Priscilla Barrera Llanos

"Hechos no palabras" es sin duda alguna la frase que mejor describe las decididas acciones que Macarena Ripamonti ha implementado a poco más de un mes de asumir como alcaldesa de Viña del Mar.

Y la conclusión a la que llegaron la jefa comunal y su equipo en torno a la severa crisis financiera que enfrentan tanto el municipio como la Corporación Municipal - y que advirtió, conocían antes de asumir - fue una verdadera "bomba informativa".

Fiel a su estilo y preocupada de mantener el contacto con la comunidad, fue a través de sus redes sociales - un vivo en Instagram a las 21.40 horas del miércoles recién pasado - que la alcaldesa habló de denuncias graves las que, según dijo, ya fueron presentadas al Ministerio Público.

Crimen organizado

La autoridad precisó que, desde la llegada de su administración, a las pocas semanas funcionarios se atrevieron a efectuar denuncias sobre hechos que calificó de "muy graves".

"Y cuando digo graves, no me refiero a cualquier cosa (...) Ya llegó la hora de hablar de que en Chile existe corrupción (...) Cuando estoy hablando de denuncias graves estoy hablando de crimen organizado, de personas, dos o más que se organizan y tienen una permanencia en el tiempo. Eso es lo que nos encontramos, con una estructura completa, principalmente al interior de la corporación para hacer defraudación de los dineros públicos", detalló la edil.

Por eso hoy presentará un equipo de expertos que brindará un apoyo técnico especializado que apunta a encontrar pruebas y perseguir penalmente estos hechos.

Durante la sesión del Concejo Municipal de ayer, la alcaldesa recibió los apoyos públicos de algunos ediles. Tal fue el caso del concejal Alejandro Aguilera, quien planteó que en la medida de lo legalmente posible, poder hacerse parte como cuerpo colegiado en estas denuncias.

Asociación ilícita

Javier Gómez, abogado de la Fundación Viña Transparente manifestó compartir, en general, la figura planteada por Ripamonti.

"Jurídicamente eso tiene un nombre: asociación ilícita. Nosotros hemos planteado anteriormente, a través de las querellas que hemos presentado por más de 10 años, que efectivamente hay una organización que asegura la impunidad y que obviamente incide en materia judicial. Para que ocurra la asociación ilícita tiene que haber requisitos, como la permanencia en el tiempo, que se da; la jerarquía, que se da; y obviamente que se asocien con un fin criminal. Cuando se defrauda sistemáticamente, como por ejemplo, las horas extras o cuando se cometen múltiples delitos como la falsificación del certificado de cuarto medio, creemos que se da una figura", planteó el abogado.

Gómez añadió que "la alcaldesa Ripamonti jamás ha presentado una querella por estos hechos, entonces es importante advertir que esta materia tan sensible, como es la corrupción, no puede ser manipulada o utilizada solamente con fines políticos. Creemos que es tiempo que la alcaldesa Ripamonti se haga parte de las querellas que se están investigando por Viña Transparente hace mucho tiempo, creemos que tienen que hacerse parte en las querellas del concejal Mendoza, también en la falsificación de presupuestos, en el caso horas extras porque es importante que la alcaldía que hizo campaña con la corrupción, que prometió un cambio, dé testimonios"

Andrés Silva, abogado que patrocinó la denuncia por notable abandono de deberes que presentaron en contra de la alcaldesa Reginato, los ediles Sandro Puebla, Víctor Andaur, Laura Giannici y Marcela Varas, planteó que "todas y cada una de las irregularidades que se han ido acreditando en relación a la administración de la exalcaldesa Reginato, no son casuales, ni aisladas, ni un mero descuido de parte de ella y de su equipo. Acá en la municipalidad había un concierto de personas que ejecutaban estas acciones con un claro propósito, cuál era, mantenerse en el poder indefinidamente a cualquier precio a costa de recursos municipales y en ese actuar claramente había una organización, una estructura de poder, con liderazgos bien claros y ahora lo que corresponde es que la justicia determine si en ese actuar cometieron ilícitos o no, ya está acreditado que si cometieron gravísimas faltas administrativas que perjudicaron el patrimonio municipal y que terminan con la inhabilidad de la ex alcaldesa por 5 años para ejercer cargos públicos, ahora falta la determinación de las responsabilidades penales de esta estructura de poder y organización que se instaló en Viña por años".