Redacción - La Estrella de Valparaíso

Una resolución que instruye a la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar reabrir un proceso de invalidación del permiso de obras otorgado en enero de 2019 para la construcción de un edificio de nueve pisos en el sector de las dunas de Cochoa, firmó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

Si bien la construcción de la empresa Makroceano S.A. está paralizada por no contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la decisión de la jefa comunal de revisar el permiso se materializa tras acoger parcialmente el reclamo de ilegalidad interpuesto por la organización "Duna Viva" y al existir dictámenes judiciales respecto al tema.

"No existe ningún organismo público del Estado que esté sobre la Ley y lo que se hizo aquí, es que la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar entregó un permiso de obras de manera ilegal y arbitraria, hecho que no decimos nosotros, sino que la Ilustrísima Corte de Apelaciones y luego confirmado por la Corte Suprema en fallo unánime", argumentó la alcaldesa.

La jefa comunal precisó que como municipio "lo que nos corresponde hacer respecto de un permiso que fue otorgado para construir en la proximidad de una duna, espacio estratégico para el desarrollo ecológico y la biodiversidad de una comuna completa, es hacerse cargo de una irresponsabilidad".

"Es por ello que como administración no nos vamos a prestar para valorar actos arbitrarios e ilegales, y menos para continuar la destrucción de espacios estratégicos para el desarrollo de la vida de las personas", afirmó Ripamonti.

La municipalidad de Valparaíso, encabezada por el alcalde Jorge Sharp, la administradora municipal, Cecilia Ugalde, y los directores de Secpla y Operaciones, Daniel Ramírez y Ubaldo González, respectivamente, se reunieron con miembros del Concejo para abordar la situación del relleno sanitario El Molle, cuyo funcionamiento se encuentra a cargo de la empresa Veolia Environnement S.A. y brinda servicio de recolección de residuos domiciliarios a 12 comunas de la región de Valparaíso, incluyendo la ciudad Puerto.

El motivo del encuentro se enmarca en que el próximo 4 de octubre finaliza el contrato con la empresa Veolia. En ese contexto, el municipio y la empresa hoy se encuentran en conversaciones para definir cómo se va a gestionar el relleno sanitario. Es por eso que el alcalde Sharp expuso ante las concejalas y concejales presentes la propuesta que surgió desde el municipio porteño en caso de extender el contrato a la empresa.

Dentro de lo que se analiza, en primera instancia, si Veolia continuara a cargo de El Molle, deberán subir sus estándares ambientales. Además, el servicio de recolección de residuos no debiese tener cobro para la comuna de Valparaíso, donde se ubica el recinto.

También se propuso a la empresa lograr un acuerdo económico que aumente el pago anual vigente en la actualidad. Y que paguen por los otros servicios de energía que funcionan y producen dentro del relleno sanitario.

Al respecto, el alcalde Jorge Sharp, afirmó que "tuvimos una muy buena reunión de trabajo con los concejales, donde los pusimos al tanto de todas las conversaciones que hemos tenido a propósito del futuro del relleno sanitario El Molle. Recibimos los aportes y opiniones de cada uno de ellos. Y esperamos en los próximos días anunciar a la ciudad una muy buena noticia que seguramente va a proteger -no solamente la naturaleza y el patrimonio ambiental de Valparaíso- sino que también va a suponer un buen acuerdo económico para la ciudad".

En tanto, la concejala Zuliana Araya señaló que "estas reuniones son buenas porque se supieron muchas cosas que los concejales y concejalas no sabíamos. Al menos yo sabía qué pasaba ahí, pero cuando lo hice ver a la administración anterior no me tomaron en cuenta porque se sabía que había otras cosas de por medio. Entonces, es necesario que la administración que está hoy día pueda fiscalizar y ver qué pasa con esta empresa".

La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó esta tarde, en Sala, el proyecto que apuntaba a rebajar en un 50% el impuesto específico a los combustibles.

La moción buscaba que el gravamen que afecta a las gasolinas automotrices y al petróleo diésel se rebajara la mitad, en caso y durante la vigencia de un estado de excepción constitucional.

Sin embargo, no logró alcanzar los sufragios necesarios y solamente contó con 64 votos a favor, 61 en contra y 20 abstenciones.

Entre los principales argumentos en contra, destacaron que la rebaja de dicho impuesto significaría una disminución importante para los ingresos fiscales y que beneficiaría principalmente a personas de mayores ingresos.