Francisca Palma Schiller - La Estrella de Valparaíso

Dos años tuvieron que pasar para despejar de toda duda lo que sucedió el 19 de octubre del año 2019 en la casa consistorial de Quilpué, cuando un voraz incendio quemó por completo la Municipalidad de la Ciudad del Sol en el marco del estallido social.

Es que en la ocasión, cuatro fueron los acusados, entre ellos una menor de edad, por el delito de incendio en grado de consumado, decisión que generó que dos de ellos quedaran en prisión preventiva, hasta la fecha.

De esta manera, tras el juicio del caso, que comenzó el pasado 20 de octubre de este año, el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar absolvió el día de ayer a los cuatro acusados por su presunta responsabilidad en los hechos, ya que en la oportunidad la Fiscalía logró acreditar que el siniestro fue generado de manera intencionada, sin embargo, no logró confirmar la participación de los acusados.

Así, la decisión fue rápidamente compartida y analizada desde la propia Municipalidad, a través de su jefa comunal, la alcaldesa Valeria Melipillán.

"Tras el veredicto no se puede soslayar que los argumentos otorgados por la justicia fueron contundentes, describiendo diversas contradicciones en la teoría del caso y las pruebas aportadas por la Fiscalía. No podemos dejar de considerar un error de la administración anterior haber seguido desde el primer minuto a la teoría del caso y las pruebas ofrecidas por la fiscalía, pudiendo haber hecho mucho más desde su posición en el juicio", indicó la alcaldesa.

Reflexionando además que, "lo más doloroso del veredicto absolutorio - al menos en primera instancia - es que seguimos sin tener certeza cierta de quiénes fueron los responsables del incendio que afectó a nuestra Municipalidad y que ninguna indemnización que otorgue el Estado podrá devolver dos años de sufrimiento que marcarán para siempre la historia de dos familias y las personas acusadas injustamente".

Abogado

Tras la determinación, quien también tuvo palabras críticas fue el abogado Luis Sanhueza, quien representó a uno de los acusados que tuvo prisión preventiva, Luis Corvalán, quien padece sordera y necesitó de intérprete de señas para poder participar de las audiencias.

"La policía no tenía ninguna prueba, mintió mucho. Por otro lado, la Fiscal no dirigió la investigación en forma adecuada. En el juicio se recuperaron cámaras donde se pudo observar las contradicciones de las policías y la falta de acuciosidad en la dirección de la investigación. De esta manera, con estas pruebas, no pudieron probar que fueron estas personas y quedan finalmente absueltas", precisa el abogado.

Apuntando además, al sentir de su representado.

"Él (Corvalán) pasó dos años preso, perdió dos años de su vida, por lo que es probable que próximamente se demande a la Fiscalía, quien tiene la responsabilidad legal, la que lleva la dirección de la investigación, la que sostiene el caso y la que pidió la prisión preventiva. La Fiscalía debe responder civilmente por los perjuicios que causó, Luis tiene impotencia, fueron dos años que lo privaron de trabajar, de estar con su familia. Es muy grave lo que hicieron", explicó.