las preguntas versaron sobre la gobernanza de la pandemia, la disponibilidad de bonos para trabajadores de la salud y las restricciones de ingreso y salida del país. Además, se cuestionó al ministro por la disposición de la cartera a implementar recomendaciones de sociedades científicas y gremios de la salud para controlar la diseminación del virus.

"Yo escucho a todas esas personas que quieran opinar, en forma positiva, y que sean propuestas que se puedan llevar a cabo", respondió Paris.

Este martes, Chile reportó menos de 1.000 casos de COVID-19 por primera vez desde octubre de 2020, y una positividad inferior al 3 % por tercer día consecutivo, cifras que evidencian que la pandemia remite en el país que ya vacunó con dos dosis a más del 77 % de la población objetivo.

Chile ha desplegado una de las campañas de vacunación contra el COVID-19 más exitosas del mundo, que a día de hoy alcanza a más del 85 % de la población objetivo con una dosis, la mayor parte con Coronavac, y en menos medida con Pfizer, AstraZeneca y Cansino.

A la fecha, el país mantiene estricto control sanitario en sus fronteras y estudia aplicar una tercera dosis con el objetivo de evitar rebrotes virales, especialmente tras la llegada de la variante delta, la más contagiosa según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que ya se confirmaron casi una veintena de casos en Chile.

La Cámara de Diputados realizó ayer el sorteo de los integrantes de la comisión que revisará la procedencia de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. La comisión quedó conformada por una mayoría oficialista. abe recordar que un grupo de diputados de oposición ingresó este martes una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Según explicó la diputada Camila Rojas (Comunes) la acusación contiene tres capítulos. El primero referido a la infracción a la Constitución y las leyes, "en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo". En tanto, el segundo capítulo se relaciona con el tema de las leyes que vulneran a los y las trabajadores de la educación, mientras que el tercer capítulo está referido a la amenaza a la integridad física y síquica. "Chile es uno de los pocos países de la OCDE que no puso recursos, pero lo más grave y lo que venimos a denunciar y que ponemos en la acusación constitucional es que muchos establecimientos educacionales especialmente los municipales, recibieron menos recursos que el año no pandémico", dijo Rojas. También afirmó que "los establecimientos están en una situación muy compleja (…) a raíz de lo cual varios alcaldes/as han estado mostrando la situación de los establecimientos", argumentando que de esta manera "no están las condiciones" para el retorno presencial a clases, incluso si no hubiera pandemia.

Según el Gobierno, unas 300 mil personas desempeñan trabajos de despacho a domicilio, cifra que ha aumentado por la pandemia y los cierre de actividades. Pese a la masividad, un estudio de Mutual de Seguridad sobre problemas comunes de seguridad de los repartidores de delivery detectaron que el 27% de los encuestados no cuenta con contrato de prestación de servicios ni emite boletas de honorarios.

Mariana Alcérreca, gerente de Asuntos Corporativos de la Mutual, explica que los independientes deben realizar cotizaciones voluntarias para acceder a protección . "No por ser independientes tienen que ser informales", aclara.

La informalidad no permite acceder a prestaciones como pensión, salud, seguro de cesantía, protección laboral, entre otras, lo que preocupa a los trabajadores: el 70% considera el acceso a la seguridad social como el problema más urgente.

Otros problemas detectados son la falta de lugares apropiados para descansar y de servicios sanitarios.

El juzgado de garantía de Pozo Almonte decretó prisión preventiva a un mujer sospechosa de tráfico de migrantes, mientras que a un segundo imputado lo formalizó por el delito de secuestro y dispuso su arresto domiciliario total y arraigo nacional. Ambos son ciudadanos venezolanos.

Los hechos ocurrieron luego de que una mujer denunciara el secuestro de su hijo de 17 años, quien habría ingresado a Chile por un paso irregular y estaría retenido en una casa de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá.

Carabineros llegaron al lugar y encontraron a 32 ciudadanos venezolanos (23 adultos y 9 menores), quienes habrían pagado por ingresar de modo ilegal al país, y que se encontraban retenidos en contra de su voluntad en un hogar de calle Las Guancas.

A las víctimas se les pedía cerca de 80 mil pesos a cambio de su liberación.

Dos personas fueron detenidas por el hecho: una mujer de 32 años quien sería la encargada de ingresarlos ilegalmente a Chile por Bolivia a cambio de dinero, con la promesa de ser trasladados a Santiago; mientras que el segundo era un hombre encargado de la alimentación de los extranjeros, acusado del secuestro y retención de las víctimas en esa casa.

Los extranjeros fueron trasladados a una residencia sanitaria para iniciar una cuarentena preventiva. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, garantizó la protección del Estado de los menores involucrados durante el proceso.