Diego Gotelli C.

"Los 'papito corazón' deberán cumplir o la vida se les hará imposible". Con esa advertencia el ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó la aprobación de la norma que instaura restricciones a quienes no pagan las cuotas alimenticias para sus hijos.

Por unanimidad la Cámara de Diputados visó los ajustes hechos a la ley impulsada en marzo por La Moneda, quedando lista para ser promulgada y crear el primer registro nacional de deudores de pensión de alimentos. Cuando exista, al listado ingresarán los alimentantes que no hayan pagado tres mensualidades consecutivas o cinco discontínuas, dejándolos afectos a restricciones económicas y sociales.

Entre sus limitantes destacan que el deudor no podrá recibir ciertos beneficios o bonos del Estado; tendrá una evaluación negativa si postula para adoptar un niño; y no se le otorgarán licencias de conducir ni pasaportes, salvo que un tribunal lo autorice.

"Si puede viajar, puede pagar las pensiones de sus hijos", señaló la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.

También para ir pagando la mora se les harán retenciones si pide un crédito sobre las 50 UF; si es trabajador a honorario y/o recibe pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia; y cuando reciba la devolución de impuestos. Además se hará descuento de sueldo si se quiere trabajar en Administración del Estado, Poder Judicial y Congreso, y si se es gerente general o director de sociedades anónimas abiertas que transen en bolsa.

Asimismo, si intenta vender un inmueble o auto deberá acreditar ante el Conservador o el Registro Civil que con las ganancias se pagarán los alimentos; y si es despedido de su trabajo pagará la pensión a través de la indemnización por años de servicio.

"Esta ley avanza en la línea de hacer cumplir la responsabilidad parental y poner fin a la cultura del incumplimiento", recalcó la ministra Zalaquett. Según cifras del Poder Judicial, solo un 16% de los alimentantes cumplen con sus obligaciones a tiempo.

Al cumplir su tercer mes de funcionamiento, la Convención Constitucional inició ayer la deliberación de su cuarto y último reglamento, el de Participación Popular.

Con 456 indicaciones por zanjar, las votaciones comenzaron temprano en el ex Congreso logrando resolver un tercio de las enmiendas, relativas a principios y conformación de comisión ad hoc.

Con el ritmo de avance se espera que entre hoy y mañana se aborden los plebiscitos dirimentes, espacio de participación incluído en el reglamento general que, por ahora, sin revisar sus reparos, pretende someter a una consulta nacional las normas que no consigan el respaldo de 2/3 del pleno para su aprobación, pero que sí tengan 3/5 de apoyo.

"Es para evitar acuerdos", criticó la UDI Marcela Cubillos. "Es un mecanismo de democracia directa", defendió el PS Tomás Laibé.

Otro nudo en pugna es la inclusión de propuestas populares, pues en comisión se acordó que particulares puedan presentar sugerencias de contenido con al menos 7 mil firmas para ser analizados en la instancia, pero un grupo de convencionales planteó que con 3,7 millones de firmas la propuesta pase directo a la Carta Magna, sin debate.

A bordo de un vuelo de la estatal Conviasa, unos 200 venezolanos abandonaron Chile para retornar a su país como parte del programa "Vuelta a la Patria", que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro.

"Venezuela le da la bienvenida con los brazos abiertos a sus hijos e hijas", tuiteó el canciller Felix Plasencia, quien divulgó fotos del embarque en el aeropuerto de Santiago.

El viceministro para América Latina, Rander Peña, señaló que el retorno se da "luego de los terribles sucesos" ocurridos en Iquique el 25 de septiembre, cuando una marcha contra la migración ilegal culminó con una turba quemando carpas y enseres de extranjeros varados a la espera de regularizar su situación.

"(Fue) un trato cruel, inhumano, discriminatorio", criticó Peña.

El representante de Maduro añadió que quienes volvieron tomaron "la mejor decisión" e invitó a que los imiten quienes se quedaron "sin importar tu condición política".

Ayer, en tanto, los ministros de Interior y Desarrollo Social, Rodrigo Delgado y Karla Rubilar, supervisaron el refuerzo de seguridad fronteriza y la apertura de albergues transitorios para extranjeros anunciados para descomprimir la tensión migratoria en la macrozona norte.

"Va a permitir que los vecinos puedan vivir su vida más tranquila", afirmó Rubilar.