Leo Riquelme

A los 90 años de edad murió Fernando Karadima, expárroco de El Bosque que fue expulsado del sacerdocio tras una investigación clerical que confirmó que abusó de jóvenes feligreses al menos entre los años '70 y '80. Tres de ellos sostuvieron ayer que se encuentran "en paz", pero agregaron que aún muchas víctima de los delitos cometidos por sacerdotes no tienen justicia en el país.

"Todo lo que teníamos que decir de Karadima está dicho. Él era un eslabón más en esta cultura de perversión y encubrimiento en la iglesia", dijeron a través de un comunicado James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo.

"Nosotros estamos en paz y solo nos mueve seguir luchando para que estos crímenes no vuelvan a pasar y por tantas personas que lo han vivido y aún no tienen justicia", agregaron.

Según CNN Chile, Karadima falleció afectado por una bronconeumonia, insuficiencia renal, diabetes e hipertensión arterial. Aunque su deceso ocurrió a las 21.20 horas del domingo, sólo se confirmó en la mañana de ayer.

Sus delitos no fueron juzgados por la justicia penal debido a que sus ataques sexuales se encontraban prescritos. Sus denunciantes siempre han acusado que sus crímenes fueron encubiertos por la jerarquía de la iglesia católica chilena, que promovió a varios de sus seguidores a la cúpula del clero nacional.

"Espero que nadie tenga que sufrir abuso ni la colusión de poderes que bloquean la voz de las víctimas", tuiteó ayer Murillo.

"penitencia"

En 2011 el Vaticano sentenció por abuso sexual y de conciencia al pederasta, le ordenó guardar una "vida de retiro en oración y penitencia", le prohibió el ejercicio público de cualquier acto religioso a perpetuidad y solo en 2018 lo expulsó del sacerdocio.

Una de sus víctimas, el exsacerdote Eugenio de la Fuente, recordó en radio Cooperativa que este nunca se mostró arrepentido.

"El caso ayudó a que explotara, a descubrir que no era un asunto solo de Karadima, que es una cosa muy extendida en Chile, en el mundo", dijo, reconociendo que pese a los avances, "muchas veces, cuando se centra en instancias superiores (...) se mantiene la cultura del encubrimiento, que es muy profunda y se choca con dificultades jurídica y de indiferencia", dijo.

En un comunicado, el arzobispado de Santiago afirmó que acompaña "de cerca a las víctimas" y le pide a Dios "que pueda sanar el dolor causado a todos quienes han sufrido".

El Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar debió reagendar para diciembre el juicio oral contra Manuel García Queirolo, imputado por los delitos de abuso sexual y producción de material pornográfico cometidos contra la adolescente de 16 años Ámbar Cornejo, asesinada por su madre Denisse Llanos en complicidad con su pareja, Hugo Bustamante. El crimen que causó conmoción nacional y dejó de manifiesto la sistemática vulneración de derechos que experimentó en su corta existencia la adolescente de Peñablanca.

El juicio conocido como "Ámbar 2" debía comenzar este lunes 26 de julio; sin embargo, debió fijarse nueva fecha -9 de diciembre a las 09.00 horas- debido a que el módulo penitenciario donde cumple prisión preventiva García Queirolo se encuentra en cuarentena a causa de un brote de COVID-19, medida vigente desde el pasado el 24 de julio y que se extenderá hasta el 2 de agosto.

Según la acusación del Ministerio Público, los delitos que se le imputan a García Queirolo, padre de la cuidadora de la adolescente y expareja de Denisse Llanos, ocurrieron entre el año 2016 y julio de 2020, tanto en el domicilio que la víctima y su agresor compartían, como en el lugar de trabajo del hombre, hechos por los cuales la Fiscalía pide condenas que suman 16 años de presidio.

La Federación de Medios de Comunicación expresó ayer su "profunda preocupación" por los actos de amedrentamiento público que han sufrido periodistas que han informado los hechos sobre los cuales están siendo juzgados algunos detenidos por hechos relacionados con el estallido social de 2019.

"Tratándose de hechos de interés público (...), los medios de comunicación no pueden eludir su rol de informar con apego a los hechos ni renunciar a su función de interpretar e incluso entregar opiniones respecto de éstos", dijo el gremio que aglutina a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

La federación agregó que el ataque físico y verbal, la intimidación y cualquier otro acto de coacción atentan directamente contra la democracia, en tanto que las "funas" son "un ejercicio abusivo de la libertad de expresión". "Reconocemos el legítimo derecho a la crítica, pero rechazamos las acciones de linchamiento a través de redes sociales que tratan de manera indigna y vejatoria a personas que ejercen una labor pública esencial", agregó.